La Corte Suprema rechazó el lunes otra oportunidad de revisar una doctrina legal ampliamente debatida —conocida como «inmunidad calificada»— que aísla a los oficiales de policía de la responsabilidad civil por la conducta requerida en su trabajo.
La oportunidad de revisar la doctrina elaborada por la Corte Suprema se presentó en un caso en el que un hombre de Cleveland demandó a dos oficiales de policía que le agredieron mientras intentaban entrar en su casa en 2016. Los oficiales, que vestían de civil en ese momento, confundieron la vivienda con una casa vacía en un barrio de alta criminalidad.
El alto tribunal denegó una solicitud (pdf) del hombre, Shase Howse, para revisar el caso después de que los tribunales inferiores fallaran a favor de los policías. Los jueces no hicieron ningún comentario para explicar la decisión en el caso, que se cita como Shase Howse vs. Thomas Hodous.
Howse, que tenía 20 años en ese momento, dijo que los agentes se acercaron a él, le dijeron que iba a ir a la cárcel y lo arrojaron al suelo durante el incidente. Además afirmó que los oficiales procedieron entonces a agredirle en la nuca. Howse mantiene que no hizo «nada ilegal» y que «no hizo nada para amenazar al policía».
En su demanda, afirmó que los policías, a los que demandó a título individual y oficial, violaron la prohibición de la Cuarta Enmienda contra la incautación irrazonable.
La Corte de distrito falló a favor de los dos policías y una dividida Corte del 6º Circuito confirmó la sentencia. La mayoría del panel de apelación reconoció los argumentos de Howse, pero dictaminó que la «inmunidad calificada» protegía la conducta de los oficiales. En su análisis, la mayoría dijo que los abogados de Howse no presentaron un caso en el que un tribunal haya dictaminado que un agente actuando en circunstancias similares haya violado la Cuarta Enmienda, para satisfacer la norma «claramente establecida» de la doctrina.
«Sin un caso así, el demandante casi siempre perderá», escribieron los jueces.
También se pidió al pleno de la corte del 6º Circuito que revise el caso, pero la corte se negó a hacerlo, lo que provocó la apelación ante la Corte Suprema.
La doctrina de la inmunidad calificada aísla a los funcionarios del gobierno de la responsabilidad civil por la conducta requerida por el trabajo. Esto proviene de la interpretación de la Corte Suprema del 42 U.S.C. § 1983, comúnmente conocido como Sección 1983, que proporciona una base para que la gente demande a los funcionarios estatales que violan los derechos constitucionales de una persona.
La Corte Suprema dijo que no basta con demostrar que se violaron los derechos. Las víctimas deben demostrar también que la acción estaba «claramente establecida», y si no lo consiguen, el funcionario podría recibir inmunidad calificada. La norma «claramente establecida», que los críticos de la doctrina consideran problemática, exige que la parte que demanda al funcionario demuestre que los hechos de su caso son suficientemente similares a los de casos judiciales anteriores.
La inmunidad calificada volvió a entrar en la conciencia pública en medio de las protestas del verano pasado contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd. El debate sobre si la doctrina debe seguir manteniéndose como sacrosanta alcanzó un crescendo en los últimos meses y los legisladores tomaron medidas para abolir el concepto por completo.
Los críticos afirman que la doctrina impide que los oficiales se enfrenten a las consecuencias de la mala conducta o el abuso de poder si sus acciones violan la Constitución de Estados Unidos, pero no contravienen una norma «claramente establecida».
Los defensores afirman que la doctrina es importante para que los funcionarios del gobierno, como los oficiales de policía, puedan desempeñar su trabajo protegidos de interferencias indebidas y amenazas de responsabilidad. También dicen que evita las demandas frívolas o de represalia contra los oficiales.
Esto se produce después de que la Corte Suprema se negara a escuchar una serie de casos al final del último mandato que presentaban a los jueces la oportunidad de reconsiderar la doctrina de la inmunidad calificada.
La decisión del tribunal no fue del todo unánime, ya que el juez Clarence Thomas, que ha criticado previamente la doctrina, escribió en un disenso en uno de los casos, Baxter contra Bracey (pdf), que habría concedido la petición de revisión del caso. El caso Baxter involucra a los oficiales que soltaron un perro policía sobre un sospechoso para arrestarlo. En el proceso, el perro mordió al sospechoso. El sospechoso alegó que ya se había rendido cuando soltaron al perro para detenerlo.
«He expresado anteriormente mis dudas sobre nuestra jurisprudencia de inmunidad calificada», escribió Thomas en su disenso. «Debido a que nuestra doctrina de inmunidad calificada de la Sección 1983 parece alejarse del texto estatutario, concedería esta petición».
En su disenso, Thomas también comentó la regla de «claramente establecida», argumentando que «probablemente no hay base para la investigación objetiva de la ley claramente establecida que nuestros casos modernos prescriben».
«Los principales tratados de la segunda mitad del siglo XIX y la jurisprudencia hasta la década de 1980 no contienen ningún apoyo para esta prueba de «derecho claramente establecido». De hecho, el Tribunal adoptó la prueba no por ‘principios generales de inmunidades y defensas en materia de responsabilidad civil’, sino por un ‘equilibrio de valores contrapuestos’ sobre los costes de los litigios y la eficiencia», escribió.
Expertos jurídicos habían declarado anteriormente a The Epoch Times que creen que la inmunidad calificada protegió de forma rutinaria a aquellos que son incompetentes y que violan la ley a sabiendas.
«La inmunidad calificada es un fracaso: es un fracaso como cuestión de política, es un fracaso como cuestión de derecho, y es un fracaso como cuestión de moralidad básica», dijo previamente a The Epoch Times Robert McNamara, abogado principal del Instituto de Justicia.
Mientras tanto, el gobierno del expresidente Donald Trump, que se mostró abierto a la reforma policial, criticó los llamados para eliminar la inmunidad cualificada. El último fiscal general de Trump, William Barr, dijo que en situaciones en las que un oficial viola a sabiendas y deliberadamente un derecho bien establecido, entonces puede ser apropiado responsabilizar civilmente al oficial. Pero dijo que la inmunidad cualificada es necesaria para garantizar que los oficiales de policía puedan hacer su trabajo sin miedo.
«La inmunidad cualificada proporciona un respiro a los oficiales para que puedan hacer su trabajo sin temor a que un error involuntario o imprevisible les lleve a la ruina económica personal», dijo Barr en octubre del año pasado. «Sin la inmunidad cualificada, los oficiales individuales se verían disuadidos de tomar el tipo de medidas arriesgadas que son absolutamente necesarias para proteger a la comunidad».
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