La Corte Suprema ha desestimado tres solicitudes pendientes para escuchar las impugnaciones a la orden de la administración Trump de retener millones de dólares en fondos para las fuerzas policiales de las llamadas jurisdicciones santuario —estados y ciudades que se niegan a cooperar con los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para deportar a las personas que residen ilegalmente en Estados Unidos.
«Ayer, después de una solicitud del gobierno de Biden, la Corte Suprema acaba de desestimar tres pedidos de revisión (solicitudes para escuchar un caso) pendientes sobre el intento de la Administración Trump de retener dinero de las llamadas ciudades santuario», señaló la cuenta de Twitter de SCOTUSblog.
En 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pedía a las agencias estadounidenses que retuvieran los fondos federales de las jurisdicciones santuario, muchas de las cuales están gobernadas por demócratas. Como parte de las medidas de Trump contra la inmigración ilegal, la orden condicionaba el dinero federal dado a los gobiernos estatales y locales a que estos dieran a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos acceso a sus cárceles y aviso previo cuando los inmigrantes ilegales fueran liberados de la custodia. Los tribunales inferiores se dividieron en cuanto a la legalidad de esta política.
Después de asumir el cargo, Biden anuló la orden ejecutiva de Trump de 2017, en otro cambio de rumbo de la nueva administración respecto a varias políticas de Trump que habían sido impugnadas en los tribunales y se dirigían a la Corte Suprema para su consideración.
Ante la decisión de Biden de revocar la orden de Trump sobre las ciudades santuario, que anula efectivamente las políticas asociadas, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó cartas ante la Corte Suprema en los tres casos relacionados, solicitando su desestimación y señalando que se había llegado a un acuerdo con las partes que impugnaban la acción de Trump.
Los tres casos involucran a la ciudad de Nueva York, San Francisco y varios estados, incluyendo California y Nueva York, y los abogados que representan a las diversas jurisdicciones en los tres casos dicen que están de acuerdo con el DOJ de Biden en que los casos deben ser desechados.
En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó su satisfacción por la decisión.
«Nos complace que, a pesar de los intentos de la Administración Trump de vengarse de las ciudades y los estados a través de políticas vengativas y litigios continuos, hayamos podido trabajar con la Administración Biden para desestimar este caso en la Corte Suprema», dijo James. «Esperamos seguir trabajando con la administración para garantizar que los estados y las localidades nunca tengan que elegir entre proteger su autonomía y proteger la seguridad del público».
Los defensores de las políticas de las ciudades santuario argumentan que mejoran la seguridad pública al aumentar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las fuerzas policiales, mientras que los opositores afirman que dichas políticas suponen una amenaza para la seguridad pública al dificultar la deportación de los delincuentes que residen en el país de forma ilegal.
El mes pasado, la Corte Suprema canceló los argumentos orales en otros dos casos después de que Biden modificara el enfoque de Trump. Ambos eran apelaciones de la Administración Trump: uno defendía la financiación del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y el otro defendía la política de asilo de «permanecer en México».
La administración también ha pedido al tribunal que cancele un próximo argumento sobre una política introducida durante el mandato de Trump que respalda los requisitos de trabajo para las personas que reciben atención médica bajo el programa Medicaid para los pobres.
La administración dijo el mes pasado a los jueces que la ley del seguro médico Obamacare debe ser mantenida, revirtiendo la posición adoptada durante la administración de Trump.
Con información de Reuters.
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