La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad en un caso de contribuyentes morosos que es legal que el Servicio de Impuestos Internos cite en secreto los registros bancarios de terceros.
En otras palabras, el más alto tribunal de la nación reconoció que el Servicio de Impuestos Internos no está obligado a notificar a terceros que no están bajo investigación cuando se solicitan registros bancarios que se cree son relevantes ante un delito fiscal de otra persona.
Un abogado que informó sobre la Corte Suprema, dijo que el nuevo fallo del IRS es «una autoridad sorprendentemente amplia para husmear en los registros financieros de personas que pueden estar solo remotamente conectadas con un contribuyente moroso».
La sentencia, una victoria para la administración Biden, se produjo después de que los intentos de la administración de reforzar los esfuerzos de control del IRS se convirtieran en un problema en las elecciones legislativas de medio mandato. La Ley de Reducción de la Inflación, que el presidente Joe Biden promulgó en agosto de 2022, asignó casi USD 80,000 millones al IRS para contratar 87,000 agentes más. Los demócratas dicen que el IRS ha estado infradotado durante mucho tiempo, pero los republicanos dicen que el dinero extra se utilizará para acosar a los contribuyentes.
En la audiencia oral para presentar los argumentos, celebrada el 29 de marzo, los magistrados se mostraron comprensivos con la esposa de un hombre que debía importantes cantidades de impuestos y que alegaba que el IRS se había excedido en la búsqueda de sus registros bancarios sin previo aviso. Al mismo tiempo, reconocieron que la agencia necesita herramientas eficaces para intentar cobrar las cuentas morosas.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió la opinión de la corte (pdf) en el caso Polselli vs. IRS, expediente judicial 21-1599, que fue emitido el 18 de mayo.
El IRS afirma que Remo Polselli debe USD 2 millones en impuestos y multas y emitió citaciones sin previo aviso demandando registros financieros de los bancos. Se solicitaron sus registros bancarios, los de su esposa, Hanna Polselli, y los de los bufetes de abogados que trabajaron para ellos.
La administración Biden afirmó que el IRS no necesita notificar a terceros y que tener que hacerlo daría a los contribuyentes morosos «una ventaja para ocultar activos». Además, argumentó que las personas implicadas en el proceso tienen acceso a los tribunales para combatir supuestos abusos.
La demandante, Hanna Polselli, y los bufetes de abogados argumentaron que la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 6º Circuito se apartó de una sentencia del año 2000 de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 9º Circuito, creando una división de circuitos que la Corte Suprema debía resolver.
El 6º Circuito sostuvo que las convocatorias en disputa eran legales porque estaban amparadas por una excepción del código tributario relativo a los encargados de registros de terceros. El 6º Circuito rechazó el argumento del 9º Circuito de que la excepción solo se aplica cuando el contribuyente en cuestión tiene un derecho legalmente reconocido en los registros.
La Corte Suprema no estuvo de acuerdo con Polselli y confirmó la sentencia del 6º Circuito.
«El Congreso ha dado al IRS un poder considerable para ir tras los impuestos no pagados», escribió Roberts.
«Una herramienta a disposición del Servicio es la autoridad para citar a las personas con información relativa a un contribuyente moroso. Pero para salvaguardar la privacidad, el IRS generalmente está obligado a notificar a cualquier persona nombrada en una citación, que luego puede demandar para anularla. El caso de hoy se refiere a una excepción a esa norma general».
El IRS está autorizado a solicitar la presentación de «libros, documentos, registros u otros datos» de «cualquier persona» que posea información relativa a un contribuyente moroso, escribió Roberts.
«Dada la amplitud de este poder, el Congreso ha impuesto ciertas salvaguardias» y, en general, tiene que dar aviso de la citación a cualquier persona identificada en la citación, que entonces tiene derecho a presentar una moción para anular la citación. Pero la notificación no es necesaria si la citación se emite con el fin de recaudar una liquidación o una sentencia judicial.
«En otras palabras, el IRS puede emitir citaciones tanto para determinar si un contribuyente debe dinero como para cobrar posteriormente cualquier obligación pendiente. Cuando el IRS lleva a cabo una investigación con el fin de ‘determinar la responsabilidad’ de un contribuyente (…) debe notificar (…) Pero una vez que el Servicio ha llegado a la etapa de ‘cobrar cualquier responsabilidad’, … —que es una actividad distinta— la notificación puede no ser necesaria».
La jueza Ketanji Brown Jackson presentó una opinión separada concurriendo con la sentencia de la Corte Suprema. El juez Neil Gorsuch se unió a su opinión concurrente.
El Congreso ha «reconocido que podría haber situaciones, particularmente en el contexto de la recaudación, en las que proporcionar una notificación podría frustrar la capacidad del IRS para administrar eficazmente las leyes tributarias», escribió Jackson.
«Por ejemplo, al recibir la notificación de que el IRS ha entregado una citación, las personas interesadas podrían mover u ocultar activos cobrables, haciendo que los esfuerzos del cobro de la agencia sean sustancialmente más difíciles».
Pero al redactar el código tributario, el Congreso equilibró los intereses del IRS y del contribuyente y «no dio al IRS un cheque en blanco, por así decirlo, para hacer lo que quisiera en el ámbito de la recaudación», escribió Jackson.
The Epoch Times se puso en contacto con Shay Dvoretzky, abogado de Polselli, y con el Departamento de Justicia de EE. UU., que representaba al IRS, pero no recibió respuesta de ninguno de ellos al cierre de esta edición.
Paul Sherman, abogado del Instituto de Justicia, un bufete de interés público sin ánimo de lucro, expresó su alarma ante la nueva sentencia. El grupo presentó un escrito en apoyo a Polselli.
La sentencia de la Corte Suprema otorga al IRS una autoridad sorprendentemente amplia para husmear en los registros financieros de personas que pueden estar solo remotamente relacionadas con un contribuyente moroso».
«Esta sentencia plantea serias dudas sobre la Cuarta Enmienda. Afortunadamente, la corte subrayó que su fallo se centraba estrictamente en la cuestión legal que tenía ante sí. En un caso futuro, la corte debería abordar los límites constitucionales del poder del gobierno para exigir el acceso a la información financiera más sensible de las personas».
La Cámara de Comercio de EE. UU., que también presentó un escrito de apoyo a Polselli, declinó hacer comentarios.
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