El 21 de agosto, la Corte Suprema de Florida aprobó una advertencia que acompañará una propuesta de enmienda constitucional que garantizaría el acceso al aborto antes de la viabilidad fetal o cuando el procedimiento se considere necesario para proteger la salud de una mujer embarazada.
A los votantes que se pronuncien en noviembre sobre la Enmienda para Limitar la Interferencia del Gobierno en el Aborto se les advertirá que la propuesta, en caso de ser aprobada, «daría lugar a un número significativamente mayor de abortos y a un menor número de nacidos vivos al año en Florida».
La advertencia también afirma que «hay incertidumbre sobre si la enmienda requerirá que el estado subvencione abortos con fondos públicos» y que «el litigio para resolver esas y otras incertidumbres dará lugar a costos adicionales para el gobierno del estado y las cortes estatales que tendrán un impacto negativo en el presupuesto del estado».
La advertencia forma parte de una declaración de impacto financiero que se revisó en julio después de que la Corte Suprema de Florida dijera a principios de año que la prohibición estatal del aborto de 15 semanas de 2022 es legal, allanando el camino para que la prohibición estatal de seis semanas —aprobada en 2023— entre en vigor un mes después.
La advertencia acompañará la enmienda propuesta, que dice que «ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente».
Los defensores de la iniciativa electoral afirmaron que tanto la declaración de impacto financiero original como la actualizada, redactadas por una conferencia que incluye a funcionarios estatales y miembros del personal de la legislatura estatal, no describían con precisión la enmienda propuesta y que la corte debía ordenar a la conferencia que redactara una nueva declaración.
La declaración actualizada «a primera vista viola el precedente de esta corte en parte por su inclusión de especulaciones sobre el efecto de futuros litigios», dijo en una petición el patrocinador de la iniciativa, Floridians Protecting Freedom, y Sara Latshaw, su autora, a la Corte Suprema de Florida.
Los jueces dijeron en un fallo de 6-1 que rechazaron la petición, porque Floridians Protecting Freedom participó en el proceso de la conferencia que culminó con las declaraciones «sin cuestionar u objetar la autoridad de la conferencia para emitir una declaración de impacto financiero revisada por iniciativa propia».
«Por esa razón básica», escribió el presidente de la Corte Suprema, Carlos Muñiz, «los peticionarios renunciaron o perdieron toda pretensión razonable de obtener una reparación extraordinaria de esta corte».
A él se unieron los jueces Charles Canady, John Couriel, Renatha Francis, Jamie Grosshans y Meredith Sasso.
Francis dijo en una opinión concurrente que la corte podría reconsiderar la aceptación de peticiones similares en el futuro.
El juez Jorge Labarga dijo en una opinión disidente que la corte omitió pronunciarse sobre cuestiones relativas a si los legisladores republicanos tenían autoridad para volver a convocar la conferencia y si ésta podía emitir la declaración actualizada.
«El razonamiento de la mayoría, expone el dilema en el que se colocó a los peticionarios una vez que se ordenó a la conferencia de estimación que volviera a reunirse, y así lo hizo». «Como patrocinador de la enmienda, Floridians Protecting Freedom tenía derecho a contribuir al proceso de reconsideración y revisión de la declaración de impacto financiero», escribió.
«Si los peticionarios no hubieran participado en el proceso, perderían la oportunidad de participar y de influir potencialmente en el producto final. Como participaron, ahora se les penaliza y sus argumentos se consideran renunciados o perdidos».
En una declaración a los medios de comunicación, Lauren Brenzel, directora de Floridians Protecting Freedom, calificó la declaración de engañosa y destinada a confundir a los votantes.
«A pesar de la decisión de hoy, un ‘sí’ a la Enmienda 4 todavía significa sacar a los políticos de nuestras salas de examen para que las mujeres sean libres de tomar sus propias decisiones de atención médica con sus médicos», dijo Brenzel.
Los legisladores de Florida que volvieron a convocar la comisión aún no respondieron a la sentencia.
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