El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, suspendió temporalmente el 14 de septiembre un fallo de una corte inferior que restringía a las agencias federales contactar a las empresas de redes sociales con solicitudes para eliminar contenido, mientras los jueces consideran cómo manejar el caso.
Su orden congeló una decisión reciente de una corte de apelaciones que encontró que los funcionarios federales probablemente violaron las protecciones de la Primera enmienda al obligar a algunas plataformas a eliminar ciertos posteos y contenidos. El año pasado, los estados de Missouri y Louisiana presentaron una demanda contra la administración Biden, acusando a los funcionarios federales de intentar censurar a personas con ciertos puntos de vista.
En julio, un juez de distrito impidió que una multitud de agencias federales se comunicaran con empresas de redes sociales, mientras que el 8 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó parcialmente el fallo. La corte de apelaciones permitió que ciertas agencias aún se pusieran en contacto con esas empresas y argumentó que la orden de la corte inferior era demasiado amplia.
La orden del juez Alito suspende la decisión de la corte inferior hasta el 22 de septiembre. El juez, quien fue nominado por el presidente George W. Bush, es el juez designado por la corte para actuar en asuntos provenientes de varios estados, incluido Louisiana.
Cualquier respuesta a la solicitud debe presentarse ante la Corte Suprema antes de las 4 p.m. del 20 de septiembre, ordenó el juez Alito.
La decisión de la corte, del 14 de septiembre, se produjo apenas unas horas después de que la administración Biden le pidiera que suspendiera la orden de la corte inferior mientras preparaba una apelación formal.
La presentación de emergencia del Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a la corte superior (pdf) que permita a los funcionarios de la Casa Blanca, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el FBI, así como a otros, responder a posteos en línea en que ellos afirman que representan un peligro para la salud pública. El Departamento de Justicia argumentó que los funcionarios federales también deben poder responder por motivos de seguridad nacional.
“Según la medida cautelar, el director general de Salud, el secretario de Prensa de la Casa Blanca y muchos otros altos asesores presidenciales corren el riesgo de estar en desacato si sus declaraciones públicas sobre cuestiones de política cruzan las líneas mal definidas trazadas por el Quinto Circuito”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar de parte del Departamento de Justicia. “Los funcionarios de los CDC corren el mismo riesgo si responden con precisión las preguntas de las plataformas sobre salud pública, y los agentes del FBI corren el riesgo de ser llevados ante las cortes si señalan contenido publicado por terroristas o desinformación difundida por actores extranjeros malignos encubiertos”.
La Sra. Prelogar también argumentó que la medida cautelar de julio es «muy exagerada» y dijo que «abarca a miles de funcionarios y empleados federales, y se aplica a las comunicaciones con y en relación con todas las plataformas de redes sociales».
“Si se permite que entre en vigor, la medida cautelar impondría daños graves e irreparables al gobierno y al público”, afirmó la procuradora general, añadiendo que el Departamento de Justicia pedirá a la Corte Suprema que revise el caso en octubre.
En julio, el juez de distrito estadounidense Terry Doughty, con sede en Louisiana, concluyó que Facebook, YouTube y Twitter suprimieron contenido relacionado con COVID-19 y denuncias de fraude durante las elecciones de 2020. Sin embargo, su medida cautelar permitió a los funcionarios federales mantener correspondencia con empresas de redes sociales sobre actividades delictivas, amenazas a la seguridad nacional y asuntos similares.
En su fallo, redactado enérgicamente, el juez advirtió que «durante la pandemia de COVID-19, un período quizás mejor caracterizado por dudas e incertidumbre generalizadas, el gobierno de Estados Unidos parece haber asumido un papel similar a un ‘ministerio de la Verdad’ orwelliano.
El panel de jueces del Quinto Circuito, en su orden del 8 de septiembre, escribió que la corte inferior «no se equivocó al determinar que varios funcionarios (…) probablemente obligaron o alentaron significativamente a las plataformas de redes sociales a moderar el contenido, convirtiendo esas decisiones en acciones».
«Al hacerlo, los funcionarios probablemente violaron la Primera enmienda», concluyeron los jueces.
Otros detalles
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, planea oponerse a la apelación de la administración Biden ante la Corte Suprema, dijo el 14 de septiembre un portavoz a los medios de comunicación.
«Nosotros estamos erradicando esta empresa de censura y responsabilizaremos a los infractores», dijo el fiscal general Bailey en una declaración.
A lo largo de los años, los republicanos y otras personas escépticas con la respuesta del gobierno al COVID-19 y con sus mandatos han criticado al presidente Joe Biden y su administración por la forma en que manejaron el contenido en línea relacionado con la pandemia, afirmando de que está trabajando para silenciar los puntos de vista que difieren del suyo propio.
En la demanda presentada el año pasado, los dos fiscales generales republicanos de Missouri y Louisiana, también declararon que el contenido relacionado con la historia sobre el laptop de Hunter Biden publicada por el New York Post antes de las elecciones de 2020, también fue bloqueada por múltiples medios de redes sociales.
Además, acusaron a los funcionarios de la administración de Biden de presionar a los sitios web de redes sociales para que eliminen contenido bajo la amenaza de una posible demanda antimonopolio o de proponer cambios a las leyes federales que los protegen de demandas por el contenido de sus usuarios.
Varias extensiones de los «Archivos de Twitter», publicados por varios periodistas desde finales de 2022, después de la adquisición de la empresa por parte de Elon Musk, revelaron comunicaciones entre varias agencias federales, como el FBI, y exejecutivos de alto rango de Twitter. Twitter pasó a llamarse X hace varias semanas.
Con información de Reuters.
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