La corte Suprema aceptó escuchar los desafíos a las leyes en Florida y Texas que regulan cómo las compañías de redes sociales moderan el contenido en sus plataformas.
El expresidente Donald Trump había instado a la corte a que viera el caso de Florida.
Los casos están en el ojo público porque enfrentan el derecho de los estadounidenses a expresarse libremente en línea contra el derecho de las plataformas de redes sociales a tomar decisiones editoriales sobre el contenido que albergan. Los abogados afirman que ambos derechos están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El caso de Florida es Moody contra NetChoice LLC (expediente judicial 22-277). El caso de Texas es Netchoice LLC contra Paxton (expediente judicial 22-555). NetChoice es una coalición de asociaciones comerciales que representan a empresas de redes sociales y de comercio electrónico.
El 29 de septiembre, la corte concedió las peticiones de certiorari, o revisión, en ambos casos mediante órdenes sin firma. Ningún juez discrepó. El tribunal no explicó por qué concedió las peticiones.
Los republicanos y los conservadores llevan años quejándose de que las plataformas de las redes sociales les censuran. Se indignaron cuando las plataformas actuaron de forma concertada para vetar al presidente Trump en enero del 2021, bloquearon un artículo del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden y silenciaron opiniones discrepantes sobre los orígenes del virus del COVID-19 y sobre los tratamientos para la enfermedad que provoca.
Los demócratas y los liberales, por su parte, afirman que las plataformas no hacen lo suficiente para suprimir la llamada incitación al odio y la supuesta desinformación.
Muchos Estados están estudiando leyes que regulen las plataformas de redes sociales para proteger la libertad de expresión de los usuarios.
Casos
En el caso Moody contra NetChoice, Florida recurrió una sentencia de la Corte de Apelación del 11º Circuito de EE.UU. que bloqueó partes del proyecto de ley 7072 del Senado de Florida, que exige transparencia en las políticas y protege el acceso de los usuarios a las plataformas.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la ley el 24 de mayo del 2021, afirmando que se asegura de que «los verdaderos floridanos de todo el Estado del Sol tengan garantizada la protección contra las élites de Silicon Valley».
«Muchos en nuestro estado experimentaron la censura y otros comportamientos tiránicos de primera mano en Cuba y Venezuela. Si los censores de las grandes tecnológicas aplican las normas de forma incoherente, para discriminar a favor de la ideología dominante de Silicon Valley, ahora tendrán que rendir cuentas».
Según la ley, las plataformas no pueden prohibir candidatos políticos y deben hacer públicas y aplicar de forma coherente sus normas de moderación. La eliminación de candidatos de la plataforma puede acarrear multas de hasta 250.000 dólares al día.
El 11º Circuito anuló parte del estatuto, al considerar que «con pequeñas excepciones, el gobierno no puede decirle a una persona o entidad privada qué decir o cómo decirlo».
Incluso las plataformas «más grandes» son «actores privados cuyos derechos protege la Primera Enmienda y sus llamadas decisiones de moderación de contenido constituyen ejercicios protegidos de juicio editorial».
En septiembre, la Corte de Apelación del 5º Circuito de EE.UU. se pronunció en sentido contrario, declarando que la ley HB 20 de Texas era constitucional y rechazando la «idea de que las corporaciones tienen un derecho de la Primera Enmienda libre para censurar lo que dice la gente».
La ley de Texas impone limitaciones a la capacidad de las plataformas para moderar el discurso y exige que las empresas ofrezcan información al público.
Trump
El wx presidente Trump presentó un escrito de amistad con la corte en octubre del 2022 instando a la corte a conceder el argumento oral en Moody v. NetChoice.
«La experiencia reciente fomentó una preocupación generalizada y creciente de que las gigantescas plataformas de redes sociales están utilizando su poder para suprimir la oposición política», afirmó en su escrito.
«Esta preocupación es mayor porque las plataformas a menudo ocultan las decisiones de excluir a determinados usuarios y puntos de vista, sin dar ninguna explicación significativa de por qué se excluye a ciertos usuarios mientras que se tolera a otros que publican contenidos equivalentes».
Ohio, Arizona, Missouri, Texas y otros 12 estados argumentaron en un escrito que Internet es la plaza pública de hoy en día y que las plataformas de redes sociales que practican la censura «socavan el libre intercambio de ideas que las protecciones de la libertad de expresión existen para facilitar». La supresión de ideas amenaza «el desarrollo de ideas y descubrimientos importantes, muchos de los cuales comienzan como opiniones marginales».
«Si las empresas de redes sociales tienen derecho absoluto a censurar opiniones impopulares, ¿cuál es el principio limitador?», decía el escrito.
«El sistema no puede funcionar si el público carece de acceso a los medios que permiten a los ciudadanos relacionarse entre sí. Así pues, la censura por parte de las empresas de redes sociales supone una amenaza muy real para el autogobierno efectivo».
En un escrito en el que pide a la Corte Suprema que deje intacta la sentencia del 11º Circuito, NetChoice defiende las políticas de moderación de contenidos de las plataformas.
«La falta de simpatía y seudonimato que permite Internet, junto con la posibilidad prácticamente gratuita de difundir todo tipo de contenidos, dio lugar al spam, el trolling y el veto de los que interrumpen», dice el escrito.
Los sitios web deben ser capaces de aplicar «políticas dirigidas a las expresiones ofensivas, censurables o contrarias a las normas que pretenden preservar».
Estas políticas mantienen las plataformas «seguras y acogedoras para amplias audiencias» e impiden la «incitación a la violencia, la promoción de bromas peligrosas, curas médicas de broma y declaraciones acosadoras», y son exigidas tanto por «usuarios como por anunciantes».
The Epoch Times solicitó comentarios a NetChoice y a los fiscales generales de Texas y Florida.
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