WASHINGTON, Estados Unidos — El abogado de un inmigrante libanés que cometió delitos graves en Estados Unidos después de recibir su tarjeta verde, dijo ante la Corte Suprema que su representante no debería ser deportado porque se enfrentaría a la persecución religiosa y a la tortura si es expulsado a su tierra natal. Sin embargo, el gobierno de Trump se opone a la posibilidad de que el hombre permanezca en EE.UU.
En la campaña electoral de 2016, el entonces candidato presidencial, Donald Trump, prometió ser duro con quienes violan las leyes de inmigración de Estados Unidos y con los no ciudadanos que cometan delitos graves.
«Nuestras prioridades de aplicación de la ley incluirá remover criminales, miembros de pandillas, amenazas a la seguridad, estadías excesivas de visas, cargos públicos», dijo Trump en ese momento.
Los argumentos orales del caso, conocido como Nasrallah vs. Barr, fueron escuchados el 2 de marzo por el más alto tribunal de la nación.
Un fallo contra el gobierno podría hacer más difícil la deportación de extranjeros criminales en el futuro. Los jueces podrían tener que sopesar disposiciones legales potencialmente conflictivas al decidir si las determinaciones administrativas sobre las reclamaciones realizadas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) cuentan como órdenes de deportación definitivas. La legislación federal que implementa la convención, impide que los extranjeros criminales sean enviados a países donde es probable que sean torturados.
La historia americana del peticionario Nidal Khalid Nasrallah, comienza en 2007 cuando se convirtió en un residente permanente legal de Estados Unidos. En ocho transacciones de agentes federales encubiertos, el hombre compró cigarrillos que tenían un valor total al por mayor de 587,096 dólares que creía habían sido robados. Al enfrentarse a ocho cargos de delito grave por recibir propiedad robada, se declaró culpable de dos de ellos en 2013 y fue sentenciado a un año de prisión.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que un extranjero «condenado por un delito que implique vileza moral cometido en un plazo de cinco años» desde la fecha de su admisión por el que «se podrá imponer una sentencia de un año o más», puede ser expulsado de Estados Unidos. La INA también despoja a los tribunales de su jurisdicción para revisar las órdenes de deportación definitivas de los extranjeros delincuentes declarados culpables de delitos considerados delitos graves con agravantes en virtud de la ley.
El gobierno determinó que las condenas de Nasrallah se calificaban como delitos graves con agravantes en virtud de la INA y un juez de inmigración determinó que estaba sujeto a deportación porque había cometido delitos que implicaban una vileza moral. El juez opinó que el tráfico de cigarrillos era un crimen atroz que representaba un peligro para la sociedad. Además señaló que este tipo de delito estaba relacionado con la actividad terrorista y la delincuencia organizada, aunque no hay pruebas que vinculen a este individuo con dichas actividades.
Nasrallah sostiene que la probabilidad de que se enfrente a una persecución religiosa supera su historial delictivo. Como es miembro de la minoría religiosa drusa, el acusado afirma que podría ser perseguido en el Líbano por grupos terroristas musulmanes como Hezbollah si regresara allí.
«Estados Unidos se han comprometido firmemente a que nuestro sistema de deportación no se utilice para enviar a un individuo a un lugar donde es más probable que sea sometido a … tortura o muerte», dijo el abogado de Nasrallah, Paul Hughes, a la Corte Suprema.
De camino al tribunal superior, un juez de inmigración dictaminó que las condenas por delitos graves de Nasrallah lo hacían inelegible para el asilo y la retención de la expulsión, pero le concedió un aplazamiento de la expulsión solo con respecto al Líbano, afirmando que todavía podía «ser expulsado en cualquier momento a otro país donde no es probable que sea torturado».
La Junta de Apelaciones de Inmigración revocó el indulto, al considerar que su «único encuentro con Hezbollah no constituía una tortura pasada y que la lucha civil generalizada en el Líbano no se demostraba» que él sería personalmente el blanco de los daños. Luego el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito determinó que la INA lo privaba de jurisdicción para revisar «cualquier orden definitiva de expulsión contra un extranjero que sea expulsado por haber cometido» ciertos delitos.
Durante los argumentos orales, el juez Neil Gorsuch caracterizó el argumento del abogado de la administración Trump, Matthew Guarnieri, de que una demanda bajo la convención de la tortura podría ser distinguida de una orden de deportación final como «bastante metafísica».
«Es como la Santísima Trinidad», dijo el juez riéndose de la audiencia del tribunal.
Guarnieri dijo: «la orden de expulsión sigue siendo válida, incluso si al extranjero se le concede la protección del CAT».
«Creemos que es parte de la orden final de remoción. Es una parte integral y constitutiva de la orden final de expulsión».
Guarnieri argumentó que la ley era muy clara.
A su vez le dijo al juez Stephen Breyer que el gobierno «no cree que el texto legal sea ambiguo. Creemos que el Congreso ha excluido sin ambigüedad la revisión judicial de las órdenes finales de expulsión con respecto a los extranjeros criminales».
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