El 4 de mayo, la Corte Suprema acordó escuchar un caso que impugna el poder del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que le permite utilizar una ley federal que bloquea las impugnaciones legales a sus regulaciones.
El problema es un requisito de información que el IRS usa contra lo que afirma son esquemas de evasión de impuestos que involucran a pequeñas compañías de seguros. La pena por incumplimiento puede incluir una multa de USD 50,000.
Esta apelación de un fallo del Tribunal de Apelaciones del 6to Circuito, que se espera sea escuchada en el plazo de nueve meses que comienza en octubre, se conoce como CIC Services LLC contra el Servicio de Impuestos Internos.
CIC Services, con sede en Knoxville, Tennessee, se describe a sí mismo en su sitio web como una empresa que ayuda a «los propietarios de pequeñas y medianas empresas a convertir su riesgo en riqueza, al poseer su propia compañía de seguros».
La compañía brinda asesoramiento a los contribuyentes sobre las llamadas «transacciones micro cautivas» que utilizan pequeñas compañías de seguros para reducir los ingresos imponibles. El IRS responde que algunas de esas transacciones no cuentan como contratos de seguro de buena fe.
La administración Trump había pedido a la Corte Suprema que no se hiciera cargo del caso.
El IRS le dijo a la corte que cuando un contribuyente no informa una transacción micro cautiva, es razonable suponer que «la transacción sospechosa es en realidad un caso de evasión de impuestos, y se debe imponer cierta responsabilidad fiscal».
Aunque el Congreso redacta leyes federales de impuestos, en algunos casos, ha delegado autoridad limitada al IRS «para llenar los vacíos de las leyes fiscales a través de la regulación», según el Instituto Cato, un centro de pensamiento libertario que presentó una recomendación escrita a la corte. Cuando llena estos vacíos, la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) requiere que agencias como el IRS hagan ciertas cosas, como permitir un período de comentarios públicos, antes de ultimar las regulaciones.
«Desafortunadamente, el IRS se ha negado habitualmente a cumplir con la APA, en ausencia de la intervención de los tribunales».
En el caso que nos ocupa, el IRS ha argumentado que otro estatuto, la Ley contra la orden judicial (AIA), se puede utilizar para eliminar la apelación de la empresa antes de que se escuchen los argumentos. Según esa ley, un impuesto no puede ser impugnado hasta que se haya recaudado. Después de pagar el impuesto, el contribuyente solicita un reembolso.
El sexto circuito encontró que la multa monetaria era un impuesto y, por lo tanto, la demanda estaba sujeta a la AIA. Los circuitos séptimo y décimo dictaminaron lo contrario.
«Bajo el razonamiento del Sexto Circuito, el único recurso contra las regulaciones defectuosas del Tesoro es violar intencionalmente la regulación e incurrir en mayores impuestos, penalidades e intereses mientras se espera un procedimiento de ejecución posterior en el que la validez de la regulación pueda ser cuestionada», según Cato.
En su petición al tribunal, la compañía argumentó que el IRS debería verse obligado a obedecer a la APA.
Citando una letanía de precedentes anteriores de la Corte Suprema, CIC Services argumentó que:
“La revisión previa a la ejecución es el elemento vital del derecho administrativo. Gracias a la Ley de Procedimiento Administrativo, los ciudadanos respetuosos de la ley pueden impugnar las regulaciones ilegales en los tribunales, sin tener que violar la regulación primero y luego plantear su invalidez como defensa ante una acción de ejecución. Sin una revisión previa a la ejecución, los demandantes tendrían que «apostar a la granja» para «probar la validez» de la acción de la agencia, un riesgo que la mayoría nunca asumiría. El IRS no está exento de la APA».
La decisión del sexto circuito es incorrecta e injusta para los contribuyentes, sostuvo la compañía.
«Pero una vez que el IRS comience a hacer cumplir la ley, la Ley Anti-Orden Judicial prohíbe a los demandantes demandar para ‘restringir la evaluación o recaudación de cualquier impuesto'».
Según el fallo, «incluso las regulaciones del IRS, patentemente ilegales, pueden aislarse de la revisión, a menos que una persona esté dispuesta a arriesgarse a la imposición de multas enormes y, en este caso, tiempo en prisión».
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