El 4 de octubre, la Corte Suprema de EE. UU. decidió escuchar la apelación de los fabricantes de armas estadounidenses en la demanda de 10,000 millones de dólares presentada por México contra las empresas de armas de fuego.
En la demanda, México reclama 10,000 millones de dólares a las empresas de armas estadounidenses por inundar supuestamente el país con armas de fuego. México culpa a las empresas de una ola de crímenes violentos, alegando que sus acciones beneficiaron a los cárteles criminales.
Aunque algunos activistas del control de armas acogen con satisfacción la demanda de México, los defensores de los derechos de las armas dicen que constituye una injerencia extranjera en los asuntos de EE. UU. y tiene como objetivo paralizar la industria de armas de fuego de EE. UU. y debilitar las protecciones de la Segunda Enmienda de las que disfrutan los estadounidenses.
Las empresas armamentísticas afirman que la demanda está prohibida por la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que se promulgó para proteger a la industria de demandas frívolas.
Los jueces concedieron la petición en Smith & Wesson Brands Inc. contra Estados Unidos Mexicanos sin comentarios. Ningún magistrado disintió.
Smith & Wesson había pedido a la corte que agilizara su petición el 8 de agosto, un día después de que una corte inferior desestimara la demanda contra seis de las ocho empresas de armas en el pleito, que está pendiente en una corte federal de distrito en Massachusetts. La decisión dejó al fabricante de armas Smith & Wesson y al mayorista de armas Interstate Arms como demandados.
La apelación se refiere a la decisión del 22 de enero de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito que permitió que la demanda siguiera adelante.
El juez de circuito William Kayatta escribió que, aunque la PLCAA limita las demandas que los gobiernos extranjeros pueden interponer ante los tribunales estadounidenses por daños experimentados fuera de Estados Unidos, México podía seguir adelante porque presentó un argumento plausible de que las empresas cometieron «violaciones a sabiendas de las leyes que regulan la venta o comercialización de armas de fuego».
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