La Corte Suprema de Carolina del Sur falló por unanimidad el jueves a favor de la legislación que prohíbe a los distritos escolares locales utilizar dinero del estado para hacer cumplir las órdenes de uso de mascarillas.
«Específicamente, las disposiciones de aplicación de las ordenanzas colocan inequívocamente la responsabilidad de hacer cumplir el mandato de la mascarilla en el personal de la escuela, obligando a los empleados de la escuela a elegir entre violar la ley estatal o la local», declaró el tribunal.
La sentencia (pdf) también invalida una ordenanza aplicada por el Ayuntamiento de Columbia que exigía a los estudiantes y al personal que llevaran mascarillas mientras estuvieran en el recinto escolar.
El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, declaró en un comunicado de prensa: «Apreciamos el rápido fallo del tribunal y su confirmación de nuestros argumentos legales. El tribunal ha destacado lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, que no estamos argumentando una política de mascarilla, sino un estado de derecho. El tribunal ha confirmado que una ordenanza de la ciudad no puede entrar en conflicto con la ley estatal».
El alcalde de Columbia, Stephen Benjamin, que impulsó las ordenanzas, dijo en un comunicado de prensa que es un «día triste para los niños de Carolina del Sur».
«Lo que es aún más triste es que las personas que han sido elegidas para protegerlos, que deberían actuar siempre y únicamente para mantenerlos sanos, educados y vivos, no van a luchar por ellos», dijo Benjamin. «Con un número récord de nuestros niños que caen enfermos por este virus mortal, rezamos por nuestros niños».
La decisión llega casi un mes después de que Benjamin —citando un aumento de los casos de COVID-19— declarara el estado de emergencia en la capital del estado cuando convocó una reunión especial al día siguiente, en la que el consejo votó a favor de obligar a utilizar mascarillas a todo el profesorado, el personal, los visitantes y los niños de las escuelas públicas y privadas, y las guarderías que instruyen a niños de 2 a 14 años.
Benjamin argumentó en la reunión del consejo que la constitución del estado y el código de la ciudad le daban a él y al consejo la autoridad para imponer las mascarillas en las escuelas.
Sin embargo, a la semana siguiente de la votación del consejo para imponer las mascarillas, Wilson envió una notificación a Benjamin indicando que el consejo debía rescindir su orden porque la legislatura estatal había aprobado una disposición presupuestaria que establecía que «ningún distrito escolar, ni ninguna de sus escuelas, puede utilizar los fondos asignados o autorizados en virtud de esta ley para exigir que sus estudiantes y/o empleados lleven mascarilla en cualquiera de sus instalaciones educativas».
Credulidad amenazada
El Ayuntamiento de Columbia había argumentado que su ordenanza no entraba en conflicto con la legislación estatal, sin embargo, el tribunal consideró que la afirmación «carecía de fundamento».
«La idea de que los empleados de la ciudad se infiltrarían en las escuelas y, sin ninguna ayuda del personal escolar y sin un centavo de los fondos estatales, serían capaces de imponer mascarillas y de imponer sanciones civiles por las infracciones, pone a prueba la credulidad y, de hecho, es manifiestamente falsa, como lo demuestran los términos de las propias ordenanzas».
Carolina del Sur en el punto de mira
El 30 de agosto, el Departamento de Educación de EE.UU. dijo que había abierto investigaciones sobre cinco estados liderados por los republicanos que prohibieron las exigencias de uso de mascarillas en las escuelas, entre ellos Carolina del Sur.
La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación alegó que la prohibición de las ordenanzas de mascarilla podría ser discriminatoria para los alumnos con discapacidades al negarles un acceso seguro al aprendizaje.
Miguel Cardona, Secretario de Educación de EE.UU., escribió en una carta (pdf) dirigida al gobernador Henry McMaster, republicano, que la prohibición del estado de que los distritos escolares locales «adopten estrategias basadas en la ciencia» para prevenir los brotes de COVID-19 entra en conflicto con los requisitos del departamento de educación federal, que, según Cardona, está respaldada por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.
Además de Carolina del Sur, la OCR envió cartas a los directores de escuelas estatales de Iowa, Oklahoma, Tennessee y Utah.
A principios de agosto, el presidente Joe Biden había dicho que su administración estaba «verificando» si las órdenes de mascarilla universal en las escuelas públicas podían ser implementados, sin embargo, declaró que no creía que la administración tuviera ese poder.
Con información de GQ Pan.
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