El 25 de junio, la Corte Suprema del estado de Georgia declaró procedente la destitución de una juez de la Corte de Sucesiones, apartándola oficialmente del cargo e impidiéndole volver a presentarse a las elecciones durante siete años.
La decisión se tomó tras numerosas presuntas violaciones del Código de Conducta Judicial por parte de la jueza del Tribunal Sucesorio del Condado de Douglas, Christina Peterson. El condado de Douglas está al oeste del condado de Fulton en el área metropolitana de Atlanta.
La Comisión de Calificaciones Judiciales de Georgia (JQC) había acusado a la juez Peterson de un patrón de mala conducta judicial, lo que dio lugar a que el Panel de Audiencia la declarara culpable de 28 de los 30 cargos, autorizándose las penalizaciones para 20 de estos cargos en virtud de la Constitución de Georgia.
La jueza Peterson, que fue admitida en el Colegio de Abogados de Georgia en 2013, calificó para postularse para el puesto de juez en 2020. Ganó las elecciones primarias y generales, y su mandato comenzó el 29 de diciembre de 2020.
En septiembre de 2021, el JQC presentó cargos formales en su contra, alegando múltiples violaciones al Código de Conducta Judicial. Los cargos fueron modificados en febrero y julio de 2022 y culminaron en 50 cargos de mala conducta.
Durante las audiencias, se desestimaron 20 cargos, quedando 30 para la consideración del panel. El informe y la recomendación del panel del 31 de marzo concluyeron que la juez Peterson había violado múltiples reglas del Código de Conducta Judicial y recomendó la destitución de su cargo.
La juez cuestionó las conclusiones argumentando que el panel no había demostrado una conducta sancionable, un argumento con el que el tribunal superior no estuvo de acuerdo esta semana cuando la encontró culpable de una docena de violaciones judiciales para las cuales se autorizaban medidas disciplinarias.
“También hemos determinado que las contravenciones por las violaciones a estas reglas por parte de la juez Peterson están constitucionalmente permitidas porque sus acciones constituyeron una mala conducta intencional en el cargo o una conducta perjudicial para la administración de justicia que desprestigia el cargo judicial”, señaló el dictamen del tribunal.
Explicaron además que estaban de acuerdo con la opinión del panel de que “las violaciones en cuestión, vistas individualmente, probablemente no justificarían la sanción de destitución del cargo”, pero un patrón de mala conducta había “abarcado casi toda la carrera judicial de la juez Peterson”.
El tribunal enfatizó la necesidad de mantener altos estándares dentro del poder judicial.
La Corte Suprema consideró que los cargos de los que se le acusa a la juez Peterson, como obstruir el acceso de la JQC a los registros públicos, no estaban probados con pruebas claras y convincentes.
Presunta mala conducta
El área de mala conducta más importante tuvo que ver con el manejo por parte de la juez Peterson de un caso de desacato penal.
Una peticionaria, ciudadana estadounidense naturalizada nacida en Tailandia, intentó modificar una solicitud de licencia de matrimonio que había presentado ante el Tribunal Testamentario del condado de Douglas en mayo de 2016.
Su objetivo era corregir el nombre que figuraba como el de su padre en la solicitud. La juez Peterson emitió un “Aviso de juicio o audiencia” para que la peticionaria asistiera a una audiencia en persona el 24 de agosto de 2021, sin mencionar ningún cargo de desacato ni informar a la peticionaria sobre su derecho a un abogado.
En la audiencia, la juez Peterson concluyó que el certificado de nacimiento traducido de la peticionaria era ficticio y fraudulento.
A pesar de la explicación de la peticionaria de que mencionó el nombre de su tío en lugar del de su padre, la juez Peterson la declaró culpable de desacato y la condenó a 20 días de cárcel con la opción de purgar el desacato pagando una multa de 500 dólares después de cumplir 2 días de cárcel.
El panel de audiencia encontró que el fallo de desacato de la juez Peterson era infundado, injustificado y carecía del debido proceso, ya que había predeterminado la culpabilidad del peticionario sin notificación ni audiencia adecuada.
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