La Corte Suprema decidió no revisar la desestimación de una demanda presentada por tres denunciantes que afirman que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no investigó su denuncia de que los prestamistas hipotecarios institucionales no cumplen con la normativa.
El 1 de abril, el máximo tribunal del país se negó a conceder la petición de certiorari, o de revisión, en el caso Stone contra el Comisionado de Rentas Internas, en un auto de documento sin firma. Ningún juez disintió. La corte no explicó su decisión. Los jueces consideraron la petición en su audiencia privada el 28 de marzo. Para que una petición pase a la fase de alegatos orales, al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor.
David E. Stone, Thomas Carroll y David C. Depadro avisaron al IRS de que vehículos financieros como los «real estate mortgage investment conduit (REMIC)», que los prestamistas utilizan para mantener un conjunto de hipotecas y emitir valores respaldados por hipotecas, incumplían las normas de exención fiscal. El Sr. Carroll falleció y su esposa, Kari S. Carroll, ocupó su lugar como demandante en el procedimiento judicial.
Los estadounidenses deben 12.1 billones de dólares en 84 millones de hipotecas, lo que representa el 70.2% de toda la deuda de los consumidores en Estados Unidos.
Las REMIC son creadas y controladas por las mayores instituciones financieras del mundo, según la petición. Poseen casi todos los préstamos hipotecarios residenciales de Estados Unidos originados por un prestamista institucional. Aunque poseen una enorme cantidad de dinero, el Congreso decidió que esos ingresos no tributarían, siempre que cumplieran ciertas condiciones establecidas en el código de rentas internas y el código de reglamentos federales.
Pero, en realidad, las REMIC no cumplen las condiciones exigidas para estar exentas de impuestos en el código ni en la normativa, argumentaron los peticionarios.
«Por ejemplo, las REMIC no obtienen ni mantienen oportunamente ‘hipotecas cualificadas’, tal y como se define este término en el Código. Las REMIC ni siquiera cumplen los requisitos de documentación de sus propios ‘acuerdos de agrupación y servicio’ internos. Por ejemplo, sus propios acuerdos internos exigen que las REMIC mantengan pagarés endosados por los propietarios. En la práctica, no lo hacen.
«Desde luego, no alcanzan el umbral de cumplimiento del 99% exigido por el Código de Reglamentos Federales. Eso significa que, por ley, las REMIC no son acreedores garantizados titulares de ‘hipotecas cualificadas’, sino acreedores no garantizados de los prestatarios cuyos pagarés e hipotecas dicen poseer».
Esto significa que deben ser descalificados de la exención de impuestos como una cuestión de derecho, afirma la petición.
Los peticionarios descubrieron el problema de las REMIC y lo comunicaron al IRS, que acusó recibo de la información.
Algunos investigadores del IRS comprobaron que la información era correcta, pero la agencia se negó a entrevistar a los peticionarios.
«A continuación, dictaminó en repetidas ocasiones que no hará nada para recaudar los impuestos adeudados por las REMIC. Esto es un error. Engaña a todos los contribuyentes estadounidenses», afirma la petición.
El IRS «cometió un error al no recaudar miles de millones o más en impuestos de las instituciones financieras más grandes del mundo: las entidades que suscribieron y se beneficiaron de prácticamente todas las hipotecas residenciales en Estados Unidos. Los grandes perdedores en esta disputa son todos los demás: todos los contribuyentes estadounidenses que siguen las normas y pagan los impuestos que les corresponden dentro de los límites del Código».
La cuestión jurídica en el caso, según la petición, es si «el Comisionado, como rama del poder ejecutivo, tiene discreción absoluta e inmunidad soberana en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo [APA] para negarse a recaudar miles de millones de dólares en impuestos sobre la renta de las hipotecas agrupadas que de otro modo son imponibles en virtud del Código de Rentas Internas[.]».
La APA es una ley federal promulgada en 1946 que regula los procedimientos de derecho administrativo para los departamentos ejecutivos federales y agencias independientes. El difunto senador Pat McCarran (D-Nev.) dijo que la APA era «una carta de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos están controlados o regulados de un modo u otro por agencias del gobierno federal».
El IRS no dio su versión de los hechos a la Corte Suprema. El comisionado del IRS, Danny Werfel, renunció a su derecho a responder a la petición en un documento presentado el 5 de marzo, por su abogada, la procuradora general de EE.UU. Elizabeth Prelogar.
Los denunciantes demandaron originalmente ante la corte federal del Distrito Sur de Florida, alegando que el IRS debería haber revisado y auditado al menos algunas de las REMIC y haber intentado recuperar parte de los impuestos adeudados.
Aunque el IRS posee «discrecionalidad» para decidir no auditar a determinados contribuyentes, esa discrecionalidad no incluye la facultad de condonar toda una categoría de ingresos en contra de la intención del Congreso, argumentaron los denunciantes.
Sin embargo, la Corte Federal de Distrito y la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de EE. UU. consideraron que la Ley de Procedimiento Administrativo no podía utilizarse para revisar la postura del IRS.
El poder ejecutivo tiene discrecionalidad para negarse a reclamar impuestos a las REMIC incumplidoras, sostuvo el 11º Circuito. Los denunciantes no pueden demandar en virtud de la APA para obligar al IRS a actuar, según la corte.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de los denunciantes, Robert J. Hauser, del bufete Sniffen and Spellman de West Palm Beach (Florida), y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero al cierre de esta edición no recibió una respuesta.
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