Abogados y jueces discutieron durante una audiencia del 2 de octubre sobre si “y” siempre significa “y”, tras la presentación de un caso ante la Corte Suprema de un traficante de drogas condenado que esperaba reducir su sentencia en virtud de la Ley del Primer Paso de 2018.
El caso, Pulsifer vs. Estados Unidos (expediente judicial 22-340), fue escuchado en el primer día del nuevo período de audiencias de la corte.
La Ley del Primer Paso, una medida bipartidista aprobada por el Congreso y firmada por el entonces presidente Donald Trump en 2018, reformó aspectos del sistema de justicia penal, facilitando a las cortes a reducir las penas para los infractores de drogas no violentos.
Cuando promulgó la Ley del Primer Paso, el presidente Trump dijo que constituía “un momento increíble” para la “reforma de la justicia penal”. Destacó las reformas de sentencia incluidas en él, diciendo que “los estadounidenses de todo el espectro político pueden unirse en torno a una legislación de reforma penitenciaria que reducirá el crimen y al mismo tiempo dará a nuestros conciudadanos una oportunidad de redención, de modo que si algo sucede y cometen un error, obtendrán una segunda oportunidad en la vida”.
Aunque el presidente Trump considera que la legislación es uno de sus logros característicos, no es popular entre algunos republicanos conservadores.
Por ejemplo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien, al igual que el presidente Trump, busca la nominación presidencial del Partido Republicano para 2024, dijo a principios de este año que derogaría la ley, a la que llamó “un proyecto de ley de fuga de la cárcel”.
“Si uno está en la cárcel, debe cumplir su condena, y la idea de que están liberando a personas que no han sido rehabilitadas tempranamente, para que puedan aprovecharse de personas de nuestra sociedad, es un error enorme, enorme”, dijo el gobernador.
Aunque pueda parecer un tema trivial para ser discutido en la corte más alta del país, el significado de “y” en la legislación de reforma penal podría tener consecuencias en el mundo real para los acusados condenados por ciertos delitos relacionados con las drogas.
«Válvula de seguridad»
Según la disposición de “válvula de seguridad” del estatuto, los jueces pueden ignorar las sentencias mínimas obligatorias cuando los acusados condenados por delitos no violentos relacionados con drogas presentan solo un historial criminal limitado. En tales casos, los jueces pueden seguir las pautas de sentencia establecidas, más indulgentes.
La disposición incluye tres requisitos relacionados con los antecedentes penales de la persona.
Los jueces están considerando si los acusados dejan de calificar para la válvula de seguridad si cumplen solo uno de los criterios o si deben cumplir los tres. Hay puntuaciones asignadas a las infracciones.
Los acusados son elegibles si no tienen un historial criminal extenso, un delito grave previo” y “un delito violento previo”.
15 años de prisión por tráfico de drogas
El peticionario, Mark Pulsifer, se declaró culpable en una corte federal de distrito de Iowa de un cargo de distribución de 50 gramos o más de metanfetamina, en contra de la ley federal. Debido a que anteriormente fue condenado por un delito grave relacionado con drogas, la pena mínima legal para el nuevo delito fue de 15 años de prisión.
El Sr. Pulsifer argumentó que, según la Ley del Primer Paso, era elegible para ser sentenciado según las pautas de sentencia y sin tener en cuenta el mínimo legal de 15 años. Según la ley, su caso sería evaluado según un sistema basado en puntos de antecedentes penales.
La corte de distrito rechazó el argumento de la Ley del Primer Paso, y lo condenó bajo una autoridad diferente a 162 meses, o 13.5 años, de prisión, seguidos de 10 años de libertad supervisada.
El Sr. Pulsifer apeló, argumentando que la corte se equivocó al no aplicar el rango de directrices que habría estado en vigor si no hubiera un mínimo legal.
El Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos confirmó el fallo de la corte de primera instancia en julio de 2022.
El abogado de Pulsifer, Shay Dvoretzky, planteó una pregunta retórica en un escrito que presentó ante la corte:
“En otras palabras, ¿un acusado es elegible para el alivio de la válvula de seguridad siempre que no tenga los tres (A), (B) y (C), o es elegible solo si no tiene (A) , (B) o (C)?”
“El significado simple, el contexto y el propósito (sin mencionar la navaja de Occam) apuntan a la misma conclusión: ‘Y’ significa ‘y’”.
«Los angloparlantes comunes entienden que ‘y’ significa ‘y’, no ‘o'», escribió.
En el alegato oral del 2 de octubre, el Sr. Dvoretzky dijo:
“La lectura natural de la Sección 3553(f)(1) es que ‘y’ significa ‘y’. Reúne criterios enumerados. Para ser elegible para la válvula de seguridad, un acusado no debe tener (A), (B) y (C), los tres. Eso es lo que dice la gramática ordinaria y el texto que la rodea lo confirma”.
“El gobierno necesita que ‘y’ signifique ‘o’ o necesita que la corte inserte las palabras ‘no tenga’ en el estatuto tres veces. Pero pedir una reescritura no es una interpretación legal”, dijo el abogado.
La jueza Elena Kagan respondió.
“Cuando miramos este estatuto, quiero decir, ¿no es más probable que lo que haya sucedido aquí sea que el Congreso tomó una decisión de redacción completamente ordinaria que decía que no tiene A, no tiene B y no tiene C? ¿Quién escribe así?
«Lo que normalmente hacemos es intentar que la escritura sea eficiente y no repetitiva, por lo que sacamos términos que se aplican a todo y los ponemos en un formato en el que no tengamos que seguir repitiéndolos», dijo la jueza Kagan.
“No seguimos repitiendo un verbo cuando el verbo se aplica a todo. Entonces eso es lo que hizo el Congreso aquí. Simplemente, eliminó el – en lugar de decir ‘no tiene’ tres veces, lo sacó y lo puso en un lenguaje introductorio, seguido de tres cosas que no debería tener”.
La administración Biden argumentó que cualquier delito que coincida con los criterios significa que los acusados no cumplirían con los requisitos de la válvula de seguridad.
El abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Frederick Liu, indicó que: «‘y’ es un conjuntivo (…) la pregunta es ¿qué une ‘y’?».
El juez Ketanji Brown Jackson, que solía trabajar para la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, dijo que hay mucho en juego para los acusados criminales.
“Aprecio que ‘y’ a veces pueda significar ‘o’, pero esto no es una conversación. Este es un estatuto. Es un estatuto penal con enormes implicaciones para las vidas y el bienestar de las personas que pasan por el sistema”.
El juez Samuel Alito expresó su frustración.
“Supongo que todos los que están hoy en esta sala de la corte hablan inglés, y todo lo que estamos tratando de hacer es entender algunas palabras en inglés”, dijo el juez.
«Esto simplemente me parece que muchos de estos argumentos que hemos escuchado, yo creo, la gente aquí que no ha estudiado el caso debe pensar (…) esto es una gerigonza».
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