El 31 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar un recurso de apelación y dejó establecida la sentencia de la Corte Federal de Apelaciones que permite a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exigir el uso de mascarillas en aviones, trenes y autobuses durante la pandemia de COVID-19.
Aunque la TSA abandonó en abril su orden que requería el uso de mascarillas, la decisión permite que una sentencia del 10 de diciembre de 2021 de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia siga vigente como precedente legal, por la que el gobierno puede basarse en el futuro.
En un escrito presentado ante el alto tribunal el 27 de septiembre, el gobierno de Biden instó a la Corte Suprema a rechazar el caso.
La Procuradora General de los Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, señaló en el documento que la Administración de Seguridad en el Transporte había anunciado el 13 de abril que prorrogaría las directivas sobre mascarillas hasta el 3 de mayo de 2022.
Pero días después del anuncio, cuando un juez federal de distrito de Florida anuló la orden de los Centros de Control de Enfermedades que exigía el uso de mascarillas en los centros de transporte y en los aviones, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se echó atrás en prorrogar su mandato de las mascarillas.
El mandato de la TSA expiró el 18 de abril.
Según el escrito, el fallo de la Corte de Circuito de Washington fue correcto al reconocer que la TSA estaba actuando dentro de su autoridad estatutaria y que sus acciones estaban dirigidas a abordar las amenazas al transporte planteadas por COVID-19.
El alto tribunal se negó a aceptar la petición presentada en el caso Corbett vs. TSA (expediente judicial 22-33), sin explicar por qué.
La jueza, Ketanji Brown Jackson, no participó en examinar la petición, pero la corte no explicó por qué se abstuvo de hacerlo.
Un viajero frecuente, Jonathan Corbett, impugnó las directivas de la TSA de enero de 2021 que exigen que los pasajeros lleven mascarillas.
Corbett argumentó que la autoridad de la agencia, en virtud de la Ley Federal de Seguridad en la Aviación y el Transporte, está limitada a desarrollar políticas y directivas destinadas a proteger contra ataques violentos a la infraestructura de transporte.
La ley no autoriza a la TSA a hacer cosas como exigir el uso de mascarillas para proteger la salud pública, argumentó.
La Corte de Apelaciones no estuvo de acuerdo.
«La pandemia mundial del COVID-19 supuso una de las mayores amenazas que se halla visto en décadas para la viabilidad operacional del sistema de transporte y las vidas de quienes lo utilizan», dictaminó la corte de circuito con una opinión escrita por el juez Harry T. Edwards, que fue nombrado por el entonces presidente Jimmy Carter, en 1980. Uno de los jueces del panel de tres jueces disintió del fallo.
«La TSA, que tiene la misión de mantener la seguridad del transporte, tiene claramente la autoridad para hacer frente a estas amenazas en virtud» de la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte.
El Congreso concedió a la Administración de Seguridad en el Transporte «una amplia autoridad» para analizar los riesgos potenciales para la aviación y la seguridad nacional y responder a esos riesgos y confirió a la agencia «un poder expansivo para actuar en relación con el sistema de transporte durante una emergencia nacional».
Teniendo en cuenta el lenguaje del estatuto, «no se puede dudar seriamente de que las delegaciones de autoridad del Congreso a la TSA autorizan las Directivas de Mascarillas emitidas para contener la propagación del virus de COVID-19».
Si el Congreso hubiera querido limitar el alcance de la Administración de Seguridad en el Transporte, podría haberlo hecho, pero en su lugar «seleccionó un lenguaje amplio en su mandato a la agencia».
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