La Corte Suprema acordó decidir si los estadounidenses pueden demandar a los funcionarios del gobierno que los bloquean en las redes sociales, un tema que también se planteó durante el mandato del expresidente Donald Trump.
Es probable que el fallo de la Corte Suprema en el asunto, que probablemente sea escuchado en el nuevo mandato de la corte que comienza en octubre, tenga un impacto en todos los niveles de gobierno, ya que los ciudadanos recurren cada vez más a las redes sociales para interactuar con los funcionarios públicos.
Varias personas habían demandado anteriormente a Trump luego de que les bloqueara el acceso a su cuenta de Twitter, pero la Corte Suprema ordenó (pdf) que el caso se desestimara en abril de 2021 porque Trump ya había dejado el cargo. En el momento del fallo, Twitter había vetado a Trump, pero cuando Elon Musk se hizo cargo de la empresa, revirtió esa política a fines del año pasado.
Katie Fallow, abogada del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, que participó en la demanda contra Trump, dijo a NBC News que los funcionarios gubernamentales están obligados a aceptar los comentarios de la gente.
«Como muchas cortes han sostenido, no importa si se trata del presidente o de un administrador local de la ciudad, los funcionarios del gobierno no pueden bloquear a las personas de estos foros simplemente porque no les gusta lo que dicen», habría dicho Fallow.
“La Corte Suprema debería reafirmar ese principio básico de la Primera Enmienda”, agregó.
La nueva decisión de escuchar el caso O’Connor-Ratcliff vs. Garnier (expediente judicial 22-324) y un caso relacionado, Lindke vs. Freed (expediente judicial 22-611), se dio el 24 de abril. Los jueces no explicaron por qué accedieron a las demandas y ningún juez disintió de la decisión de seguir adelante con los casos.
La cuestión jurídica ante la Corte Suprema es si un funcionario público está llevando a cabo una acción estatal sujeta a la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. cuando bloquea el acceso de una persona a su cuenta en las redes sociales.
Una corte federal de apelaciones falló a favor de los ciudadanos; otro falló a favor del funcionario público.
Los demandantes Michelle O’Connor-Ratcliff y T.J. Zane eran dos miembros electos del Consejo de Administración del Distrito Escolar Unificado de Poway, en California, que utilizaban sus cuentas personales de Facebook y Twitter para comunicarse con la gente. Los demandados Christopher Garnier y Kimberly Garnier, padres de estudiantes locales, «enviaron spam a los posteos y tuits de los demandantes con comentarios y respuestas repetitivos», por lo que los demandantes bloquearon a los demandados de sus cuentas, según la demanda presentada por O’Connor-Ratcliff y Zane.
Pero los Garnier dijeron que estaban actuando de buena fe.
“Los Garnier dejaron comentarios que exponen la mala gestión financiera por parte del exsuperintendente, así como incidentes de racismo”, dijo la pareja en un escrito (pdf).
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. falló a favor de los Garnier, sosteniendo que los funcionarios electos que utilizaban cuentas en las redes sociales participaban en un foro público.
El demandado James Freed, administrador municipal de Port Huron, Michigan, utilizó una cuenta pública de Facebook para comunicarse con sus electores. El demandante Kevin Lindke, residente en Port Huron, criticó la respuesta del municipio a la pandemia del COVID-19, incluida la hipocresía percibida de los funcionarios locales. Freed bloqueó a Lindke y a otros y eliminó sus comentarios, según la demanda de Lindke.
La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EE. UU. falló a favor de Freed, al considerar que actuaba únicamente a título personal y que sus actividades no constituían una acción gubernamental.
Cory Jay Briggs de Briggs Law Corp., es abogado de los Garnier.
“Los Garnier tienen un caso muy sólido y esperamos presentarlo ante los jueces”, dijo Briggs a The Epoch Times por correo electrónico.
The Epoch Times se puso en contacto con Hashim Mooppan de Jones Day, quien representa a O’Connor-Ratcliff y Zane, pero no había recibido una respuesta hasta el momento de esta publicación.
Allon Kedem, de Arnold and Porter, el abogado del demandante Kevin Lindke, se negó a realizar declaraciones.
The Epoch Times se puso en contacto con Victoria Read Ferres de Fletcher, Fealko, Shoudy y Francis, abogada de Freed, pero no había recibido respuesta hasta el momento de la publicación del artículo.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
