La Corte Suprema falló el lunes a favor de la policía en dos casos en los que los demandantes argumentaban que los oficiales habían hecho un uso excesivo de la fuerza, anulando las sentencias de tribunales inferiores que permitían demandar a la policía por quejas relacionadas con los derechos civiles.
En dos opiniones (pdf) no firmadas (pdf), la Corte Suprema argumentó que la policía puede ser protegida de la responsabilidad —a menudo conocida como «inmunidad cualificada»— a menos que sea «claro para un oficial razonable» que sus acciones son ilegales. En concreto, el tribunal dictaminó en dos casos de Oklahoma y California que los policías tienen derecho a la inmunidad cualificada, que es una doctrina legal que protege a la policía contra demandas civiles mientras hacen su trabajo.
La Corte Suprema anuló una decisión de un tribunal inferior que determinó que un agente de California que había puesto su rodilla sobre un sospechoso podía ser demandado. Anteriormente, una decisión de un tribunal inferior denegó una solicitud de inmunidad cualificada del oficial de Union City Daniel Rivas-Villegas
Mientras tanto, en el caso de Oklahoma, un tribunal inferior dictaminó que dos policías —Josh Girdner y Brandon Vick— podían ser demandados porque sus acciones supuestamente habían agravado la situación antes de que se produjera el tiroteo mortal contra un hombre que empuñaba un martillo en la ciudad de Tahlequah. La Corte Suprema también anuló ese fallo anterior el lunes.
El 12 de agosto de 2016, Vick y Girdner respondieron a la llamada de una mujer al 911 diciendo que su exmarido, Dominic Rollice, de 49 años, estaba intoxicado en el garaje y no se iba. Un video publicado por la policía de Tahlequah mostró a los dos oficiales pidiendo repetidamente a Rollice que dejara caer un martillo de garra que agarró de la pared del garaje, antes de que Vick y Girdner le dispararan y lo mataran, según The Oklahoman.
Más tarde, la oficina del médico forense del estado dijo que Rollice tenía metanfetamina en su sistema en el momento de la muerte. La oficina del fiscal del condado de Wagoner anunció entonces que no presentaría cargos contra los policías y describió el disparo como justificado.
Sin embargo, el administrador del patrimonio de Rollice presentó una demanda contra Vick y Girdner, alegando que habían hecho un uso excesivo de la fuerza y violado los derechos constitucionales del hombre asesinado.
El Distrito Este de Oklahoma dictaminó finalmente que los oficiales gozaban de inmunidad cualificada. Pero el pasado mes de diciembre, el Tribunal de Apelación del 10º Circuito de EE.UU. dictaminó que «un jurado razonable podría encontrar hechos por los que los policías Vick y Girdner no tendrían derecho a la inmunidad cualificada».
En octubre del año pasado, el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de EE.UU. de San Francisco reinstauró una demanda contra Rivas-Villegas, quien se arrodilló sobre la espalda de Ramón Cortesluna cuando éste yacía en el suelo a la espera de ser detenido por haber amenazado supuestamente a su novia, según el San Francisco Chronicle.
Tras la muerte de George Floyd, que provocó disturbios y protestas en todo el país, los demócratas de izquierda de la Cámara de Representantes argumentaron que la doctrina de la inmunidad cualificada debía ser eliminada por completo o reformada.
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