El Tribunal Supremo rechazó una solicitud de suspender la aplicación de la norma de «carga pública» hasta que la pandemia del virus del PCCh haya terminado.
El viernes, la Corte Suprema negó una petición (pdf) de tres estados —Nueva York, Connecticut y Vermont— y de la ciudad de Nueva York para levantar o modificar temporalmente una orden previa que permitiera que la norma de carga pública entrara en vigor en todo el país.
El tribunal no proporcionó un razonamiento sobre la denegación, pero dejó abierta la posibilidad de que los fiscales generales busquen una solución en los tribunales inferiores.
Los tres estados y la ciudad de Nueva York presentaron una petición a principios de este mes instando a la corte superior a detener la implementación de la nueva norma porque afirman que desalienta a los inmigrantes y a sus familias a acceder a la atención médica y a los beneficios públicos necesarios para prevenir la propagación del COVID-19, la enfermedad que causa el virus, o para mitigar el impacto económico causado por la pandemia.
El Procurador General Noel Francisco, actuando en nombre de la administración Trump, se opuso a la petición, argumentando que el gobierno federal ha considerado los argumentos de los estados pero concluyó que «una suspensión total de la norma, tal y como se pretendía antes de la crisis de COVID-19 (…) no se justifica».
«El público tiene interés tanto en abordar la crisis del COVID-19 como en hacer cumplir la política de inmigración legal, y el Poder Ejecutivo es el encargado de determinar la mejor manera de hacer ambas cosas», escribió Francisco en su informe (pdf).
«En lugar de realizar una suspensión total, la rama ejecutiva optó por tomar medidas más específicas para asegurar que la norma se administre de manera adecuada a la luz de las condiciones actuales».
A inicios de año, la Corte Suprema levantó las órdenes judiciales nacionales emitidas por un Tribunal de Distrito de Nueva York y confirmadas por el 2º Circuito que bloqueaban la entrada en vigor de la norma. La Corte Suprema levantó un mandato similar que impidió que la regla entrara en vigor en Illinois en febrero. El efecto de las dos decisiones permite a la administración de Trump hacer cumplir la norma a nivel nacional mientras las apelaciones se llevan a cabo en los tribunales.
En una declaración del viernes, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, dijo que continuará la lucha para suspender la aplicación de la norma de carga pública en medio de la pandemia.
«La orden de la Corte Suprema de esta noche nos permite continuar la lucha para detener la Norma de Carga Pública durante la actual crisis de salud pública, y nos da la oportunidad de presentar nuestro caso en un tribunal federal de Nueva York», dijo James.
«Pronto vamos a presentar una petición de emergencia en el Distrito Sur de Nueva York porque nuestro país no se puede dar el lujo de esperar. La Norma de Carga Pública amenaza la salud pública, nuestra economía y a todos los neoyorquinos, ciudadanos y no ciudadanos por igual. Cualquier persona que no tenga la cobertura médica que necesita hoy, corre el riesgo de infectar a otra persona con el coronavirus mañana».
La norma de carga pública que entró en vigor en febrero hace que los inmigrantes sean inadmisibles en Estados Unidos o potencialmente inelegibles para la residencia permanente o la renovación de un visado si es probable que se conviertan en una carga pública en cualquier momento del futuro.
La nueva norma, publicada en agosto del año pasado, aclara los criterios que se tendrán en cuenta para determinar si alguien es susceptible de convertirse en una carga pública en el futuro. Por «carga pública» se entiende una persona que probablemente pase a depender principalmente del gobierno para su subsistencia, al recibir asistencia como cupones de alimentos o Medicaid.
Se considerará a una persona como carga pública si recibe por lo menos una prestación del gobierno durante más de 12 meses en total en un período de tres años.
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