WASHINGTON—Un programa de crédito tributario para estudiantes con necesidades en Montana no debería cerrarse simplemente porque parte del dinero podría terminar en las arcas de las escuelas religiosas privadas, escuchó la Corte Suprema el 22 de enero.
«Lo que estamos diciendo aquí es que … el estado no puede discriminar sobre la base de la religión … [y] eso es lo que están haciendo en este caso», dijo el abogado de los padres en el caso, Richard Komer del Institute for Justice, una firma de abogados de interés público.
El presidente del tribunal, John Roberts, ofició los argumentos orales en el caso, citado como Espinoza v. Departamento de Hacienda de Montana, solo ocho horas después de que terminara de presidir el primer día del juicio de impeachment del presidente Donald Trump al otro lado de la calle en el Senado de los Estados Unidos.
Las peticionarias son tres madres de bajos ingresos que necesitaban los fondos de la beca para mantener a sus hijos en el Stillwater Christian School, una escuela laica en Kalispell, Montana.
El programa otorgaba a individuos y corporaciones un crédito fiscal por dar hasta USD 150 anuales a una organización de becas estudiantiles sin fines de lucro que ayuda a los estudiantes pobres a asistir a escuelas privadas.
Los padres demandaron después de que el Departamento de Hacienda del estado dictaminó que esos fondos de becas no podían utilizarse para escuelas religiosas. Un juez de primera instancia impuso la regla y luego la Corte Suprema de Montana revocó el programa el 12 de diciembre de 2018, declarándolo inconstitucional en una votación de 5 a 2 votos.
El programa, de acuerdo con la corte estatal, permitió a la legislatura estatal «pagar indirectamente la matrícula en escuelas privadas afiliadas a la religión», en contra de la ley de Montana. Debido a que las familias pueden usar las becas en las escuelas religiosas, el programa brindó ayuda a las instituciones religiosas y, por lo tanto, enredó al gobierno con la religión, en contra de la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, junto con las disposiciones de la constitución del estado de Montana que prohíben la ayuda estatal a «escuelas sectarias».
La administración Trump apoyó a los peticionarios en la audiencia.
«La Corte Suprema de Montana no tenía poder bajo la ley federal para invalidar nada», dijo Jeffrey B. Wall, principal procurador general adjunto de Estados Unidos. «Se basó en una disposición constitucional del estado que es incompatible con la cláusula federal de ejercicio libre y se adelanta a ella».
Komer le dijo a la Corte Suprema que el programa «no ayudaba a las escuelas», sino que, de hecho, «ayudaba a los padres».
“Aquí tienes que tomar una decisión sobre los padres. Puedes verlos como simples conductos intrascendentes a través de los cuales fluyen los fondos públicos a las escuelas religiosas que eligen o puedes considerarlos (…) como tomadores de decisiones libres e independientes a quienes se les da el poder de elegir una educación religiosa o una educación secular en escuelas privadas».
Komer dijo que no estaba argumentando que el estado no tenía permitido financiar escuelas públicas.
«Estamos diciendo que cuando la legislatura, cuando el estado toma la decisión de capacitar a los padres para ejercer su derecho a elegir y dirigir la educación de sus hijos, el estado no puede distinguir entre padres que desean una educación religiosa para sus hijos y padres que desean un educación privada secular para sus hijos».
Los jueces Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg parecían defender el fallo de la Corte Suprema de Montana, que, para tomar prestadas expresiones utilizadas durante la audiencia, bajaron el nivel del programa o lo eliminaron, en lugar de subir el nivel del programa, lo que significa que estuviese disponible de uso para todas las escuelas.
Ginsburg sugirió que los padres no tenían legitimación para presentar el caso porque el tratamiento que recibieron no fue diferente del que recibieron otros padres que enviaron a sus hijos a escuelas privadas seculares.
“¿Dónde está el daño?”, dijo ella.
La jueza Elena Kagan agregó: «Debido a la decisión de la Corte Suprema [de Montana], si vas a una escuela religiosa o a una escuela privada secular, estás en el mismo barco en este momento», dijo. «No hay discriminación en este momento, ¿verdad?»
Los jueces Samuel Alito y Brett Kavanaugh hablaron del prejuicio antirreligioso y particularmente antirromano de la llamada Enmienda Blaine, una enmienda fallida a la Constitución de los Estados Unidos que habría prohibido la ayuda directa del gobierno a instituciones educativas con afiliaciones religiosas. A pesar del fracaso de la enmienda a nivel federal, tres cuartos de los 50 estados más tarde adoptaron enmiendas similares en sus constituciones estatales.
Las leyes que prohíben la financiación de las escuelas religiosas «ciertamente tienen sus raíces en (…) la intolerancia religiosa grotesca contra los católicos», dijo Kavanaugh.
Alito desafió a Adam G. Unikowsky, el abogado de Montana.
«¿Realmente quiere argumentar que la razón por la cual gran parte de esto surgió, casualmente, en la década de 1840, en el momento de la hambruna irlandesa de la papa, no tenía nada que ver con la discriminación basada en la religión?»
Unikowsky esquivó la pregunta, diciendo: «Es una historia compleja, y hay buenas razones y hay malas razones, y depende del estado».
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