La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que los residentes de Puerto Rico no cuentan con el beneficio de recibir algunos beneficios federales, al no pagar impuestos federales.
Con una votación de 8 a 1, la máxima corte determinó en el caso Estados Unidos vs. Vaello Madero (pdf) que es constitucional excluir a Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que cubre a las personas discapacitadas.
La Corte Suprema determinó que los residentes de territorios no incorporados, como Puerto Rico, se diferencian de los residentes de los Estados en cuanto a los programas tanto de impuestos como de beneficios.
«Por diversas razones históricas y políticas, incluida la autonomía local, el Congreso no ha exigido a los residentes de Puerto Rico que paguen la mayoría de los impuestos federales sobre la renta, las donaciones, el patrimonio y los impuestos especiales. El Congreso tampoco ha extendido ciertos programas de beneficios federales a los residentes de Puerto Rico», escribió el juez Brett Kavanaugh en el fallo en opinión de la mayoría de la Corte.
La única juez disidente fue Sonia Sotomayor, de padres puertorriqueños.
«El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) proporciona un ingreso mínimo garantizado a ciertos ciudadanos vulnerables que carecen de medios para mantenerse. Si cumplen los criterios federales uniformes de elegibilidad, los beneficiarios tienen derecho al SSI independientemente de sus contribuciones o de las contribuciones de su Estado, al Tesoro de Estados Unidos, el cual financia el programa», escribió Sotomayor.
José Luis Vaello-Madero residía en Nueva York cuando comenzó a recibir pagos de Seguridad Social en su cuenta bancaria, luego de haber sufrido una serie de derrames cerebrales.
Durante varios años, el gobierno de Estados Unidos continuó pagándole beneficios, sin saber que había regresado a Puerto Rico en 2013, dejando de ser acreedor a tales beneficios. El excedente de pago ascendió a más de USD 28,000.
Una vez que los pagos se interrumpieron, Vaello-Madero lo notificó a la Administración del Seguro Social (SSA), ocasionando que el gobierno lo demandara.
Vaello-Madero argumentó que se había violado su derecho a la igualdad de protección, según la Constitución de Estados Unidos.
En su decisión, la Corte Suprema advirtió también que si se permite que el residente reciba beneficios por discapacidad, el Congreso probablemente tendría que extender otros beneficios federales a los territorios no incorporados a Estados Unidos.
Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, calificó la decisión de la Corte Suprema como «discriminatoria».
«Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana. Lo mismo ocurre en otros programas transcendentales, tales como Medicaid, Medicare y asistencia nutricional», escribió Pierluisi en redes sociales.
«Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la Estadidad», agregó.
Con información de NTD News.
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