El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó este lunes que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos no pueden solicitar el permiso de residencia permanente, conocido como «tarjeta verde» («green card»).
De manera unánime, la Corte Suprema falló que la concesión de este estatus de protección temporal no cuenta como admisión legal a los EE.UU.
El caso examinado por la Corte Suprema afecta a José Santos Sánchez, un salvadoreño que entró en Estados Unidos ilegalmente en 1997. Tanto él como su esposa están protegidos ahora de la deportación por el TPS, y tras más de dos décadas en el país aspiraban a convertirse en residentes permanentes.
Unas 400,000 personas, en su mayoría de El Salvador, viven en EE.UU. amparadas por el programa TPS que les permite residir y trabajar legalmente en su país en tanto el Gobierno determine que no existen condiciones seguras para el retorno a sus países de origen.
En un fallo escrito por la jueza Elena Kagan, el Supremo dictaminó que los Sánchez «no fueron admitidos legalmente y su TPS no altera ese hecho, por lo cual no pueden convertirse en residentes permanentes en este país».
Kagan anotó que la Cámara de Representantes ha aprobado una legislación que permitiría que los recipientes de TPS pasen a ser residentes legales permanentes, pero la iniciativa encara un futuro incierto en el Senado.
El programa TPS cubre a ciudadanos de una docena de países en los cuales el Gobierno de EE.UU. determina que han ocurrido desastres naturales o existen condiciones de violencia que justifican el amparo por tiempo limitado de esas personas.
Actualmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha aprobado este programa para ciudadanos de Birmania, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.
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