La Corte Suprema de EE.UU. está a punto de publicar una serie de fallos importantes la próxima semana, incluidos aquellos relacionados con la inmunidad del expresidente Trump por sus actividades como presidente, cargos de obstrucción relacionados con la irrupción del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, leyes de redes sociales y el poder de las agencias federales.
El alto tribunal tiende a publicar todas sus decisiones por un período a finales de junio, y solo quedan algunos días en el mes. Los magistrados aún no han dado a conocer 14 casos de la legislatura, que comenzó en octubre de 2023.
Poder de la agencia federal
La Corte Suprema se pronunciará sobre una doctrina de 40 años conocida como doctrina Chevron. El precedente dicta que los tribunales deben ceder a la experiencia de las agencias del poder ejecutivo cuando se trata de interpretar leyes cuando la intención del Congreso al aprobarlas no está clara.
Según la doctrina de 1984, los tribunales estadounidenses dieron gran margen de maniobra a agencias como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) respecto de los poderes que les delegaba el Congreso para administrar la ley.
Dos pequeñas empresas pesqueras cuestionaron ese precedente, alegando que pagar por un monitor en un barco arenquero requerido por el Servicio Nacional de Pesca Marina equivalía a una regulación onerosa. Como ilustra el caso, el fallo afectará no solo a la EPA y la SEC, sino también a muchas otras agencias federales.
En argumentos orales a principios de este año, los magistrados se mostraron divididos en su intento de limitar aún más los poderes reguladores de las agencias federales en un litigio relacionado con el programa gubernamental de vigilancia de la sobrepesca de arenque frente a las costas de Nueva Inglaterra.
Los fallos del tribunal inferior permitieron al Servicio Nacional de Pesca Marina exigir a los pescadores comerciales que ayudaran a financiar el programa. Dos empresas pesqueras, Loper Bright Enterprises, con sede en Nueva Jersey, y Relentless Inc, con sede en Rhode Island, argumentaron que el Congreso no autorizó a la agencia, parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, a establecer el programa.
Caso de inmunidad de Trump
Otro caso que probablemente se pronunciará esta semana involucra al expresidente Trump, quien había argumentado que debería ser declarado inmune por su actividad después de las elecciones de 2020 para hacer frente a lo que describió como fraude electoral. El fiscal especial Jack Smith acusó el año pasado al expresidente de conspiración para subvertir las elecciones de 2020, y el expresidente apeló el caso ante el tribunal superior.
Durante los argumentos, los jueces se mostraron escépticos ante los argumentos de los abogados de Trump de que debería tener total inmunidad ante el procesamiento. Pero algunos de los jueces parecían inclinados a crear cierta inmunidad para los presidentes. Varios jueces advirtieron que todos los futuros expresidentes podrían ser procesados por sus sucesores si no se mantiene la inmunidad.
La apelación retrasó el caso penal contra el expresidente Trump en Washington relacionado con el 6 de enero. Se ha declarado inocente de los cargos.
Contactos en las redes sociales
Un caso importante sobre el que el tribunal tendrá que decidir es si se debería prohibir ampliamente a los funcionarios del gobierno federal comunicarse con las empresas de redes sociales, en respuesta a las demandas de dos fiscales generales estatales en relación a la presunta violación del gobierno federal a la Primera Enmienda al pedir a las empresas de redes sociales que eliminaran contenido que, según afirmaban, era falso o engañoso.
Los fiscales generales tuvieron cierto éxito en los tribunales inferiores. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE.UU. emitió una decisión que impidió que funcionarios del FBI, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., la oficina del Director General de Salud Pública, la Casa Blanca y otras agencias se pusieran en contacto con empresas de redes sociales.
La administración Biden apeló la decisión del Quinto Circuito y la envió a la Corte Suprema. La decisión del circuito se encuentra actualmente en suspenso mientras el tribunal superior evalúa el asunto.
Varios jueces de la Corte Suprema, durante los argumentos de marzo, se mostraron escépticos de que se debería prohibir a los funcionarios gubernamentales ponerse en contacto con esas empresas.
Aborto
Si bien la Corte Suprema ya se pronunció sobre un desafío a la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. de un medicamento relacionado con el aborto, el tribunal superior está a punto de emitir una orden sobre si las salas de emergencia en Idaho pueden realizar abortos en mujeres embarazadas durante lo que se describe como una emergencia.
Según la Ley de Defensa de la Vida de Idaho de 2022, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, a menos que sea “necesario para prevenir la muerte de la mujer embarazada”.
La administración Biden había cuestionado el mandato, diciendo que entra en conflicto con una ley federal conocida como Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, que exige que los médicos de las salas de emergencia estabilicen a los pacientes.
Otras cuestiones relacionadas con las redes sociales
Las leyes de Texas y Florida que regulan las prohibiciones en las redes sociales también se decidirán durante el mandato de esta Corte Suprema. Esas leyes prohíben a las empresas de redes sociales eliminar o degradar el contenido de los usuarios que expresen ciertos puntos de vista, a raíz de acusaciones de que las empresas de redes sociales estaban apuntando a los conservadores para censurarlos o degradarlos.
El 26 de febrero, los jueces expresaron algunas reservas sobre las leyes respaldadas por los republicanos en los dos estados, pero sugirieron que esos mandatos no serán bloqueados por completo.
Los jueces dijeron que les preocupaba que las leyes pudieran socavar la discreción editorial de las plataformas en violación de las protecciones de la libertad de expresión. Pero también indicaron que podrían permitir que las leyes regulen ciertos servicios de Internet no expresivos, como el suministro de correos electrónicos o mensajería directa.
Cláusula de obstrucción del 6 de enero
La Corte Suprema se pronunciará sobre un estatuto de obstrucción que puede afectar el procesamiento por parte del Departamento de Justicia a las personas que ingresaron al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021. Una persona acusada, Joseph Fischer, presentó una demanda que impugnó el estatuto, que tipifica como delito el hecho de que una persona «obstruya, influya o impida de forma corrupta» un procedimiento oficial.
En abril, varios jueces se mostraron escépticos sobre cómo se estaba aplicando el estatuto en el caso del Sr. Fischer.
El Fiscal General Merrick Garland sugirió este mes en una audiencia en el Congreso que estaría dispuesto a retirar los casos de los acusados del 6 de enero que fueron acusados bajo ese estatuto.
“Respetamos a la Corte Suprema. Cualquiera que sea la decisión del tribunal, actuaremos apropiadamente”, dijo Garland en respuesta a una pregunta de un legislador republicano.
Reuters contribuyó a este artículo
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