La Corte Suprema de Montana confirmó el bloqueo temporal a la legislación que restringe el acceso al aborto, mientras se desarrolla un litigio en las cortes inferiores.
Cuatro proyectos de ley y una norma administrativa sobre el acceso al aborto, aprobados en 2023, fueron sometidos a una medida cautelar por el juez Mike Menahan, de la Corte del Primer Distrito Judicial de Helena, mientras prosigue el litigio sobre su constitucionalidad.
El estado argumentó que la Corte de Distrito abusó de su discreción al emitir una orden judicial, pero la Corte Suprema del estado no estuvo de acuerdo en ambos casos.
En dos dictámenes distintos emitidos el 9 de octubre por la jueza de la Corte Suprema Ingrid Gustafson, el tribunal dictaminó que Menahan había actuado correctamente al dictar la orden judicial.
En el primer caso, Planned Parenthood de Montana y un médico impugnaron el proyecto de ley 721 de la Cámara de Representantes, que pretendía prohibir los abortos por dilatación y evacuación e imponer sanciones penales a los proveedores que los practicaran. También impugnaron el proyecto de ley 575 de la Cámara, que prohibía el aborto de cualquier feto viable salvo para salvar la vida de la embarazada, exigiendo una ecografía revisada por un médico antes de poder continuar con el procedimiento.
Gustafson dijo que la HB 575 implica el derecho a la intimidad protegido por la Constitución de EE.UU. y “sobrecarga a los pacientes al exigirles que se sometan al tiempo y los gastos de un procedimiento médicamente innecesario y obliga a una visita en persona en un procedimiento que se ha hecho con seguridad a través de la telesalud durante años”.
“El gobierno no sufre ningún perjuicio por una medida cautelar que simplemente pone fin a prácticas inconstitucionales y que una medida cautelar que prohíba las leyes HB 575 y HB 721 es de interés público porque siempre es de interés público impedir una violación a los derechos constitucionales de una parte”, escribió el juez Gustafson en ambas opiniones.
En el segundo caso, Planned Parenthood y varias clínicas y profesionales sanitarios impugnaron la legalidad de restringir los servicios de aborto a las pacientes de Medicaid.
En 2023, el organismo encargado del programa estatal de Medicaid, el Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos de Montana, adoptó una norma que prohibía la cobertura del aborto por parte de profesionales sanitarios que no fueran médicos.
Al igual que la norma, los otros dos proyectos de ley en disputa, el proyecto de ley 544 y el proyecto de ley 862, imponían más restricciones a la cobertura para abortos de Medicaid. La HB 862 limitaba el uso de fondos públicos para procedimientos de aborto a menos que el embarazo fuera resultado de violación, incesto o pusiera en peligro la vida de la paciente.
“Las disposiciones impugnadas presentan directivas legislativas (o, en el caso de la norma, ejecutivas) que infringen directamente el derecho a la intimidad, a la igualdad de protección de las leyes y al aborto antes de la viabilidad, y ninguna aborda un riesgo para la salud reconocido médicamente y de buena fe”, escribió Gustafson en una orden separada.
El juez Jim Rice discrepó.
“La Corte de Distrito no aplicó la presunción de constitucionalidad a los proyectos de ley impugnados, no dio crédito a nuestro precedente de que no existe un derecho fundamental a recibir prestaciones de Medicaid y no reconoció que no existe un derecho constitucional concomitante a la financiación pública de una opción privada”, escribió Rice. “No creo, por las razones anteriores y en consonancia con la autoridad citada anteriormente, que los demandantes hayan cumplido con su carga de demostrar la probabilidad de éxito en cuanto al fondo. Yo revocaría la medida cautelar”.
En una declaración del 9 de octubre, el gobernador de Montana, Greg Gianforte, criticó la conclusión de la Corte Suprema sobre los proyectos de ley relacionados con Medicaid, haciendo referencia a la antigua Enmienda Hyde, que prohíbe el uso de dólares de los contribuyentes federales para abortos electivos.
“Creo que toda vida es preciosa y debe ser protegida. Estoy profundamente decepcionado por la decisión de la Corte”, dijo Gianforte. “El juez Rice tiene razón en su disidencia: la Corte ignoró su propio precedente, y no hay derecho constitucional a la financiación pública a una elección privada”.
Planned Parenthood de Montana, junto con la Clínica Blue Mountain y All Families Healthcare, emitieron una declaración conjunta aplaudiendo las decisiones del tribunal.
“Nos sentimos aliviados de que estas restricciones médicamente innecesarias no serán una barrera para los montaneses que tratan de acceder a la atención de la salud reproductiva”, dijeron los grupos. “Los políticos no tienen cabida en las salas de examen y estamos decididos a defender el derecho de los habitantes de Montana a la privacidad: confiamos en que los pacientes tomen sus propias decisiones sobre sus propias vidas”.
La portavoz del Fiscal General de Montana, Emilee Cantrell, dijo que su oficina presentará toda su argumentación cuando los casos pasen a juicio en la Corte de Distrito de Helena.
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