La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciará sobre si las personas sujetas a órdenes de alejamiento por violencia doméstica tienen derecho a poseer armas de fuego, anunciando el viernes que escuchará un caso sobre el asunto durante su próximo periodo.
El viernes, el tribunal aceptó revisar un recurso interpuesto por la administración del presidente Joe Biden contra la sentencia de un tribunal inferior que consideró que la ley contravenía el «derecho a poseer y portar armas» de la Segunda Enmienda porque quedaba fuera de «la tradición histórica de nuestra nación en materia de regulación de las armas de fuego».
El caso se refiere a un hombre de Texas, Zackey Rahimi, acusado de posesión ilegal de armas cuando estaba sujeto a una orden de alejamiento por violencia doméstica tras agredir a su novia. Rahimi impugnó la ley tras ser acusado en virtud de ella en 2021.
Rahimi, que tenía antecedentes por tráfico de drogas, incluida la cocaína, tiró al suelo a su novia tras una discusión en un estacionamiento, la arrastró hasta su coche y la metió dentro, haciendo que su cabeza golpeara el salpicadero, según los documentos judiciales. Tras darse cuenta de que un transeúnte había visto sus acciones, según la documentación, Rahimi sacó una pistola y disparó.
Posteriormente, Rahimi amenazó con disparar a su novia. Ella obtuvo una orden de alejamiento aprobada por el tribunal, pero Rahimi fue detenido por violarla, según los documentos.
Según el expediente, estuvo implicado en cinco tiroteos en la zona de Arlington, Texas, entre diciembre de 2020 y enero de 2021. En uno de ellos disparó con un rifle contra la casa de una persona a la que vendía drogas. Fue sorprendido con una pistola y un rifle durante un registro policial de su domicilio, según los documentos.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, declaró en febrero que la ley de 1994 era inconstitucional, en una sentencia que se aplicaba a Texas, Luisiana y Misisipi. El 5º Circuito había respaldado inicialmente la ley, pero retiró su opinión tras la histórica sentencia de la Corte Suprema sobre la Segunda Enmienda del año pasado.
En junio de 2022, la Corte Suprema de EE.UU. dictó sentencia en el caso Asociación del Rifle y la Pistola del Estado de Nueva York contra Bruen, en la que la mayoría consideró (pdf) que una ley estatal que establecía quién podía llevar armas de fuego ocultas en público infringía la Segunda Enmienda. El juez Clarence Thomas, que escribió para la mayoría, argumentó que todas las restricciones sobre armas tienen que estar en consonancia con las leyes sobre armas vigentes durante la fundación de Estados Unidos.
Aplicando la sentencia del año pasado, el 5º Circuito concluyó que prohibir a las personas con órdenes de alejamiento por violencia doméstica poseer armas de fuego era «un caso atípico que nuestros antepasados nunca habrían aceptado».
La ley de 1994 en cuestión en el caso actual prohibía a una persona sujeta a una orden de alejamiento por violencia doméstica poseer un arma de fuego. Inicialmente castigaba el delito con hasta 10 años de prisión. Desde entonces se ha elevado a 15 años.
Los abogados de Rahimi instaron a los jueces en sus escritos judiciales a que mantuvieran el dictamen del tribunal de apelaciones. «Bruen tiene menos de un año», escribió el abogado de Rahimi, J. Matthew Wright, refiriéndose a la decisión de 2022 de la Corte Suprema, y añadió que los tribunales inferiores sólo están empezando a tomar nota de su impacto.
A principios de este año, los abogados del gobierno de Biden pidieron al alto tribunal que anulara la decisión del tribunal de apelaciones, argumentando que los gobiernos llevan «mucho tiempo desarmando» a las personas que presuntamente suponen una amenaza para la seguridad de los demás. Argumentaron que más estadounidenses podrían convertirse en víctimas de maltrato doméstico si se permitía que la sentencia se mantuviera.
«Y si se permitiera que se mantuviera, se frustraría el juicio ponderado del Congreso de que no debe permitirse adquirir o poseer armas de fuego a las personas consideradas una amenaza para sus parejas íntimas o sus hijos», escribió el Departamento de Justicia. «La decisión contraria del Quinto Circuito aplica erróneamente los precedentes de este Tribunal, entra en conflicto con las decisiones de otros tribunales de apelación y amenaza con causar graves perjuicios a las víctimas de la violencia doméstica», decía la petición (pdf).
Por su parte, el fiscal general Merrick Garland emitió una declaración cuando el 5º Tribunal de Apelación dictó sentencia este año, afirmando que la ley de 1994 es constitucional.
«Tanto si se analiza a través de la lente de los precedentes de la Corte Suprema, como del texto, la historia y la tradición de la Segunda Enmienda, esa ley es constitucional», declaró Garland el mismo día en que se emitió la sentencia. «En consecuencia, el Departamento solicitará una nueva revisión de la decisión contraria del Quinto Circuito».
Los grupos a favor del control de armas también instaron al tribunal a mantener intacta la medida.
Douglas Letter, director jurídico del grupo de control de armas Brady Campaign, dijo que cree que el tribunal emitirá una orden «corrigiendo esta sentencia terriblemente equivocada», dictada por el 5º Tribunal de Apelaciones.
«Prohibir a los maltratadores por violencia doméstica el acceso a las armas de fuego es de sentido común, salva vidas y es constitucional», declaró Letter en un comunicado. «Las armas de fuego son las armas más utilizadas en los homicidios por violencia doméstica, y las parejas íntimas femeninas tienen más probabilidades de ser asesinadas con un arma de fuego que por todos los demás medios combinados».
El caso es EE.UU. contra Rahimi, y se verá cuando comience el próximo mandato del tribunal en octubre. La Corte Suprema dictará sentencia probablemente en junio del año próximo.
Con información de Reuters.
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