Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron escépticos ante la afirmación de Wisconsin Bell de que la sobrefacturación alegada por un denunciante no entraba en el ámbito de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas (FCA).
La afirmación se planteó durante los alegatos orales el 4 de noviembre en el caso Wisconsin Bell Inc. vs. Estados Unidos ex rel. Heath.
El denunciante Todd Heath, auditor, presentó una demanda en nombre del gobierno federal.
A veces llamada Ley Lincoln, la FCA se promulgó en 1863 para hacer frente al fraude de los contratistas de defensa durante la Guerra Civil.
Cualquiera que presente a sabiendas reclamaciones falsas al gobierno es responsable del triple de daños y perjuicios más una multa de 2000 dólares por cada reclamación falsa.
El programa E-Rate ayuda a escuelas y bibliotecas a adquirir banda ancha a precios asequibles, según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
El programa, que distribuye hasta 4500 millones de dólares anuales, está gestionado por la Compañía Administrativa de Servicio Universal (USAC) bajo la dirección de la FCC.
Esta organización sin ánimo de lucro fue autorizada por la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996.
E-Rate se financia a través del Fondo de Servicio Universal (USF), que subvenciona los servicios de telecomunicaciones, incluido el servicio de Internet.
El USF se financia con un impuesto sobre el servicio telefónico y lo administra la USAC. El impuesto se recauda mediante cargos por línea que aparecen en las facturas telefónicas mensuales.
Los colegios, distritos escolares y bibliotecas pueden solicitar individualmente o en grupo una subvención en forma de descuento por los servicios.
Los descuentos oscilan entre el 20% y el 90%, dependiendo del nivel local de pobreza y de si la biblioteca o escuela está situada en una zona rural o urbana.
Heath demandó, alegando que el peticionario Wisconsin Bell, filial de AT&T, facturaba en exceso a bibliotecas y escuelas por servicios de telecomunicaciones y luego solicitaba el reembolso a USAC.
El juez de distrito Lynn Adelman concedió el juicio sumario a Wisconsin Bell en marzo de 2022.
Pero la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. revocó esa decisión en agosto de 2023. «Heath identificó suficientes pruebas específicas de precios discriminatorios para permitir que un jurado razonable encontrara que Wisconsin Bell (…) cobró a escuelas y bibliotecas específicas más de lo que cobró a clientes en situación similar», dictaminó la corte.
La corte de apelaciones devolvió el caso a la corte inferior para un juicio.
Wisconsin Bell argumentó en su petición presentada en abril que el Séptimo Circuito se equivocó.
«La Ley de Reclamaciones Falsas es la artillería pesada del Estado administrativo, esgrimida para imponer una responsabilidad punitiva efectiva en forma de daños triplicados y sanciones civiles mínimas obligatorias por infracciones normativas», dice la petición.
El estatuto se promulgó «para proteger los fondos y bienes que pertenecen al público», pero el Séptimo Circuito «apuntó la FCA a las presentaciones hechas a una corporación privada sin ánimo de lucro, que paga fondos privados».
La corte de apelaciones se equivocó al considerar que las solicitudes de reembolso al programa E-Rate eran «reclamaciones» recurribles en virtud de la ley «a pesar de que el programa está financiado exclusivamente por contribuciones de operadores privados y administrado por una entidad privada sin ánimo de lucro».
Esto está en desacuerdo con la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito, que sostuvo en 2014 que la FCA no se aplica a las solicitudes de reembolso en el marco del programa porque «los Estados Unidos no tienen un interés financiero» en cualquier dinero perdido.
La sentencia del Séptimo Circuito también es incompatible con las sentencias de los circuitos Segundo, Tercero y Octavo, que han dictaminado que para que haya responsabilidad en virtud de la FCA, el gobierno debe enfrentarse a una pérdida potencial, argumentó la petición de Wisconsin Bell.
Durante el debate oral del 4 de noviembre, varios jueces se centraron en el hecho de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. proporcionó más de 100 millones de dólares a la USF de 2003 a 2015 para los asentamientos, las deudas y la restitución penal que el gobierno recogió.
La abogada de Wisconsin Bell, Allyson Ho, afirmó que ese dinero no era público, sino que se «debía» a la Compañía Administrativa de Servicio Universal (USAC).
El juez Brett Kavanaugh replicó.
«¿No se podría decir lo mismo de todos los fondos públicos? Los impuestos entran y luego salen para pagar programas gubernamentales», dijo el juez.
«La mayoría del dinero del gobierno proviene de impuestos, algunos de tasas, algunos de arrendamientos, etc.».
«¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con su tratamiento de los 100 millones de dólares y (…) y estamos de acuerdo con el punto de vista del gobierno sobre los 100 millones de dólares?», dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett preguntaron a Ho qué pasaría si la corte rechazaba su argumento con respecto a los 100 millones de dólares.
El juez Clarence Thomas expresó su preocupación al abogado de Heath, Tejinder Singh, sobre cuál era el interés del gobierno.
«Si se hubiera tratado de un fondo asignado y el administrador hubiera sido una agencia federal, este sería… un caso muy sencillo. Sabríamos exactamente cuál es la participación financiera del gobierno», dijo el juez.
«Pero se trata de dinero privado de un particular a otro particular, y es muy difícil ver cuál es el interés financiero del gobierno».
«Estos no parecen fondos federales. Parecen fondos privados».
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso en junio de 2025.
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