La Corte Suprema de EE. UU. considerará tres casos que los defensores de los derechos a portar armas consideran fundamentales, incluido uno que, según ellos, equipararía la Segunda Enmienda al resto de la Carta de Derechos.
El 6 de enero, la corte fijó los casos para una conferencia el 10 de enero.
Los casos son Snope contra Brown y Ocean State Tactical contra Rhode Island, que impugnan, respectivamente, la prohibición de Maryland de ciertos rifles semiautomáticos, o las llamadas «armas de asalto», y la prohibición de Rhode Island de cargadores de munición con más de 10 cartuchos.
En el tercer caso, Gray contra Jennings, los demandantes quieren que la Corte Suprema anule una decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito que se niega a bloquear la prohibición de Delaware de las denominadas armas de asalto mientras la prohibición se discute en los tribunales.
La Firearms Policy Coalition (FPC), una de las partes en los casos, calificó las acciones de significativas para el debate sobre las armas.
«Snope tiene el potencial de servir de base para anular prohibiciones de armas constitucionalmente protegidas en todo el país, mientras que Gray trata de evitar que los tribunales den un trato desigual a los derechos protegidos por la Segunda Enmienda», escribió el presidente de la FPC, Brandon Combs, en un correo electrónico a The Epoch Times.
«Todos los casos podrían cambiar el panorama jurídico para las generaciones venideras».
Durante la conferencia, los jueces decidirán si programan un tiempo para escuchar cada caso.
Gray contra Jennings es la combinación de tres casos presentados por primera vez ante la Corte de Distrito de EE. UU. en Delaware el 16 de noviembre de 2022, desafiando la prohibición recientemente implementada en el estado sobre las llamadas armas de asalto.
Los demandantes en el caso pidieron a la corte que bloqueara la aplicación de la nueva ley.
La corte dictaminó que los demandantes —DJJAMS, LLC, la Firearms Policy Coalition, la Second Amendment Foundation, William Taylor y Gabriel Gray— no habían demostrado que sufrirían daños irreparables sin la medida cautelar.
Los demandantes apelaron ante la Corte de Apelación del Tercer Circuito, que confirmó la decisión basándose en su conclusión de que la prohibición no abarca todas las armas de fuego.
Según el Tercer Circuito, la prohibición no infringe la Segunda Enmienda.
«[La Corte de Distrito] se negó a presumir que todos los daños de la Segunda Enmienda son irreparables. Más bien, dado que las leyes de Delaware ‘regulan solo un subconjunto de armas semiautomáticas’, los demandantes ‘disponen de amplias alternativas efectivas'», afirma la decisión del Tercer Circuito.
En su petición a la Corte Suprema, los demandantes replican que el perjuicio irreparable no se limita a daños económicos o físicos.
Sostienen que el alto tribunal ha sostenido que los derechos constitucionales son a menudo intangibles.
Por ejemplo, la corte ha sostenido que «la pérdida de las libertades de la Primera Enmienda incluso durante períodos mínimos de tiempo constituye incuestionablemente un daño irreparable».
Esa lógica debería aplicarse a toda la Carta de Derechos, afirma la petición de los demandantes.
«Y al tratar las violaciones de la Primera Enmienda como intrínsecamente irreparables, pero no las violaciones de la Segunda, la decisión [de la corte de apelación] degrada el derecho a poseer y portar armas a ‘un derecho de segunda clase sujeto a un cuerpo de reglas completamente diferente al de las otras garantías de la Declaración de Derechos'», afirma la petición.
Según los defensores de la Segunda Enmienda, una decisión en este caso abordaría lo que se ha dado en llamar «leyes de reacción Bruen».
La decisión de la Corte Suprema de junio de 2020 en el caso Bruen contra la Asociación Estatal del Rifle y la Pistola de Nueva York cambió la prueba para determinar si una ley de armas cumple con la Segunda Enmienda.
Según la norma Bruen, las nuevas leyes de armas deben cumplir con el texto de la Segunda Enmienda y los legisladores deben poder demostrar que una ley similar estaba en vigor en el momento de la ratificación de la enmienda en 1791.
En respuesta, varios estados aprobaron nuevas leyes de control de armas, muchas de las cuales desafiaban a Bruen.
Los defensores de la Segunda Enmienda afirman que una sentencia favorable en el caso Gray establecería firmemente el derecho a poseer y portar armas como un derecho fundamental.
«Las corte inferiores han tratado el derecho a poseer y portar armas como un derecho de segunda clase a pesar de que la Corte Suprema lo ha declarado repetidamente al mismo nivel que los demás derechos fundamentales», escribió Mark Smith, abogado constitucionalista, en un correo electrónico a The Epoch Times.
«La Corte Suprema debería escuchar a Gray para garantizar que sus sentencias son respetadas y aplicadas por los tribunales inferiores».
Los demandantes también esperan que la Corte Suprema revoque las prohibiciones instituidas en varios estados sobre las llamadas armas de asalto.
«Snope proporciona a la Corte Suprema un vehículo excelente para corregir la aplicación errónea generalizada del precedente de la corte en relación con estas armas de fuego y la propia Segunda Enmienda», dijo Adam Kraut, director ejecutivo de The Second Amendment Foundation.
Once estados —Illinois, California, Connecticut, Washington, Nueva York, Maryland, Colorado, Delaware, Hawái, Massachusetts y Nueva Jersey— y el Distrito de Columbia prohíben los rifles semiautomáticos que consideran «armas de asalto».
La mayoría de las prohibiciones se centran en características que, según algunos legisladores, hacen que las armas sean «peligrosas e inusuales».
Entre ellas están los cargadores desmontables, los supresores de fogonazos, los protectores de cañón y las empuñaduras de pistola.
Los defensores de la prohibición afirman que estas características hacen que los rifles sean más adecuados para el servicio militar, lo que los excluye de la protección de la Segunda Enmienda.
El fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, elogió la decisión del Cuarto Circuito en una declaración del 6 de agosto y prometió seguir defendiendo las prohibiciones.
«El acceso a armas de guerra que no tienen cabida en nuestras comunidades causa muertes sin sentido y evitables».
«Seguiremos defendiendo enérgicamente las leyes de seguridad de armas de sentido común que protegen a los residentes de Maryland», dice el comunicado.
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