La Corte Suprema de EE. UU. rechazó el jueves un intento del gobierno de Biden de evitar una demanda derivada de informes falsos sobre deudas, y la histórica sentencia abre la puerta a que los consumidores demanden a las agencias federales.
En una decisión unánime de 9-0 el 8 de febrero, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno federal no es inmune a las demandas presentadas en virtud de la Ley de Informe Justo de Crédito (FCRA, por sus siglas en inglés), una ley que permite a los consumidores demandar a los acreedores por no corregir la información de crédito falsa que el consumidor ha solicitado que se corrija.
La sentencia se deriva de una demanda presentada en virtud de la FCRA por Reginald Kirtz, un hombre de Pensilvania cuya puntuación de crédito se vio perjudicada cuando el Servicio de Vivienda Rural del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) indicó erróneamente en su informe de crédito que algunos de sus préstamos estaban vencidos.
El gobierno alegó que era inmune a la demanda del Sr. Kirtz y pidió que se desestimara el caso, con varias rondas de adjudicación en cortes inferiores que condujeron a una solicitud de revisión por parte de la Corte Suprema.
En junio de 2023, el alto tribunal aceptó revisar la sentencia de una corte de apelación que permitía a Kirtz demandar al USDA por falsa declaración de deuda.
Lo que estaba en juego en el caso era si el Congreso renunció a la inmunidad soberana de Estados Unidos frente a demandas judiciales cuando modificó las leyes de protección de los consumidores hace casi 30 años.
La cuestión que se presentó ante el alto tribunal era si las disposiciones de responsabilidad civil de la FCRA «renuncian inequívocamente y sin ambigüedades a la inmunidad soberana de Estados Unidos».
«Creemos que el Tercer Circuito tomó la decisión correcta en este caso: La FCRA efectúa una clara renuncia a la inmunidad soberana», escribió el juez Neil Gorsuch, nominado por Trump, en la opinión del 8 de febrero.
El abogado de Public Citizen Litigation Group, Nandan Joshi, que defendió el caso ante la Corte Suprema, elogió la decisión.
«La decisión de hoy confirma que las agencias federales no pueden escapar a la rendición de cuentas cuando no cumplen con sus responsabilidades para con los consumidores en virtud de la FCRA», dijo en una declaración el 8 de febrero.
«Como explicó la corte, el texto de la FCRA significa lo que dice: La FCRA permite a los consumidores demandar a cualquier ‘persona’ que viole el estatuto y define ‘persona’ para incluir a cualquier agencia gubernamental», añadió.
El USDA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.
Antecedentes
El Congreso modificó la FCRA hace décadas para imponer nuevos requisitos a los prestamistas.
Los cambios exigían que, si un consumidor impugnaba la exactitud de sus informes crediticios, la «persona» que los hubiera realizado debía examinar el asunto y, si procedía, corregir la información inexacta.
El Sr. Kirtz acusó al USDA de violar la FCRA cuando la agencia informó de sus préstamos como morosos a pesar de que los había pagado.
Después de que demandara al USDA en 2020, la agencia solicitó que se desestimara el caso, argumentando que la FCRA no indicaba claramente que el Congreso pretendiera renunciar a la inmunidad del gobierno federal frente a demandas judiciales.
La corte de distrito dio la razón al USDA, pero la decisión fue revocada en la apelación.
El equipo del Sr. Kirtz argumentó que el USDA sugirió incorrectamente que el Congreso debe promulgar una renuncia estatutaria explícita de inmunidad soberana para que una renuncia sea efectiva.
Al ponerse de parte del Sr. Kirtz, la Corte de Apelación del Tercer Circuito señaló la definición de «persona» en la FCRA, que incluye «cualquier ‘gobierno o subdivisión o agencia gubernamental'».
La corte de apelaciones también dijo que permitir demandas contra agencias federales estaría en consonancia con el objetivo del Congreso de garantizar «informes de crédito justos y precisos» porque el gobierno federal es el mayor empleador y acreedor en Estados Unidos.
