La Corte Suprema de Wisconsin aceptó el martes revisar dos casos importantes que desafían la constitucionalidad de las leyes del estado sobre el acceso al aborto.
Planned Parenthood, junto con varias mujeres, que utilizaron seudónimos, solicitaron a la corte en febrero que anule la actual ley del aborto de Wisconsin. Ellas alegaron que violaba los derechos de los pacientes y los médicos en virtud de la Constitución del estado.
Las demandantes también solicitaron permiso a la corte para mantener la confidencialidad de sus identidades.
Tres fiscales de distrito —Joel Urmanski, Ismael R. Ozanne y John T. Chisholm— fueron nombrados como demandados, representando a los 71 fiscales de distrito del estado en este caso.
«Al conceder este caso, esta corte está haciendo lo que muchas otras cortes estatales han hecho, tanto antes como después de Dobbs vs. Jackson: considerar una impugnación constitucional estatal a un estatuto relacionado con el aborto», escribió la jueza Jill Karofsky. «Decidir cuestiones constitucionales estatales importantes no es inusual: es el trabajo de esta corte».
El segundo caso sometido a revisión es la impugnación de la prohibición por parte del fiscal general de Wisconsin, el demócrata Josh Kaul. El martes, los jueces acordaron revisar también su caso de forma acelerada, permitiendo que eludiera la Corte de Apelaciones de Wisconsin.
Los grupos provida, incluidos Wisconsin Right to Life, Wisconsin Family Action y Pro-Life Wisconsin, también intentaron involucrarse en el caso en abril. Aunque la Corte no les permitió convertirse en partes oficiales, en virtud de una tercera orden emitida el martes, se les permitirá presentar argumentos de apoyo en un informe amicus. El juez conservador, Brian Hagedorn, que disintió en las otras dos órdenes, se mostró de acuerdo con esta decisión.
La ley del aborto de Wisconsin de 1849, se puso en marcha cuando la Corte Suprema de EE. UU. anuló Roe vs. Wade hace dos años, poniendo fin al acceso al aborto como un derecho en todo el país. Esa sentencia devolvió a los estados el poder de decisión sobre las leyes del aborto y provocó una oleada de legislaciones estatales para restringir o preservar el acceso al aborto.
La ley establece que toda persona «distinta de la madre, que destruya intencionadamente la vida de un nonato, es culpable» de un delito grave.
El fiscal general Kaul presentó su demanda en los días que siguieron a la decisión de 2022, contra los fiscales de distrito de los condados donde se encontraban las tres compañías Planned Parenthoods de Wisconsin. Una sentencia en ese caso fue dictada el año pasado por un juez del condado de Dane, quien determinó que la ley no se aplica a los abortos consensuales.
El fiscal de distrito del condado de Sheboygan, Joel Urmanski, apeló la decisión y pidió permiso a la Corte Suprema del estado para eludir el proceso de apelación.
La Corte establecerá un calendario para la presentación de nuevos argumentos y una fecha para la audiencia. Los argumentos orales aún no han sido programados para cualquiera de los casos.
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