Las pruebas incautadas por los agentes de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (CBP) en un registro de vehículos sin orden judicial cerca de la frontera internacional con Canadá no pueden utilizarse en los procesos estatales, según dictaminó el 24 de septiembre la Corte Suprema de Vermont, en una decisión dividida.
El alto tribunal de Vermont reprobó a la CBP.
El artículo 11 de la Constitución de Vermont, que «protege a los individuos de registros o incautaciones irrazonables ‘por parte de cualquier oficial o mensajero'», garantiza «a los individuos el derecho a la privacidad en sus vehículos y a los contenedores dentro de esos vehículos», escribió el juez William D. Cohen para el tribunal en la decisión de 3-2.
La jueza Karen Carroll fue la autora de la opinión disidente, a la que se sumó el juez Harold Eaton Jr. Sostuvieron que la opinión mayoritaria del tribunal entraba en conflicto con la jurisprudencia de Vermont y otras jurisdicciones.
Los acusados Phillip Walker-Brazie y Brandi-Lena Butterfield estaban en un coche el 12 de agosto de 2018, conduciendo a su casa en Richford, Vermont, cuando un oficial de la patrulla fronteriza detuvo el vehículo en una zona remota a unos 3 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que se utiliza para el contrabando de personas y drogas. La ley federal autoriza a estos agentes que realizan patrullas itinerantes cerca de la frontera a realizar registros sin orden judicial, escribió Cohen en la opinión del tribunal.
El agente percibió un fuerte olor a marihuana procedente del coche y pensó que los ocupantes parecían nerviosos. Los acusados negaron al agente el permiso para registrar el vehículo, pero otros agentes de la patrulla fronteriza registraron posteriormente el coche. Descubrieron e incautaron marihuana y una bolsa de setas alucinógenas. Los federales entregaron las pruebas a la policía del estado de Vermont, y los acusados fueron acusados de posesión de drogas en el condado de Orleans ante el tribunal estatal de Vermont.
Los acusados argumentaron que esta autoridad de registro federal no es compatible con el artículo 11 de la Constitución de Vermont. Esa disposición habría exigido que un agente de policía de Vermont obtuviera una orden judicial antes de registrar el coche sin su consentimiento.
«El registro del coche de los acusados fue una intrusión irrazonable en este interés de privacidad, y hemos determinado previamente que el remedio apropiado para tal violación es la exclusión de las pruebas que se recogieron. … La intromisión en la intimidad de los acusados no se vio disminuida por el hecho de que el registro fuera llevado a cabo por un agente federal», afirma la opinión del tribunal.
La exclusión de dichas pruebas de los procedimientos estatales es esencial, afirma el dictamen, porque «permitir que el Estado utilice las pruebas recogidas en violación de la Constitución de Vermont simplemente porque fueron recogidas por agentes federales de la ley podría animar implícitamente a los agentes federales a realizar registros que los agentes de Vermont no pueden realizar, para que los agentes de Vermont correspondan pasando información sobre violaciones de la ley de inmigración».
Jay Díaz, consejero general de la Fundación ACLU de Vermont, que representó a los demandados, aplaudió la decisión judicial en un comunicado.
«Este fallo de importancia crítica significa que la policía local y los fiscales no pueden utilizar [la] Patrulla Fronteriza para hacer una carrera de fondo alrededor de la Constitución de Vermont. … Las sólidas protecciones de la privacidad y la dignidad incluidas en nuestra constitución estatal son una fuente de orgullo para el estado y la decisión del Tribunal reafirma y amplía esos derechos», dijo Díaz.
El fiscal general T. J. Donovan, demócrata que presentó un escrito de apoyo a los acusados, dijo en un comunicado: «Aplaudo la decisión del Tribunal».
«La Constitución de Vermont protege a los ciudadanos de Vermont independientemente de la participación del gobierno federal».
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