La Corte Suprema de Carolina del Sur ha anulado la prohibición estatal de los abortos una vez detectado el latido del corazón del feto —normalmente en torno a las seis semanas de gestación— por considerar que la ley viola el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución de Carolina del Sur.
La decisión de 3-2, dictada el 5 de enero, se produce casi dos años después de que el gobernador republicano Henry McMaster promulgara la Ley de Protección contra el Aborto y el Latido Fetal.
«Sostenemos que la decisión de interrumpir un embarazo se basa en las consideraciones más personales y privadas imaginables, e implica el derecho de la mujer a la privacidad», escribió la jueza Kaye Hearn al redactar la opinión mayoritaria (pdf).
«Aunque este derecho no es absoluto y debe sopesarse con el interés del Estado en proteger la vida de los no nacidos, esta ley, que limita severamente —y en muchos casos prohíbe completamente— el aborto, es una restricción irrazonable del derecho a la intimidad de la mujer y, por tanto, inconstitucional».
El artículo 1, sección 10, de la Constitución de Carolina del Sur establece: «No se violará el derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, casas, documentos y bienes contra registros e incautaciones irrazonables y contra invasiones irrazonables de la intimidad, y no se emitirá ninguna orden de registro si no es por causa probable, respaldada por juramento o afirmación, y describiendo en particular el lugar que se va a registrar, la persona o cosa que se va a incautar y la información que se va a obtener».
En su defensa de la prohibición, los abogados de la legislatura estatal argumentaron que el derecho a la privacidad debe interpretarse estrictamente como una protección contra registros e incautaciones. Sin embargo, los abogados de Planned Parenthood, los demandantes en el caso, rebatieron que el derecho a la privacidad también abarca la autonomía corporal y la decisión de abortar.
Aunque admitió que el Estado tiene autoridad para limitar el derecho a la privacidad, el tribunal sostuvo el jueves que esas limitaciones deben ser razonables y dar tiempo suficiente para que una mujer no solo determine que está embarazada, sino también «tome medidas razonables para interrumpir ese embarazo».
«Seis semanas no es, sencillamente, un periodo de tiempo razonable para que ocurran estas dos cosas y, por lo tanto, la ley viola la prohibición de nuestra Constitución estatal contra las invasiones irrazonables de la privacidad», escribió Hearne.
En respuesta a la sentencia del jueves, el presidente del Partido Demócrata de Carolina del Sur, Trav Robertson, elogió la decisión del tribunal como «una voz de la razón y la cordura para moderar las acciones legislativas de los republicanos para despojar de derechos a las mujeres y los médicos».
Republicanos como McMaster, sin embargo, tacharon la decisión de acto de extralimitación judicial.
«La Corte Suprema de nuestro Estado ha encontrado un derecho en nuestra Constitución que nunca fue pretendido por el pueblo de Carolina del Sur», escribió el gobernador en Twitter. «Con esta opinión, la corte ha excedido claramente su autoridad. El pueblo ha hablado a través de sus representantes electos en múltiples ocasiones sobre este tema».
Una ley asediada
Cuando McMaster promulgó la ley en febrero de 2021, celebró el momento como una victoria histórica para la vida.
«Hoy hemos hecho historia», dijo el gobernador. «La Ley del Latido del Corazón es ahora la ley de Carolina del Sur y la defenderemos con todo lo que hay en nosotros, ¡porque no hay nada más importante que proteger la santidad de la vida!».
La ley no era una prohibición total, ya que permitía excepciones para los embarazos provocados por violación o incesto o los que se consideraran una amenaza para la vida de la madre.
No obstante, la ley fue impugnada por Planned Parenthood casi inmediatamente después de ser promulgada y bloqueada por un juez nombrado por Obama.
«El Tribunal considera que los demandantes han establecido una probabilidad sustancial de éxito en el fondo de su reclamación de que la ley viola los derechos sustantivos de debido proceso de los pacientes de los demandantes al aborto antes de la viabilidad, tal como garantiza la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU.», escribió la juez de distrito Mary Geiger Lewis al emitir la orden de restricción temporal.
La ley de Carolina del Sur reconoce la viabilidad fetal a las 24 semanas de gestación.
«La Corte Suprema ha sostenido que un Estado no puede ‘prohibir a ninguna mujer que tome la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad'», añadió.
Como resultado de esa orden, la prohibición no entró oficialmente en vigor hasta después de que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminara el 24 de junio de 2022 que no existe tal derecho constitucional al aborto.
Sin embargo, la ley no estuvo en vigor mucho tiempo antes de que la Corte Suprema del estado concediera una orden judicial temporal el 17 de agosto bloqueándola de nuevo.
«En esta fase preliminar, no podemos determinar con carácter definitivo la constitucionalidad de la ley en virtud de la prohibición constitucional de nuestro Estado contra las invasiones no razonables de la intimidad», escribió el tribunal en el auto unánime.
Nueva legislación
En septiembre, mientras la ley actual permanecía suspendida, la legislatura estatal estudió un nuevo proyecto de ley sobre el latido cardíaco, HB 5399, que modificaría de hecho la Ley de Protección contra el Aborto del Latido Cardíaco Fetal para exigir que los abortos excepcionales por violación e incesto se produjeran en torno a las 12 semanas de gestación, frente al límite anterior de 20 semanas. El proyecto de ley también exigiría el diagnóstico de dos médicos —un aumento respecto al actual— para poder abortar debido a una anomalía fetal.
Sin embargo, el proyecto de ley finalmente fracasó, ya que los republicanos de la Cámara de Representantes preferían una prohibición casi total del aborto desde la concepción, mientras que sus colegas del Senado no estaban dispuestos a ir tan lejos.
Aunque los miembros de ambas cámaras tendrán la oportunidad de volver a abordar la cuestión en la nueva sesión legislativa, ahora tendrán que hacerlo teniendo en cuenta la sentencia del tribunal.
Mientras tanto, sigue en vigor una ley de 2016 que prohíbe los abortos en el estado después de las 20 semanas de gestación, salvo en los casos en que la vida de la madre esté en peligro o haya una anomalía fetal.
Con información de The Associated Press.
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