El USDA no estuvo de acuerdo y pidió a la Corte Suprema que revisara el caso.
En el punto de mira de SCOTUS
El USDA argumentó que la Corte Suprema debe intervenir porque si se permite que el fallo de la corte de apelaciones a favor del Sr. Kirtz se mantenga, permitiría que el gobierno «se vea amenazado rutinariamente con una responsabilidad monetaria sustancial por sus actividades cotidianas de empleo y préstamo».
La agencia argumentó en su petición que las renuncias a la inmunidad soberana federal deben estar «expresadas de forma inequívoca e sin ambigüedades», pero que la FCRA no contiene el tipo de renuncia con esas precisiones a la inmunidad soberana que exige la ley.
Además, el USDA dijo que la cuestión presentada ante la Corte Suprema se refiere a un «asunto de gran importancia» porque incluso si el gobierno prevaleciera en las demandas, «una victoria final sobre el fondo no reivindicaría los intereses protegidos por la inmunidad soberana».
La inmunidad soberana, argumentó el USDA, es una inmunidad frente a las demandas, no solo ser inmune a la responsabilidad.
«El principio fundacional de la inmunidad soberana también es una cuestión importante por derecho propio, independientemente de los dólares y centavos», escribió en la petición Elizabeth Prelogar, abogada en nombre del USDA.
«La inmunidad de jurisdicción protege ‘a la nación de intervenciones imprevistas en los procesos de gobierno'», continuó Prelogar.
Argumentó que el Congreso es el órgano encargado por la Constitución de EE. UU. de «encontrar el equilibrio» entre la creación de derechos y deberes federales y el establecimiento de recursos privados para reivindicarlos y hacerlos cumplir.
«Las decisiones judiciales que permiten ‘demandas privadas por daños y perjuicios’ contra el soberano sin su consentimiento alterarían ese equilibrio y ‘ejercerían una presión injustificada sobre la capacidad [del gobierno] para gobernar de acuerdo con la voluntad de [sus] ciudadanos'», continuó, pidiendo a la Corte Suprema que revocara la decisión de la corte de apelaciones.
Durante los alegatos orales de noviembre, los abogados del USDA se enfrentaron a las preguntas de los jueces de la Corte Suprema.
El juez Clarence Thomas dijo que «el estatuto define a una persona como [incluyendo] cualquier gobierno o subdivisión gubernamental o agencia», lo que le pareció al menos «sugerir que se aplica al gobierno de EE. UU.».
«¿No es eso suficiente para renunciar a la inmunidad soberana?», preguntó.
Cuando los abogados que representan al USDA sugirieron que la verdadera cuestión a tratar era cuál es la «implicación lógica» del estatuto, la juez Elena Kagan respondió que la lógica parece clara, es decir, que el gobierno es responsable de las demandas.
«La implicación lógica necesaria de lo que ha hecho el Congreso es autorizar una demanda contra… personas, tal como se definen en la sección de definiciones», dijo.
«Entonces vas a la sección de definiciones», continuó, añadiendo que, «entonces descubres que lo que el Congreso ha hecho es autorizar una demanda contra personas físicas, empresas y gobiernos».
El juez Gorsuch dijo durante los argumentos orales que la preocupación por la inmunidad soberana tenía poco sentido cuando «tenemos al propio soberano hablando» sobre ser responsable.
En la opinión del 8 de febrero, escrita por el juez Gorsuch, reiteró este argumento, señalando una serie de disposiciones legales que sustentan el argumento de que la FCRA autoriza las demandas de los consumidores contra las agencias federales.
«A través de esta serie de indicaciones legales, no menos que las que encontramos en Kimel, el Congreso ha permitido explícitamente las demandas de los consumidores por daños y perjuicios contra el gobierno», escribió.
«Desestimar demandas como la del Sr. Kirtz efectivamente ‘negaría demandas que el Congreso ha autorizado claramente».
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