La Corte Suprema mantuvo el jueves una ley de Florida que exige a los delincuentes pagar multas antes de votar.
«La orden de esta Corte impide que miles de votantes elegibles participen en las elecciones primarias de Florida simplemente porque son pobres», escribió la juez Sonya Sotomayor (pdf). Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan discreparon con la opinión de la mayoría.
Ella describió el mandato como un «muro de pago para el votante», y agregó que la «inacción de la Corte Suprema continúa una tendencia de tolerar la privación de derechos».
La medida evitará que algunos votantes se registren en las primarias de agosto de Florida y posiblemente en las elecciones de noviembre.
Los abogados del gobernador republicano Ron DeSantis habían argumentado que Florida se vería «irreparablemente perjudicado» si se «reincorporaba una orden judicial evidentemente errónea, permitiendo que cientos de miles de votantes no aptos participen en las próximas elecciones, una de las cuales está a solo un mes de distancia», según TampaBay.com.
El caso involucró una iniciativa de 2018 donde los votantes pusieron fin a la privación permanente del derecho de voto de los delincuentes que habían completado sus condenas. Muchos otros estados tienen medidas similares.
Hasta ese año, a los delincuentes condenados no se les permitía votar en Florida. Luego, DeSantis firmó un proyecto de ley, que incluía la disposición que las personas anteriormente encarceladas también deben pagar sus obligaciones financieras legales, como la restitución a las víctimas, los honorarios de los tribunales y multas. La legislatura controlada por los republicanos promulgó la disposición que incluía el pago de restitución, honorarios, costos y multas.
El acceso a las urnas de Florida ha estado en el centro de innumerables disputas legales, lo cual subraya el importante papel que juega el estado en la determinación del equilibrio de poder no solo en Florida sino también en Washington. Con márgenes delgados que a menudo deciden carreras clave, el resultado de la batalla legal podría tener profundas ramificaciones porque se estima que los 774,000 delincuentes privados de sus derechos representan un bloque significativo, de acuerdo con un análisis de The Associated Press.
Muchos de los delincuentes del estado son negros y presumiblemente demócratas.
A principios de mes, el Centro Legal sobre la Pobreza Sureña; de tendencia izquierdista, junto con otras organizaciones que representan a delincuentes, le pidieron al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, que dejara de lado la suspensión.
«Con los plazos de registro inminentes y las primarias que se celebrarán el próximo mes, la urgencia aumenta», dijo Nancy Abudu, directora legal adjunta del Centro Legal sobre la Pobreza Sureña, según The Associated Press. «Solicitamos a la Corte Suprema que mantenga la orden de la corte de distrito que establece pautas claras y directas a seguir para el estado y los condados luego de meses de retraso por parte del estado, para que todos los floridanos elegibles puedan emitir su voto en las elecciones de 2020».
El juez Robert L. Hinkle, de la Corte del Distrito Federal en Tallahassee, había emitido un mandato preliminar antes que un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el 11º Circuito hiciera eco de su fallo.
«El Estado de Florida ha adoptado un sistema bajo el cual a casi un millón de ciudadanos elegibles se les permitirá votar solo si pagan una cantidad de dinero», escribió Hinkle. “La mayoría de los ciudadanos carecen de los recursos financieros para realizar el pago requerido. Muchos no saben, y algunos no podrán saber cuánto deben pagar”. Hinkle argumentó que es un «sistema de pago por voto».
The Associated Press contribuyó a este informe.
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