La Corte Suprema denegó una medida cautelar contra Apple Inc. que podría haber permitido la distribución de aplicaciones para el iPhone fuera de la App Store, propiedad de la empresa.
Los fabricantes de aplicaciones demandaron a Apple, alegando que la compañía había violado las leyes antimonopolio, pero la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito rechazó la demanda a finales del año pasado.
La decisión de la Corte Suprema se produjo después de que la autoridad antimonopolio de la Unión Europea multara a Apple con 1800 millones de euros (unos USD 1950 millones) el 4 de marzo por políticas comerciales desleales.
La Comisión Europea presentó cargos contra Apple en 2023 por bloquear el servicio de streaming Spotify, con sede en Suecia, y otros, sobre que los usuarios pudieran conocer las diversas opciones de pago disponibles fuera de la App Store de Apple. La Comisión ordenó a Apple que pusiera fin a esta conducta. Apple dijo que planeaba recurrir la decisión ante la Corte General con sede en Luxemburgo, un proceso que podría llevar años.
La solicitud de medida cautelar, en el caso Coronavirus Reporter vs. Apple Inc., fue denegada el 18 de marzo mediante una resolución sin firma. Ningún magistrado disintió de la denegación. La Corte Suprema no motivó su decisión. Los codemandantes eran Coronavirus Reporter, Calid Inc. y Primary Productions LLC.
La solicitud de medida cautelar se presentó el 6 de febrero ante el juez Clarence Thomas, quien la remitió al pleno. Los jueces la examinaron en su conferencia judicial privada del 21 de febrero.
La demanda previamente se presentó ante la jueza Elena Kagan, el 15 de enero. La jueza la denegó el 5 de febrero sin explicar los motivos.
Los codemandantes desarrollaron aplicaciones que querían que se distribuyeran a través de la App Store de Apple, que permite a los usuarios de iPhone descargar diversas aplicaciones. Bitcoin Lottery y Coronavirus Reporter no fueron aprobadas para la App Store.
La aplicación Coronavirus Reporter debía recopilar «datos bioinformáticos» de los usuarios sobre los síntomas de COVID-19 que la aplicación compartiría con «otros usuarios e investigadores epidemiológicos [no identificados]», según el Noveno Circuito.
El equipo que participó en la aplicación incluía supuestamente al Dr. Robert Roberts, excardiólogo de la NASA. Apple rechazó la aplicación de acuerdo con su política, que exige que cualquier aplicación relacionada con COVID-19 sea presentada por una entidad sanitaria reconocida, como una organización gubernamental o una institución médica.
Apple rechazó Bitcoin Lottery, una app de blockchain, en virtud de su política de «bloqueo general [de] apps de blockchain». Una blockchain es un libro de transacciones, incluidas las realizadas con criptomonedas, que existe en ordenadores conectados entre sí a través de una red peer-to-peer.
Los codemandantes demandaron a Apple por violación de las leyes antimonopolio en virtud de la Ley Sherman federal, incumplimiento de contrato, crimen organizado y fraude, alegando que Apple operaba la App Store como un monopolio mediante la selección y censura de aplicaciones. Alegaban que querían reivindicar el derecho de los usuarios de iPhone a «disfrutar de un uso sin restricciones de sus teléfonos inteligentes» para ejecutar «aplicaciones innovadoras, escritas por terceros desarrolladores».
Una corte federal de distrito de California desestimó la demanda y posteriormente denegó las peticiones de reconsideración y de una medida cautelar contra Apple.
En la apelación, el Noveno Circuito confirmó la decisión de la corte de distrito y desestimó la demanda antimonopolio, al considerar en noviembre de 2023 que los codemandantes no cumplían una prueba básica de la legislación antimonopolio.
Los codemandantes no demostraron que Apple poseyera «una cuota de mercado en un mercado relevante suficiente para constituir un poder de monopolio, y no demostraron que existieran barreras de entrada a ese mercado, como se requiere para una reclamación de la Sección 2» en virtud de la Ley Sherman. Los codemandantes tampoco demostraron que Apple «adoptara una conducta anticompetitiva en ese mercado suficiente para dañar el proceso competitivo en su conjunto».
La demanda por incumplimiento de contrato no prosperó porque los codemandantes no «identificaron las disposiciones específicas pertinentes del Acuerdo de Desarrollador» ni demostraron que Apple «incumpliera una disposición específica», sostuvo la corte de circuito.
Según la corte, el acuerdo otorga a Apple «discreción exclusiva» para aceptar o rechazar aplicaciones para la App Store.
El Noveno Circuito también desestimó la alegación de los codemandantes de que Apple había cometido fraude y violado la Ley federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Su demanda convertía a Apple «como una corporación, tanto la empresa como el demandado en relación a RICO, lo que no está permitido en una demanda RICO», según a corte.
La demanda por fraude consistía en alegaciones «vagas y concluyentes» y carentes de la «particularidad» legalmente exigida por las normas federales de procedimiento civil.
En el recurso de urgencia presentado ante la Corte Suprema, los codemandantes alegaron que el inmenso poder de mercado de Apple era perjudicial para los consumidores.
Apple es «un imperio multinacional que controla casi el 80% del software de Internet, [y] es el mayor monopolio de la historia», afirmaron los codemandantes.
«Cada transacción, deslizamiento y descarga dentro del ecosistema de Apple refuerza su control monopolístico, a menudo en detrimento de la competencia y la autonomía de los consumidores», afirmaron los codemandantes.
«El control de la empresa se extiende mucho más allá de la venta de dispositivos, hasta el tejido mismo de la existencia mediada digitalmente. El jardín amurallado de la App Store no solo ahoga la diversidad tecnológica, sino que también limita la capacidad del consumidor para buscar alternativas. Esta estrategia monopolística ha transformado esencialmente a Apple de fabricante de hardware a guardián de la vida digital, moldeando comportamientos y hábitos con profundas implicaciones sociales».
El abogado de Coronavirus Reporter, Keith Mathews, de AWP Legal en Manchester, New Hampshire, dijo que la denegación de la medida cautelar por parte de la Corte Suprema no pondría fin a los esfuerzos por frenar a Apple.
«Nos entusiasma que Apple se enfrente a la justicia en este importante asunto», dijo el abogado a The Epoch Times por correo electrónico.
«La medida cautelar habría resuelto la cuestión de plano, y teníamos la esperanza de que la Corte actuaría, pero estamos comprometidos con la lucha continua contra las evidentes violaciones de la Ley Sherman por parte de Apple».
The Epoch Times se puso en contacto con la abogada de Apple Rachel S. Brass, de Gibson Dunn en San Francisco, para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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