La Corte Suprema de Florida falló a favor del gobernador Ron DeSantis y de otros funcionarios estatales en una disputa sobre su defensa contra una propuesta de enmienda a la Constitución del estado que limitaría la participación del gobierno en asuntos relacionados con el aborto.
En una decisión unánime el 10 de octubre, el alto tribunal rechazó una petición presentada por el residente de Florida Adam Richardson, quien alegó que DeSantis y otros utilizaron ilegalmente sus capacidades oficiales y recursos estatales para influir en los votantes en contra de la Enmienda 4.
La enmienda tiene como objetivo evitar que el estado de Florida promulgue leyes que penalicen o restrinjan el acceso al aborto antes de la viabilidad, definida en los estatutos de Florida como cuando la vida de un feto es “sostenible fuera del útero”, y en los casos en que es “necesario para proteger la salud del paciente”. A principios de este año, una corte aprobó su inclusión en la papeleta electoral y está previsto que se someta a votación pública el 5 de noviembre, con una mayoría del 60 por ciento necesaria para su aprobación.
La petición de Richardson alegaba que DeSantis, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el secretario de la Agencia para la Administración de la Atención Sanitaria de Florida (AHCA), Jason Weida, violaron las leyes estatales contra la interferencia electoral al hacer declaraciones públicas y publicaciones en el sitio web de la AHCA que buscaban persuadir a los floridanos a votar en contra de la enmienda.
Sin embargo, la Corte Suprema de Florida falló en contra de Richardson, al considerar que su petición carecía del debido fundamento jurídico y que las acciones que impugnaba entraban dentro de la autoridad discrecional de los funcionarios.
Los magistrados determinaron que la petición de Richardson para un auto de mandamus (un tipo de orden judicial utilizada para obligar a una acción oficial que es legalmente obligatoria y no discrecional) iba más allá del uso tradicional de dicha reparación.
“El peticionario busca una reparación muy lejos del alcance tradicional del mandamus”, escribieron los jueces. “Impugna un ejercicio fundamentalmente discrecional del poder ejecutivo sobre la base de que transgrede una prohibición penal o reglamentaria”.
El tribunal hizo hincapié en que el mandamus no está pensado para abordar acciones ejecutivas que impliquen juicio o discrecionalidad, especialmente cuando existen otras vías legales para abordar la cuestión, como la ejecución civil o el enjuiciamiento penal.
Además, los jueces encontraron que Richardson no pudo probar un derecho legal específico que obligara a DeSantis y a los otros funcionarios a tomar una acción en particular o que no cumplieron con su deber legal.
“No ha establecido ningún derecho legal claro en el que pueda insistir en que cualquiera de los demandados ha incumplido su deber de actuar y, a la luz de los estatutos que prevén el enjuiciamiento penal o la ejecución civil, no puede demostrar que no hay otro remedio para el supuesto agravio”, escribieron los jueces.
La decisión de la corte significa que DeSantis, Moody y otros funcionarios pueden continuar su defensa pública contra la enmienda del aborto.
Richardson, un abogado con sede en el condado de Palm Beach que se representó a sí mismo en el desafío legal, no respondió a una solicitud de comentarios.
Liberty Counsel, un grupo de defensa conservador que presentó un escrito amicus curiae en el caso en apoyo de DeSantis y los demás, argumentó que los funcionarios públicos tienen el derecho de la Primera Enmienda a hablar en sus capacidades oficiales sobre cuestiones de interés público.
“La enmienda sobre el aborto de Florida podría tener un efecto devastador en los residentes del estado si se aprueba”, dijo Mat Staver, fundador y presidente del grupo, en un comunicado. “La participación del gobernador DeSantis y de la fiscal general Ashley Moody en el debate público sobre la enmienda 4 no solo es permisible, sino que es esencial. No pueden ignorar su obligación de educar al público sobre esta engañosa y extrema enmienda abortista”.
Por el contrario, Floridians Protecting Freedom, una coalición de grupos que apoya la enmienda, ha argumentado que las actuales restricciones al aborto en Florida han tenido “graves repercusiones” en los floridanos, que “merecen la libertad de tomar decisiones médicas personales, libres de la intromisión del gobierno”.
Actualmente, la ley de Florida prohíbe el aborto después de seis semanas de gestación, con excepciones sólo si dos médicos confirman que es necesario para salvar la vida de la mujer o evitar riesgos graves para su salud, o si se presentan pruebas de violación, incesto o trata de seres humanos antes de las 15 semanas.
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