La Corte Suprema de Minnesota dictaminó que una ley estatal que exige a las personas poseer un permiso para llevar un arma de fuego en público es constitucional y no contraviene la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La sentencia se produce mientras el presidente Joe Biden presiona para que se prohíban las denominadas armas de asalto, los cargadores de alta capacidad y para que se realicen más controles de antecedentes mientras el controvertido nombramiento por parte del mandatario, del activista antiarmas David Chipman para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), lucha por mantenerse en el Senado de Estados Unidos.
El 7 de agosto, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), imploró a Biden que retire el nombramiento de Chipman, diciendo que el Senado «pasó suficiente tiempo coqueteando con este nombramiento profundamente equivocado».
El caso de la ley estatal, Estado de Minnesota vs. Hatch, expediente judicial A20-0176, fue resuelto por la Corte Suprema de Minnesota el 4 de agosto.
La camioneta de Nathan Ernest Hatch se averió el 8 de enero de 2018, mientras conducía hacia el trabajo. Cuando la policía de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos se detuvo para prestar asistencia, Hatch voluntariamente dijo que «podría tener una pistola en una mochila en el asiento trasero de su camión» y que «no tenía permiso para llevar una pistola», según los documentos judiciales.
La policía le detuvo tras encontrar una pistola cargada y sin funda en su mochila y le acusó de un delito grave.
Hatch presentó una moción previa al juicio para revocar el estatuto de permiso de porte de armas, argumentando que el requisito de que una persona obtenga un permiso para llevar un arma de fuego viola la Segunda Enmienda. El tribunal de distrito denegó su petición. Hatch renunció entonces a su derecho a un juicio con jurado y sometió su caso al tribunal de distrito sobre los hechos acordados por la defensa y la fiscalía.
El tribunal de distrito declaró a Hatch culpable y lo condenó a 180 días en el centro de trabajo del condado, pero suspendió la ejecución de la sentencia durante dos años. En la apelación, Hatch argumentó que la ley de permiso de porte viola la Segunda Enmienda porque no supera el escrutinio estricto, el nivel más alto de revisión judicial.
El Estado argumentó que la ley solo estaba sujeta a un nivel inferior de revisión judicial, el del escrutinio intermedio, que requiere simplemente que una ley esté sustancialmente relacionada con un objetivo gubernamental importante.
Dado que la Corte de apelaciones «no resolvió la disputa de las partes porque concluyó que la ley de permiso de porte de armas sobrevive al estándar más estricto del escrutinio estricto», la Corte Suprema de Minnesota accedió a conocer el caso, declaró dicha corte en su opinión.
La Corte sostuvo que existía un «interés gubernamental indiscutible en garantizar la seguridad pública y disposiciones de la ley estrictamente adaptadas para lograr ese interés», y que, por lo tanto, «la ley de permiso de porte de armas soporta el escrutinio estricto» y «no viola la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos».
La Corte observó en su dictamen que conseguir un permiso de porte de armas es fácil en Minnesota.
«De hecho, es difícil imaginar un esquema de permisos de armas de fuego menos restrictivo que el que proporciona la ley de permiso de porte de armas y sus disposiciones relacionadas. Los ciudadanos mayores de 21 años que respetan la ley solo tienen que demostrar que superaron un curso de seguridad de armas y que no son un peligro para ellos mismos o para los demás para recibir un permiso para llevar una pistola en público», escribieron los jueces.
Al cierre de esta edición no estaba claro si Hatch apelará la decisión.
Las leyes sobre el porte de armas se están relajando en algunos estados.
A partir del 1 de septiembre, los texanos podrán portar armas de fuego sin necesidad de licencia o formación, mientras que en Carolina del Sur, este mes, una nueva ley permitirá a cualquier persona mayor de 21 años con un permiso de armas ocultas llevar armas de fuego abiertamente.
Illinois se mueve en la dirección opuesta. El gobernador demócrata, J.B. Pritzker, promulgó una ley que obliga a la comprobación universal de los antecedentes incluso en las ventas privadas, lo que ayuda a la policía estatal a confiscar las armas de las personas a las que se les revocó la licencia de armas.
La Corte Suprema de Estados Unidos puede tener la oportunidad de aclarar algunas de las cuestiones relacionadas con el derecho a poseer y llevar armas cuando en otoño escuche el caso de la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York vs. Corlett. La cuestión es si la denegación por parte del estado de Nueva York de las solicitudes de licencia de porte de armas ocultas para defensa personal viola la Segunda Enmienda.
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