La Corte Suprema de Florida dio este miércoles permiso al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para ordenar una investigación en todo el estado sobre presuntas actividades de tráfico de personas ayudadas por organizaciones criminales transnacionales.
La Corte aprobó la solicitud de DeSantis de constituir un gran jurado estatal, de 12 meses de duración inicial, para investigar a las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y sus afiliados que supuestamente trafican con personas —especialmente niños— a través de la frontera sur, según los registros judiciales revisados por The Epoch Times.
El gran jurado estatal investigaría de forma independiente las actividades delictivas que se alegan en la petición, como el contrabando de personas, el secuestro y el blanqueo de sustancias ilegales y haría recomendaciones sobre las leyes actuales y los métodos de control si lo considera necesario, de acuerdo a la petición.
La jueza Ellen S. Masters, presidenta del Décimo Circuito Judicial, presidirá el gran jurado.
«El propósito del gran jurado será investigar a los individuos y organizaciones que están trabajando activamente con ciudadanos extranjeros, cárteles de la droga, coyotes, para contrabandear ilegalmente a los menores —algunos de tan solo 2 años de edad— a través de la frontera y hacia la Florida», dijo DeSantis durante una conferencia de prensa el 17 de junio.
«Muchos niños que son contrabandeados son ‘asaltados, violados, secuestrados y/o asesinados'», dice la petición. «Son utilizados para traficar con drogas y armas, así como para blanquear dinero».
Los agentes de la Patrulla Fronteriza han detenido a más de 108,000 niños no acompañados que habrían cruzado ilegalmente la frontera en el año fiscal 2021, según datos del gobierno citados en la petición.
Casi todos los menores no acompañados están siendo introducidos de contrabando desde México, Guatemala, Honduras o El Salvador, de acuerdo a los datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
Una vez detenidos, los niños no acompañados son procesados por la Patrulla Fronteriza y transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), normalmente en un plazo de 72 horas. El HHS coloca entonces al niño con un patrocinador, que a menudo es un miembro de la familia del niño, añade la petición.
El gran jurado también «investigaría a los gobiernos locales que están ayudando a este esquema de contrabando al violar intencionalmente la ley estatal, que les exige cooperar con el gobierno federal en materia de inmigración», de acuerdo al comunicado de prensa del 17 de junio publicado en el sitio web del gobernador.
La petición nombra al condado de Miami-Dade como uno de los organismos gubernamentales investigados.
«Según los informes de las fuerzas del orden federales, sin embargo, el condado de Miami-Dade se niega a cumplir con las solicitudes federales para asumir la custodia de los extranjeros criminales en los centros de detención de Miami-Dade, incluidos los extranjeros arrestados por intento de asesinato, violencia doméstica por estrangulamiento, asalto con un arma mortal, y comportamiento lascivo y lascivo en un menor», señala el documento.
«Miami-Dade parece estar basando esta conducta ilegal en el uso fraudulento de la excepción de víctima y testigo».
La petición de DeSantis sería una etapa de lo que su oficina anunció como una medida de tres partes para «proteger a los residentes de Florida de los peligrosos impactos de la crisis de la frontera de Biden».
Las otras dos partes incluyen la formación de una «fuerza de asalto policial estatal y local» para hacer frente a las actividades ilegales en la frontera y promulgar la ley (SB 1808) que prohibe a «las agencias gubernamentales hacer contratos con cualquier transportista común que facilite el reasentamiento de extranjeros ilegales en Florida”.
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