Corte Suprema de Nuevo México aprueba que extranjeros ilegales tengan licencia para ejercer la abogacía

Por Matthew Vadum
25 de agosto de 2022 11:58 AM Actualizado: 25 de agosto de 2022 11:58 AM

La Corte Suprema del Estado de Nuevo México ha determinado, en una decisión normativa unánime, que los extranjeros ilegales podrán ejercer en el estado como abogados, una decisión que un crítico jurídico conservador calificó de «extraña».

En un nuevo conjunto de normas que rigen la admisión al Colegio de Abogados (pdf), aprobadas el 19 de agosto, el tribunal sostuvo que la falta de ciudadanía estadounidense o de estatus migratorio ya no puede ser utilizada para negar una licencia de abogado a las personas que tienen un título de abogado y que de otra manera califican para ser miembros del Colegio de Abogados de Nuevo México. Al emitir la orden, el tribunal estuvo de acuerdo con los cambios recomendados por la Junta de Examinadores de Abogados y el Comité del Código de Conducta Profesional.

«El cambio en la regla de licencia se basa en el principio fundamental de la equidad, y es consistente con los valores históricos de Nuevo México de inclusión y diversidad en su cultura», dijo el presidente del tribunal C. Shannon Bacon, un demócrata, en un comunicado.

Todos los miembros del tribunal son demócratas. El juez Michael Vigil fue elegido para el tribunal y asumió el cargo a finales de 2018. Todos los demás miembros, incluido Bacon, fueron nombrados por la gobernadora Michelle Lujan Grisham, demócrata.

«Nuevo México está alineado con al menos otros ocho estados que permiten la licencia de abogado para algunos inmigrantes, y el Colegio de Abogados de Estados Unidos ha respaldado el principio de permitir que los abogados practiquen la ley sin importar su estatus migratorio», dijo Bacon.

El propio documento judicial afirma que los requisitos habituales para ejercer la abogacía seguirán vigentes, pero la licencia «no se denegará basándose únicamente en la ciudadanía o la situación migratoria del solicitante».

Aparte del estatus migratorio, un solicitante de una licencia de abogado debe seguir siendo respetuoso con la ley, incluyendo el cumplimiento de todas las obligaciones de manutención de los hijos y del cónyuge impuestas por un tribunal.

La activista Jazmin Irazoqui-Ruiz, del Centro de Derecho de los Inmigrantes de Nuevo México, se convirtió en abogada en Nuevo México en 2017 en virtud de normas especiales que permiten a ciertos extranjeros ilegales obtener licencias de derecho. Fue traída al país cuando era menor de edad, pero se le permitió permanecer en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) del expresidente Barack Obama.

Irazoqui-Ruiz dijo a Las Cruces Sun News que el cambio de la regla fue una «gran victoria» que protegerá su licencia de abogada incluso si la Corte Suprema finalmente anula DACA. «Personalmente he dedicado mi carrera a hacer exactamente lo que este tipo de cambio de política hace: Eliminar las barreras a la movilidad económica y la estabilidad para las familias inmigrantes en todo nuestro estado», dijo al periódico.

El comentarista de temas jurídicos Curt Levey, presidente del Comité para la Justicia, dijo que la decisión de la Corte Suprema del Estado de Nuevo México parecía más «política» que «legal».

«Me parece interesante que el presidente de la Corte Suprema haya emitido una declaración», dijo Levey a The Epoch Times en una entrevista. «Normalmente, la opinión de la mayoría hablaría por sí misma».

La decisión es «realmente sobre política: nuestro estado tiene valores de inclusión y diversidad».

El fallo se basa «en la política, que es la definición de activismo judicial. El activismo judicial es cuando se llega a una decisión orientada a los resultados basada en las políticas preferidas por el juez o los jueces, en lugar de la ley», dijo.

Es «extraño» que en Nuevo México «puedas estar aquí ilegalmente, sujeto a arresto y deportación, y al mismo tiempo, puedas estar representando como abogado a otro extranjero ilegal que se enfrenta a lo mismo».

La organización sin ánimo de lucro de Levey se describe a sí misma como «dedicada a restaurar la visión de los Fundadores de un poder judicial federal gobernado por el estado de derecho y anclado en la Constitución».


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