La Corte Suprema de Estados Unidos descartó el 3 de abril la apelación contra la Autoridad Palestina y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) por ataques milicianos a civiles en Israel.
La Autoridad Palestina y la OLP fueron responsables de seis tiroteos y atentados con bombas entre 2002 y 2004 en el área de Jerusalén. Durante los atentados murieron 33 personas, incluidos varios estadounidenses, e hirieron a más de 450, de acuerdo al reporte de Reuters.
Para el Tribunal de Apelaciones, los ataques ocurrieron «totalmente fuera» del territorio de Estados Unidos. Se argumentó que no había evidencias de que los estadounidenses fueron el verdadero blanco de los ataques, por lo que se ordenó desestimar la demanda civil iniciada en enero de 2004, señala el reporte.
La Autoridad Palestina y la OLP aseguraron que los terroristas palestinos estaban actuando por su cuenta.
Sobre el tema, el portavoz del Departamento de Justicia Kerri Kupec dijo: «Estados Unidos condena a quienes cometen ataques terroristas contra seres humanos inocentes en la medida en que la ley lo permita».
Los ataques relacionados con la demanda habían sido atribuidos a las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa y a Hamas, señaló Reuters. El demandante principal, Mark Sokolow, su esposa y sus dos hijas resultaron heridos en un atentado suicida de 2002 en Jerusalén.
Nitsana Darshan-Leitner, presidente del Centro Jurídico Shurat HaDin-Israel, quien representa jurídicamente a las familias estadounidenses afectadas en los ataques, manifestó su contrariedad.
«Es indignante que la autoridad palestina pueda matar civiles inocentes. Esta es una parodia horrible de la justicia», dijo Darshan, según Reuters.
Su organización busca “compensar a las víctimas y bloquear el financiamiento del terrorismo”.
Las víctimas realizaron la demanda bajo la Ley Antiterrorista, promulgada en 1992. Dicha ley fue aprobada para abrir tribunales estadounidenses a víctimas del terrorismo internacional, informó la agencia AP.
Los abogados de los demandantes dijeron que la decisión del tribunal de apelaciones «desgarra la Ley Antiterrorista», al limitar severamente los casos que pueden ser escuchados en Estados Unidos. A su vez destacaron la importancia de que los ciudadanos fueran heridos o asesinados, independientemente de si los estadounidenses eran específicamente el blanco o no.
A fines de junio, los jueces pidieron a la Administración de Justicia que evaluara el caso debido a las implicaciones en política exterior. De acuerdo a AP, el Departamento de Justicia presentó su informe ocho meses después diciendo que no había nada en el fallo del tribunal de apelaciones que «justifique la intervención de este tribunal en este momento».
«El gobierno no está siendo honesto con la corte», reclamó entonces el abogado Theodore Olson, al explicar que la administración estaba siendo cautelosa sobre su visión de la ley.
Olson manifestó que si se cierra la puerta por parte del Tribunal, las víctimas, entre ellas posibles estadounidenses, no podrán reclamar sus derechos ante «muchos actos de terrorismo en el extranjero en los que los terroristas mutilan y matan indiscriminadamente, independientemente de su nacionalidad».
Como ejemplo citó los recientes ataques terroristas en Bélgica, Gran Bretaña, Francia y España.
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