La Corte Suprema de Minnesota dictaminó que una declaración de emergencia de la era del COVID-19 emitida anteriormente por el gobernador Tim Walz era constitucional.
La declaración de emergencia del gobernador fue revocada hace años, pero se han presentado demandas sobre si la orden fue emitida legalmente. El 10 de mayo, la corte desestimó una demanda presentada en nombre de residentes y empresarios de Minnesota que sostenían que la orden era inconstitucional.
«La amplitud de la autoridad concedida al gobernador en virtud de la Ley es grande, pero también lo es la necesidad del poder ejecutivo de responder rápidamente en tiempos de crisis», escribió el juez Gordon Moore para el tribunal. «Debe alcanzarse un delicado equilibrio para garantizar que los habitantes de Minnesota estén protegidos tanto de las extralimitaciones gubernamentales como de las amenazas emergentes para su salud».
La presidenta de la Corte Suprema, Natalie Hudson, y los jueces Margaret Chutich, Anne McKeig y Paul Thissen suscribieron la opinión del juez Moore. El juez G. Barry Anderson escribió un voto concurrente y estuvo de acuerdo en su mayor parte con el razonamiento del juez Moore, mientras que el juez Karl Procaccini no participó en la decisión porque fue nombrado por el gobernador y anteriormente trabajó para él.
«Aunque la separación de poderes es una pieza fundamental de nuestra infraestructura constitucional, no podemos ignorar la necesidad de cierto grado de flexibilidad a la hora de delimitar las fronteras de cada rama gubernamental», escribió el juez Moore.
«[Los jueces] concluyen que la Ley no representa una delegación inconstitucional de la autoridad legislativa. Las limitaciones sobre el alcance de los poderes delegados, los controles no ilusorios sobre el ejercicio por parte del ejecutivo de los poderes delegados y las diferencias materiales entre esta Ley y otras delegaciones inconstitucionales de poder respaldan nuestra conclusión».
El Sr. Walz, demócrata, declaró la emergencia por la pandemia de COVID-19 el 20 de marzo, aunque inicialmente no impuso ninguna restricción y sugirió que los habitantes de Minnesota se quedaran en casa cuando se sintieran enfermos. Sin embargo, el gobernador —al igual que muchos otros funcionarios estatales de todo el país— emitió varias directivas posteriores en los meses siguientes que cerraban restaurantes, escuelas y determinados negocios, además de obligar al uso de mascarillas.
En un voto concurrente, el juez Anderson se mostró de acuerdo en que la ley estatal que permite declarar este tipo de emergencias es constitucional. Sin embargo, dijo que la ley debe ser modificada por la Legislatura estatal, señalando que el Senado y la Cámara pueden poner fin a los poderes de emergencia del gobernador si ambos están de acuerdo en ello.
«Cuanto más se prolonga una emergencia, mayor es la necesidad de delinear los límites de la autoridad del poder ejecutivo», escribió en la concurrencia. «Pero es a los poderes políticos —el legislativo y el ejecutivo— a los que se asigna este deber, no al poder judicial. Y el momento de abordar estas cuestiones fundamentales relacionadas con la distribución y el control del poder político es cuando no hay una situación de emergencia».
Un grupo de tendencia conservadora, el Upper Midwest Law Center, impugnó el mandato de emergencia del gobernador y la ley estatal que permite al Sr. Walz hacer tal declaración.
Tras el fallo de la Corte Suprema del estado la semana pasada, el centro de derecho declaró que estaba decepcionado con la decisión y advirtió que un futuro gobernador podría tomar medidas que son inconstitucionales.
«Aunque nos gustaría que fuera diferente, la triste realidad es que la Legislatura no dejó de lado los intereses partidistas cuando el gobernador dictó lo que podíamos hacer a diario durante 16 meses», dijo el abogado principal del grupo, James Dickey, en un comunicado. «La actual Legislatura ha sido aún más partidista y ha aprobado una ley inconstitucional tras otra basándose sólo en la más exigua de las mayorías».
Su demanda argumentaba que solo la Cámara de Representantes y el Senado del estado tienen potestad para crear leyes y que el Sr. Walz se extralimitó en sus competencias al declarar la emergencia estatal por COVID-19.
El grupo legal estipuló que el 10 de mayo el alto tribunal no «tuvo la oportunidad de examinar si alguna orden de emergencia concreta que pudiera dictarse en el futuro viola otras garantías constitucionales».
Otros dos tribunales, incluida la Corte de Apelaciones de Minnesota, concluyeron que la ley estatal de gestión de emergencias permite al gobernador declarar una emergencia en tiempos de paz si existe una emergencia de salud pública. El Upper Midwest Law Center presentó una apelación contra esa decisión ante el alto tribunal del estado.
No está claro si el grupo, que originalmente presentó la demanda en 2020, tiene previsto apelar la orden de la Corte Suprema del estado.
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