El 18 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos prorrogó una suspensión temporal que impide a Texas aplicar una nueva ley que permite a la policía estatal arrestar a inmigrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez Samuel Alito, que supervisa el circuito federal que maneja el caso, prorrogó el lunes una suspensión administrativa del Proyecto de Ley 4 del Senado de Texas que se emitió inicialmente el 4 de marzo y se prorrogó el 12 de marzo para darle tiempo al corte para revisar el caso. La suspensión se prorrogó «en espera de nueva orden» de la corte, según la orden.
La orden es un revés para Texas y otros estados republicanos en su intento por frenar la marea de extranjeros ilegales que consideraban una «invasión».
Estaba previsto que la SB4, promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbot, en diciembre de 2023, entrara en vigor el 5 de marzo. Actualmente, la Corte Suprema está considerando apelaciones de emergencia presentadas por la administración Biden que impugnan la ley.
La ley tipificaba como delito estatal cruzar la frontera entre Texas y México fuera de los puertos de entrada legales. La pena por este delito menor de clase B era de hasta seis meses de cárcel. Sin embargo, los reincidentes podían enfrentarse a cargos de delito grave en segundo grado y hasta 20 años de prisión.
La ley concedía a los jueces margen de maniobra para retirar los cargos si el inmigrante ilegal aceptaba regresar a México.
Se concedía inmunidad civil a las fuerzas del orden y otros funcionarios que hicieran cumplir las disposiciones de la ley, que incluía una disposición para deportar a los infractores.
En su argumento para controlar la inmigración ilegal, Texas invocó la cláusula compacta de la Constitución de Estados Unidos, alegando que los estados tienen derecho a defenderse y protegerse.
“El presidente de Estados Unidos tiene el deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales que protegen a los estados, incluidas las leyes que ya figuran en los libros y que exigen la detención de inmigrantes ilegales”, dijo Abbott, un republicano, en una declaración de febrero después de que una corte inferior emitiera una orden judicial preliminar.
«Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento por parte del presidente Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur», dijo.
Las autoridades fronterizas se han encontrado con más de 9 millones de inmigrantes ilegales entre octubre de 2021 y enero de 2024, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
El presidente Joe Biden canceló las políticas de la era Trump que reducían la inmigración ilegal, como la política de «permanecer en México», que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos hasta que se tramitaran sus solicitudes.
El presidente Biden ha culpado a un sistema de inmigración «quebrado» por la ola de migrantes ilegales que cruzan la frontera sur de EE.UU., pidiendo a los republicanos que apoyen un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que otorgue más fondos y regulaciones para abordar el problema.
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