La Corte Suprema falló votando 7-2 a favor de un delincuente restringiendo una ley federal que ordena penas significativamente mayores para los delitos que involucran un arma de fuego.
La decisión adoptada el 21 de junio se produjo en un momento en el que la legislación sobre el control de armas avanza en el Congreso tras una serie de tiroteos masivos ampliamente difundidos. Al mismo tiempo, los estadounidenses están a la espera de la sentencia del alto tribunal en otro caso relacionado con las armas de fuego que pone en tela de juicio el estricto sistema de permisos de porte oculto de armas del Estado de Nueva York.
El caso legal referido por la corte es el de Justin Eugene Taylor, quien se dedicaba al comercio de marihuana en Richmond, Virginia. El 14 de agosto de 2003, se ofreció a obtener la droga para un distribuidor, pero en su lugar intentó robarle. La víctima se resistió y el cómplice de Taylor le disparó mortalmente. Los fiscales federales acusaron a Taylor en virtud del artículo 18 U.S.C. 924(c), que castiga a todo aquel que «utilice o porte un arma de fuego» «durante y en relación con cualquier delito de violencia», o que posea un arma de fuego «para promover dicho delito», según los documentos judiciales.
Un «delito de violencia» se define como un delito que tiene «como elemento el uso, el intento de uso o la amenaza de uso de la fuerza física contra la persona o la propiedad de otro». Una condena conlleva una pena mínima de cinco años de prisión.
Los fiscales basaron la acusación del artículo 924(c) en la comisión por parte de Taylor de un intento de robo según la Ley Hobbs. La Ley Hobbs castiga el robo o la extorsión que tiene un efecto en el comercio interestatal. Los fiscales llegaron a un acuerdo con Taylor, quien aceptó declararse culpable de la acusación y de la conspiración para cometer el robo de la Ley Hobbs. Taylor reconoció que el intento de robo era un «delito de violencia» según la cláusula residual del 924(c). La cláusula residual establece que «un delito de violencia puede incluir también cualquier delito que, ‘por su naturaleza’, implique ‘un riesgo sustancial’ de fuerza física».
Un tribunal federal de distrito aceptó la declaración de culpabilidad de Taylor por un cargo en virtud del artículo 924(c) y otro en virtud de la Ley Hobbs y lo condenó a 30 años, una década más de lo que podría haber recibido solo por su condena en virtud de la Ley Hobbs. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 4º Circuito rechazó su apelación en 2011.
En 2015, la Corte Suprema anuló parte de la Ley de Delincuencia a Mano Armada (ACCA) por considerarla inconstitucionalmente vaga en el caso Johnson vs. Estados Unidos. En 2016, el alto tribunal sostuvo en el caso Welch vs. Estados Unidos que el caso Johnson podía aplicarse retroactivamente. Citando a Johnson y Welch, Taylor apeló al tribunal de circuito, argumentando que la cláusula residual de ACCA era paralela a la cláusula residual de 924(c) y que, por lo tanto, esta última también era inconstitucionalmente vaga. También argumentó que la tentativa de robo conforme a la Ley Hobbs no constituía un «delito de violencia» en virtud de la cláusula de elementos del 924(c) porque carecía «como elemento el uso, el intento de uso o la amenaza de uso de la fuerza física».
Esta vez el 4º Circuito anuló la condena de Taylor por el 924(c).
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema en el caso Estados Unidos vs. Taylor, expediente judicial 20-1459, votó para confirmar la decisión del tribunal de circuito y dictaminó que el intento de robo según la Ley Hobbs no es necesariamente un delito de violencia y, por lo tanto, Taylor no debería haber recibido la sentencia más larga.
La decisión (pdf), escrita por el juez Neil Gorsuch, fue acompañada por tres jueces conservadores y tres liberales.
«Sencillamente, ningún elemento de la tentativa de robo de la Ley Hobbs requiere la prueba de que el acusado usó, intentó usar o amenazó con usar la fuerza», escribió Gorsuch. Taylor puede recibir 20 años bajo la Ley Hobbs, pero «el Congreso no ha autorizado a los tribunales a condenarlo y sentenciarlo a una década de prisión adicional bajo» la ley 924(c).
Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas escribieron opiniones discrepantes por separado.
El fallo «ejemplifica cómo el ‘enfoque categórico’ de este Tribunal ha llevado al Poder Judicial Federal a un ‘viaje a través del espejo’, durante el cual hemos encontrado muchas ‘cosas extrañas'», escribió Thomas, haciendo referencia a las clásicas novelas de fantasía de Lewis Carroll, «Alicia en el país de las maravillas» y «A través del espejo».
«En lugar de continuar esta excursión de 30 años en el absurdo yo haría responsable a Taylor de lo que realmente hizo y mantendría su condena».
La abogada de Taylor, la defensora pública federal adjunta Frances H. Pratt, celebró la opinión del tribunal.
«Nos complace saber que la Corte Suprema ha fallado a favor de nuestro cliente y esperamos que la decisión le ayude no solo a él, sino también a otras personas condenadas por violaciones del § 924(c) basadas en intentos de robo según la Ley Hobbs», dijo a The Epoch Times por correo electrónico.
«Vamos a declinar hacer comentarios sobre las decisiones dictadas ayer», dijo Danielle Blevins, del Departamento de Justicia de EE. UU., por correo electrónico.
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