La Corte Suprema dictaminó en una votación 8 a 1 el 23 de junio que Texas y Luisiana carecen de la capacidad legal necesaria para impugnar la decisión de la administración Biden de 2021 de centrar sus esfuerzos de deportación a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.
Texas y Luisiana demandaron a la administración Biden por una política anunciada en un memorando (pdf) del 30 de septiembre de 2021 del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que afirma que es imposible expulsar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes ilegales presentes en Estados Unidos. Mayorkas ha sido muy criticado por los republicanos por su enfoque supuestamente laxo con respecto a la aplicación de la ley de inmigración. Algunos republicanos quieren acusarlo por negligencia en el cumplimiento del deber.
Los estados argumentan que el gobierno federal se niega ilegalmente a hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación al priorizar solo ciertas categorías de aplicación a expensas de otras. Dicen que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) federal exige que los extranjeros delincuentes específicos, como los delincuentes con agravantes, deben ser detenidos al ser liberados de la custodia penal en espera de una decisión sobre su expulsión del país. La ley también exige que los extranjeros sujetos a órdenes definitivas de deportación sean detenidos en espera de su deportación.
Pero en lugar de adherirse a los mandatos de la INA, la administración Biden dijo en un memorando que se embarcaría en determinaciones caso por caso, lo que según los estados deja la puerta abierta para que los criminales violentos regresen a las calles de la nación.
La opinión de la mayoría en el caso, Estados Unidos contra Texas (expediente judicial 22-58), fue escrita por el juez Brett Kavanaugh. La única opinión disidente fue presentada por el juez Samuel Alito.
“Mantener seguros a nuestros ciudadanos es uno de los deberes más fundamentales del gobierno, quizás incluso el más fundamental. La Administración Biden ha tratado de ignorar ese deber, pero luchamos todos los días para recordárselo”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, el 29 de noviembre de 2022, el día en que el tribunal escuchó el caso.
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