La Corte Suprema se ha negado a admitir a trámite el recurso de un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes en relación con la paga que se les descontó por no seguir el mandato de la máscara COVID-19 en la Cámara de Representantes entre 2021 y 2o22.
La demanda —presentada por Reps. Ralph Norman (R-S.C.), Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) y Thomas Massie (R-Ky.)— fue rechazada por las cortes inferiores.
Al parecer, Greene tuvo que pagar más de USD 100,000 en multas por infringir la norma que obligaba a llevar mascarilla en la Cámara debido a la pandemia de COVID. Esa cantidad se dedujo de su salario de USD 174,000.
Por cada infracción se dedujeron 500 dólares de su sueldo de congresista. Los legisladores sostienen que las deducciones salariales violan la 27ª Enmienda, que prohíbe que los ajustes salariales del Congreso entren en vigor hasta después de «una elección intermedia».
En respuesta a la decisión de la Corte Suprema, Massie declaró a The Epoch Times que la cuestión va más allá del mandato de la mascarilla.
«Al permitir que el Congreso se ampare en la cláusula de discurso o debate, incluso para acciones explícitamente prohibidas por la Constitución, las cortes han hecho que la 27ª Enmienda sea inaplicable», dijo.
«Hay otras implicaciones de aceptar que el comportamiento del Congreso, incluso contraviniendo la Constitución, está fuera del alcance de las cortes», continuó Massie. «Por ejemplo, ¿tienen los congresistas alguna obligación de permitir a los electores participar en sus cuentas de redes sociales, o la 1ª enmienda tampoco es justificable en este contexto?».
Ni Greene ni la oficina de Norman respondieron a la petición de comentarios.
El abogado del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.) pidió a la Corte Suprema que mantuviera el fallo de la corte inferior.
«La norma era controvertida, y todos los miembros de la actual dirección de la Cámara votaron en contra», escribieron a la Corte Suprema. «Pero en este caso no se trata de si la norma era acertada o si se basaba en fundamentos científicos sólidos. Más bien, se trata de si las reclamaciones de los peticionarios están sujetas a revisión judicial».
Sin embargo, los abogados de los peticionarios escribieron: «Dejar que la opinión del Circuito DC se mantenga sería hacer que la Vigésimo Séptima Enmienda no sea justificable en violación de esta Corte y de los propios precedentes del Circuito DC y abrir las compuertas a una disciplina insondable».
Continuaron: «El Reglamento de la Cámara, en virtud de esta Doctrina, podría imponer castigos físicos, flagelación, o incluso formas más medievales de castigo, a los miembros y, en virtud del precedente del Circuito de DC, ningún recurso judicial estaría disponible, a pesar de la Octava Enmienda».
En marzo de 2022, un juez de distrito desestimó la demanda, y la corte de circuito la confirmó en junio de 2023.
«Los representantes demandaron al presidente de la Cámara, al Sargento de Armas y al Director Administrativo, alegando que la adopción y aplicación de la Resolución violaba la Primera Enmienda, la Vigésimo Séptima Enmienda, la Cláusula Disciplinaria, la Cláusula de Compensación y la Cláusula de Presentación», escribió la corte de apelaciones.
«La corte de distrito consideró que la demanda estaba prohibida por la Cláusula de Discurso o Debate y la desestimó por falta de jurisdicción en la materia».
Según la sentencia, el presidente de la Cámara está protegido frente a demandas que cuestionen su gestión.
Los jueces que supervisaron el caso en el tribunal de apelaciones fueron Neomi Rao, designada por Trump; J. Michelle Childs, designada por Biden; y David Tatel, designado por Clinton.
«Los Representantes impugnan la adopción y aplicación de la Resolución, que exigía llevar una máscara en el Salón de la Cámara», escribieron los jueces.
«No podemos considerar el fondo de los argumentos constitucionales de los Representantes porque su demanda se refiere a actos legislativos protegidos por la Cláusula de Discurso o Debate».
Esa cláusula otorga inmunidad frente a demandas que «se extiende a todos los actos legislativos, incluidos los asuntos dentro de la jurisdicción constitucional de la Cámara», dictaminaron los jueces.
«La Cámara adoptó la Resolución en virtud de su autoridad para ‘determinar las Reglas de sus Procedimientos’, y multó a los Representantes en virtud de su autoridad para ‘castigar a sus miembros por comportamiento desordenado'», dijeron los jueces, añadiendo más tarde que la resolución «y su aplicación están directamente dentro de la jurisdicción de la Cámara, y por lo tanto son actos legislativos».
Abogando por los representantes, entre otros abogados, estaba Christopher Wiest, que escribió en la petición a la Corte Suprema: «La negativa a llevar una máscara no dio lugar a una interrupción de los asuntos del Congreso». Argumentó: «La Inmunidad de Discurso o Debate no protege al Congreso de una manera que hace que las reclamaciones de pago no sean justificables».
«Una censura, una reprimenda, la publicación de un diario de la Cámara que condenara a los demandantes, o incluso, con dos tercios de los votos, una medida de expulsión de los demandantes, serían acciones que entrarían en el ámbito de la inmunidad de expresión o debate», escribió Wiest. «Pero aquí se trata de una reclamación salarial».
Wiest argumentó que la 27ª Enmienda establece claramente: «Ninguna Ley que varíe la compensación por los servicios de los Senadores y Representantes entrará en vigor hasta que haya intervenido una elección de Representantes».
«Uno de los principales objetivos de la Vigesimoséptima Enmienda es impedir la reducción de los salarios del Congreso sin una elección previa, porque los Fundadores reconocieron expresamente que la mayoría podría abusar de su poder para amenazar la integridad y la independencia de los diputados, disuadiendo así a las personas de medios modestos de servir en el Congreso», argumentó.
Aunque a menudo se considera erróneamente que la enmienda restringe únicamente el poder del Congreso para aumentar su sueldo, ese era solo uno de los propósitos, dijo.
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