La Corte Suprema del Estado de Arizona se negó a bloquear la Proposición 208, que autoriza un nuevo impuesto sobre la renta para las personas con altos ingresos que fue aprobado por los votantes el año pasado, y que proporcionaría financiación directa a las escuelas, pero al mismo tiempo, la corte consideró que el mecanismo para distribuir los ingresos adicionales a las escuelas viola la constitución del estado.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, un republicano que se oponía al aumento de impuestos que se esperaba generara más de 800 millones de dólares al año para las escuelas K-12, se mostró exultante tras el fallo.
«La Corte Suprema lo ha dicho clara y llanamente: la Proposición 208 es, en sus palabras, ‘inconstitucional'», dijo Ducey en un comunicado.
«Como dijo un juez: El marco ‘casi ciertamente condena la medida’. Hay un claro camino legal para que la Proposición 208 sea derribada por completo, es solo cuestión de tiempo. El fallo de hoy es muy positivo para el estado y para los contribuyentes. Los proponentes de esta medida procedentes de fuera del estado redactaron un mal borrador, y ahora están pagando el precio».
Los peticionarios habían demandado, argumentando que la iniciativa en la boleta electoral aprobada por los votantes violaba la Constitución de Arizona porque autorizaba un impuesto. Dijeron que la constitución establecía que un impuesto solo podía ser aprobado por dos tercios de los votos de la legislatura estatal.
Argumentaron que los votantes no podían promulgar leyes que la constitución estatal impide que la legislatura promulgue, y que la proposición restringe inconstitucionalmente la autoridad de la legislatura para apropiarse de fondos generales.
El 10 de febrero de 2021, el juez John Hannah Jr. del Tribunal Superior del Condado de Maricopa denegó la solicitud de una orden judicial. El 15 de junio, rechazó los argumentos en contra de la medida en la boleta, excepto la cuestión de si la financiación violaba las normas de gasto del estado.
El magistrado presidente Robert Brutinel escribió la opinión del tribunal el 19 de agosto en el caso Fann contra el Estado de Arizona, en el que cinco de los magistrados coincidieron. Una magistrada, Ann Timmer, coincidió en parte y disintió en parte. La demandante principal, Karen Fann, republicana, es la presidenta del Senado de Arizona.
Los votantes de Arizona aprobaron por escaso margen la Proposición 208 el 3 de noviembre de 2020, con un 51.75 por ciento de los votos frente a un 48.25 por ciento, o 1,675,810 votos versus 1,562,639, según Ballotpedia.
Algunos grupos del sector de la educación pública apoyaron la medida después de que una huelga de maestros de 2018 hiciera que los maestros recibieran un aumento salarial del 20 por ciento, pero no consiguieran otros aumentos que querían para la financiación de las escuelas.
La iniciativa de la boleta promulgó un impuesto sobre la renta del 3.5 por ciento por encima de la tasa del impuesto sobre la renta existente del 4.5 por ciento en el caso de ingresos superiores a 250,000 dólares (para los declarantes solteros) o 500,000 dólares (para los declarantes conjuntos), y destinó los nuevos ingresos a financiar los salarios de los maestros y del personal de apoyo en el aula, los programas de tutoría y retención de maestros, los programas de educación profesional y técnica, y la Academia de Maestros de Arizona (ATA).
La ATA no es una escuela propiamente dicha; es un fondo de becas que cubre la matrícula y las cuotas obligatorias de los programas de certificación de maestros participantes. Los beneficiarios de las becas deben comprometerse a enseñar en una escuela pública de Arizona durante un año por cada año de fondos de becas que reciban.
Los peticionarios demandaron para impugnar la constitucionalidad del impuesto creado por la Proposición 208, así como la caracterización de la iniciativa de la financiación directa como «subvenciones», exentas de la Cláusula de Gastos en Educación de la Constitución de Arizona. Los peticionarios también pidieron al tribunal que impidiera la recaudación de ese impuesto en espera de la resolución de su desafío legal, que continúa en un tribunal inferior, según la opinión del tribunal.
«Sostenemos que la disposición de financiación directa no entra en la definición constitucional de subvenciones del artículo 9, sección 21, de la Constitución de Arizona, y la Proposición 208 es, por tanto, inconstitucional en la medida en que obliga a gastar los ingresos fiscales violando la Cláusula de Gastos en Educación», escribió Brutinel para el tribunal. El tribunal también sostuvo que las restantes disposiciones no relacionadas con los ingresos de la Proposición 208 «no son viables por separado y, por lo tanto, no son separables».
Pero «debido a que no podemos determinar en esta etapa preliminar del caso hasta qué punto, si es que hay alguno, esa financiación excederá la limitación constitucional de gastos, declinamos prohibir la imposición del impuesto, en espera de nuevos procedimientos en el tribunal de primera instancia».
Además, el tribunal consideró que la Proposición 208 no violaba el artículo 9, sección 22 de la Constitución de Arizona, conocida como la Cláusula de Promulgación de Impuestos, «porque esa cláusula no se aplica a las iniciativas de los votantes. Por lo tanto, los requisitos de bicameralidad, presentación y supermayoría que se encuentran en ella son inaplicables a la Proposición 208».
Timmer escribió en su opinión disidente que el marco analítico que el tribunal utilizó para examinar el límite de gasto condena «casi con toda seguridad» la proposición.
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