El 29 de junio, el Tribunal Supremo dictaminó en una votación 5 a 4 que Texas violó una ley federal contra la discriminación que protege a los veteranos. La violación se produjo cuando Texas se negó a volver a contratar a un antiguo policía estatal que resultó herido en la guerra de Irak mientras prestaba servicio como reservista del Ejército de EE.UU.
La administración Biden instó previamente a la corte a rechazar el caso, pero cambió de bando durante los argumentos orales el 29 de marzo, diciendo que la Corte de Apelaciones de Texas se equivocó cuando anuló la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados (USERRA) por considerarla inconstitucional.
El tribunal inferior sostuvo que el Congreso carece de autoridad bajo sus poderes de guerra para autorizar a los veteranos a demandar a estados como Texas, que no han consentido ser demandados.
La ley, aprobada en 1994, obliga a los empleadores estatales y privados a reponer en su puesto a los antiguos empleados que regresan del servicio militar. Un empleado recién discapacitado debe recibir un puesto de «categoría y sueldo similares».
La idea que subyace es que dejar a los antiguos miembros del servicio sin un recurso legal por discriminación en el empleo podría interferir con la capacidad del gobierno federal para proporcionar una fuerte defensa nacional, haciendo que los soldados sean reacios a servir sabiendo que su trabajo puede no estar esperándoles cuando regresen.
El peticionario Le Roy Torres demandó a su exempleador en la corte estatal de Texas en 2017, en busca de más de USD 5 millones.
Torres sirvió 18 años en la Reserva del Ejército de EE.UU. mientras trabajaba como policía estatal para el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Después de ser desplegado en Irak en 2007, sus pulmones resultaron dañados por los humos tóxicos de las ahora famosas «fosas de quema» al aire libre que se utilizaban en las bases militares para quemar de todo, desde basura hasta municiones, pasando por medicamentos y desechos humanos.
Fue diagnosticado con bronquiolitis constrictiva, según su petición (pdf) a la Corte Suprema.
Torres fue dado de baja con honores un año después del despliegue y le pidió al departamento un trabajo en un puesto diferente porque sus lesiones le impedían realizar todas sus tareas anteriores como policía estatal.
El departamento le ofreció un puesto temporal en sus labores anteriores y dijo que sería despedido si no se presentaba a trabajar.
En cambio, Torres renunció y fundó Burn Pits 360 con su esposa, Rosie. Ambos buscan defender a los miembros del servicio que sufrieron lesiones como resultado de pozos de combustión tóxicos mientras servían a su país.
El juez Stephen Breyer escribió la opinión de la mayoría (pdf) en el caso Torres vs el Departamento de Seguridad Pública de Texas (expediente judicial 20-603), revocando “la sentencia de la Corte de Apelaciones de Texas y devolviendo el caso para procedimientos adicionales que no sean incompatibles con esta opinión”.
A la opinión de Breyer se unieron el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, junto con los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Brett Kavanaugh. Kagan también presentó una opinión concurrente por separado.
El juez Clarence Thomas presentó una opinión disidente, a la que se unieron los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.
Breyer escribió que la Constitución le otorga al Congreso la autoridad “para formar y apoyar ejércitos” y “para proporcionar y mantener una armada”.
Basándose en esa autoridad, el Congreso promulgó la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados.
Texas afirmó que la ley no se aplicaba a él porque, como estado soberano, nunca consintió ser demandado.
«Este caso plantea si los estados pueden invocar la inmunidad soberana como defensa legal para bloquear dichas demandas. En nuestra opinión, no pueden», escribió Breyer.
“Al ingresar a la unión, los estados acordaron implícitamente que su soberanía cedería a la política federal para construir y mantener un ejército nacional.
“Por lo tanto, los estados renunciaron a su inmunidad frente a las demandas autorizadas por el Congreso de conformidad con el ‘plan de la convención’, como parte de ‘la estructura de la propia Constitución original’”, escribió el juez citando la opinión de la corte de 2021 en PennEast Pipeline Co. vs New Jersey.
Breyer se refería a la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia que redactó la Constitución de EE.UU. y que reemplazó los problemáticos Artículos de la Confederación que regían la república en sus primeros días y que los redactores pensaron que proporcionaba una estructura demasiado descentralizada para el gobierno.
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