La Corte Suprema acordó el viernes revisar una iniciativa de la administración Trump para excluir a los inmigrantes ilegales del conteo del censo 2020 que se utiliza para repartir los escaños del Congreso.
En una orden no firmada (pdf), los jueces fijaron como fecha el 30 de noviembre para escuchar los argumentos orales de las partes.
Un panel de tres jueces de una corte de distrito de Nueva York falló en septiembre que el memorándum de Trump que excluía a los inmigrantes ilegales del recuento del Congreso era una extralimitación ilegal de la autoridad del presidente delegada por el Congreso. Los jueces de ese panel declararon que el memorándum, que se emitió el 21 de julio, era ilegal y posteriormente bloquearon su aplicación.
Esto llevó a la administración Trump a apelar la decisión ante la Corte Suprema.
En su decisión de 86 páginas (pdf), los jueces dijeron que la ley federal requería el uso de un conjunto de números para contar a las personas para el censo y el proceso de reorganizar los distritos del Congreso, conocido como prorrateo. Mientras los inmigrantes ilegales vivan en Estados Unidos, «los inmigrantes ilegales califican como ‘personas en’ un ‘estado'» que deberían ser contados, dictaminaron los jueces.
El memorándum del 21 de julio, que está en el centro del caso, declaró que «es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los inmigrantes que no están en un estado de inmigración legal», con el propósito de la redistribución de los miembros del Congreso después del censo de 2020.
«Excluir a estos inmigrantes ilegales de la base de distribución es más acorde con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno. Ofrecer representación en el Congreso y por lo tanto influencia política formal, a los estados por la presencia dentro de sus fronteras de inmigrantes ilegales que no han seguido los pasos para asegurar un estatus de inmigración legal bajo nuestras leyes socava esos principios», dice el memorándum.
Trump ordenó al Departamento de Comercio que informara de dos conjuntos de números para cada estado basándose en el censo de 2020: el recuento total de la población y la población total menos el número de inmigrantes ilegales. Este último número se usaría para repartir los escaños del Congreso.
En julio, Trump dijo en un comunicado que su administración «no apoyará dar representación en el Congreso a los inmigrantes que entren o permanezcan en el país ilegalmente, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno».
«Así como no damos poder político a la gente que está aquí temporalmente, no deberíamos dar poder político a la gente que no debería estar aquí en absoluto», dijo el presidente.
Poco después de que se emitiera el memorándum, 38 estados, ciudades y condados, en su mayoría de tendencia demócrata, más varias organizaciones sin fines de lucro de derechos de los inmigrantes, demandaron a la administración Trump, argumentando que estaba «motivada por una animosidad discriminatoria hacia los hispanos y las comunidades inmigrantes de color».
Argumentaron que el memorándum podría dejar a millones de personas sin contar y posiblemente afectar la distribución del Congreso en varios estados.
Dale Ho, director de Voting Rights Project (Proyecto sobre el Derecho al Voto) de la Unión Americana de Libertades Civiles, en un comunicado del viernes acusó a Trump de utilizar repetidamente el censo como un arma para «atacar» a los inmigrantes ilegales.
«La Corte Suprema rechazó su intento el año pasado y debería hacerlo de nuevo», dijo.
El año pasado, la Corte Suprema impidió que la administración Trump añadiera una pregunta sobre la ciudadanía a la encuesta de población del censo.
La Constitución exige que el censo se realice cada 10 años. La información recogida en el cuestionario ayuda a determinar la representación en el Congreso en base a las respectivas poblaciones de los estados, así como la asignación de fondos del gobierno federal.
Con información de Mimi Nguyen-Ly.
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