El 5 de julio, la Corte Suprema de Kansas anuló dos leyes que regulaban el aborto, reafirmando su postura respecto a que la constitución del estado confiere el derecho al procedimiento.
La Corte determinó en dos casos separados que una ley de 2011, que imponía estrictos requisitos de licencia a los centros de aborto y una prohibición de 2015 a los abortos por dilatación y evacuación, infringían el derecho constitucional de la mujer a la autonomía personal.
Las opiniones mayoritarias citaron la controvertida decisión de la Corte de 2019 de que los “derechos naturales iguales e inalienables” establecidos en la Sección 1 de la Declaración de Derechos de Kansas incluyen el derecho a la autonomía personal y, por extensión, el aborto.
La decisión de los jueces se produce a raíz de la decisión Dobbs de junio de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho nacional al aborto creado por su fallo de 1973 en Roe vs Wade.
El procurador general de Kansas, Anthony Powell, argumentó en marzo que la Corte Suprema del estado debería “revisar” el asunto a la luz de Dobbs y devolverlo al pueblo.
Pero el juez Dan Biles contraatacó y señaló: “Ya lo hemos hecho en Kansas”.
Apenas dos meses después de que se conociera la decisión de Dobbs, los votantes de Kansas rechazaron una enmienda constitucional que buscaba aclarar que su constitución no incluye el derecho al aborto y que la Legislatura tiene la autoridad de aprobar leyes que regulen el procedimiento.
“En agosto votamos, y por una mayoría abrumadora, para rechazar la posibilidad de modificar la Constitución. Creo que ese es el tema candente”, dijo la jueza Biles.
La jueza Biles se unió a la mayoría en ambas decisiones.
El juez Caleb Stegall, la única voz disidente, criticó a la mayoría por participar en “políticas arbitrarias diseñadas para consagrar solo [énfasis en el original] derechos preferidos por la Corte en las garantías del artículo 1”.
Al señalar que “docenas” de otras leyes regulan lo que una persona puede elegir que hacer con su cuerpo desde la legalidad, el juez Stegall predijo que “una franja masiva de la acción gubernamental” ahora estaría sujeta al “estándar de constitucionalidad más riguroso y exigente: un escrutinio estricto”.
No era él el único juez con dudas.
Si bien la jueza Evelyn Wilson se unió a ambas mayorías, explicó en una opinión concurrente que tomó sus decisiones por deferencia al precedente de 2019 y porque los votantes ya habían intervenido.
En cuanto a si la Constitución de Kansas establece derechos a la autonomía personal o al aborto, el juez Wilson dijo que las respuestas a esas preguntas aún no estaban claras.
Uno de los dos casos que decidió la Corte fue una continuación del caso de 2019, en el que la Corte también estableció que las leyes estatales que regulan el aborto están sujetas a un escrutinio estricto.
En ese momento, los magistrados remitieron el caso a la corte de distrito para que aplicara ese criterio a fin de determinar si la prohibición de 2015 a los abortos por dilatación y evacuación (un procedimiento que implica el desmembramiento del feto) era ilegal. La corte de distrito determinó posteriormente que ese era el caso y sostuvo que no había “alternativa razonable” a ese método.
El segundo caso fue una demanda que cuestionaba los nuevos requisitos de licencia para las clínicas de aborto, incluidas inspecciones sorpresa anuales, que todos los abortos sean realizados por médicos con privilegios clínicos en un hospital cercano, que las píldoras abortivas se administren en persona y en presencia del médico que las prescribe, y que todos los abortos después de las 22 semanas se realicen en un hospital o centro quirúrgico ambulatorio.
La ley de Kansas actualmente permite los abortos hasta las 22 semanas de embarazo, después de las cuales el procedimiento está prohibido excepto en casos de emergencia médica. Para que el procedimiento se realice en una persona menor de edad, el proveedor de abortos debe obtener el consentimiento por escrito tanto de la menor como de un padre o tutor.
Otras restricciones aprobadas por la Legislatura estatal liderada por los republicanos, incluido un período de espera obligatorio de 24 horas, siguen estancadas en impugnaciones legales.
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