La Corte Suprema se negó el 20 de mayo a admitir la apelación de un exdetenido canadiense de Guantánamo que pretendía anular sus condenas por el asesinato en 2002 de un soldado estadounidense en Afganistán y por varios delitos que cometió cuando tenía 15 años.
Omar Ahmed Khadr, nacido en Toronto y que ahora tiene 37 años, apelaba una sentencia de mayo de 2023 de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, que no quiso oír su caso porque previamente ya había aceptado renunciar a su derecho a la revisión en apelación cuando llegó a un acuerdo de culpabilidad en 2010, ante una comisión militar estadounidense.
El hombre, nacido en Toronto, fue detenido en Afganistán en 2002 en relación con la muerte del sargento Christopher Speer, soldado estadounidense, durante un tiroteo. El Sr. Khadr lanzó una granada de mano que mató al sargento Speer. El padre del Sr. Khadr, un alto operativo del grupo terrorista al-Qaeda, había llevado al Sr. Khadr a Afganistán y lo había colocado con fabricantes de bombas. La célula terrorista disparó contra las tropas estadounidenses cuando llegaron a su recinto. El Sr. Khadr recibió dos disparos de las tropas estadounidenses y resultó gravemente herido.
Estuvo detenido en la prisión militar estadounidense de la base naval de Guantánamo, Cuba, durante una década. Allí se declaró culpable y fue condenado. Sin embargo, más tarde el Sr. Khadr intentó retractarse alegando que se había declarado culpable bajo coacción.
En 2007 fue acusado de cinco delitos en virtud de una ley de 2006 conocida como Ley de Comisiones Militares.
Ley de Comisiones Militares. Esta ley se creó para apoyar la Guerra Mundial contra el Terrorismo declarada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Entre los delitos de los que se acusaba al Sr. Khadr figuraban asesinato en violación del derecho de la guerra, intento de asesinato en violación del derecho de la guerra y prestación de apoyo material al terrorismo. Se declaró culpable cuando tenía 24 años.
En 2012, el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó en un caso diferente que los acusados no podían ser acusados en virtud de la Ley de Comisiones Militares por delitos que tuvieron lugar antes de la promulgación de la ley.
Acuerdo de culpabilidad
El acuerdo de culpabilidad dio lugar a una condena de ocho años y a su traslado a una prisión canadiense. Él terminó por cumplir su condena en 2019. Al mismo tiempo, siguió solicitando la anulación de sus condenas.
A pesar de haber firmado la renuncia a la apelación, el Sr. Khadr recurrió ante el Circuito del Distrito de Columbia. Argumentó que sus condenas, basadas en hechos que había cometido en 2002, antes de que se promulgara la ley, contravenían la cláusula expost facto de la Constitución de EE. UU., que prohíbe la penalización retroactiva de conductas que eran lícitas en el momento de cometerse.
La Corte de Circuito sostuvo que la apelación no podía proceder porque el Sr. Khadr había acordado previamente renunciar a las apelaciones.
La Corte Suprema denegó la petición de certiorari, o revisión, en el caso Khadr vs. Estados Unidos, en una orden sin firma.
Ningún juez disintió. La Corte no explicó su decisión. Según la práctica actual, al menos cuatro de los jueces deben votar a favor de la petición para que ésta pase a la fase de alegatos orales.
Al parecer, solo siete de los nueve jueces participaron en el examen y la decisión del caso. Los jueces Brett Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson se recusaron.
En la petición, el Sr. Khadr alegó que, dado que ninguno de los delitos de los que se le acusaba «constituía un crimen de guerra» antes de la entrada en vigor de la Ley de Comisiones Militares, la acusación violaba las disposiciones expost facto de la Constitución.
«Una declaración de culpabilidad válida requiere algo más que un acuerdo. Requiere un delito. Los acuerdos de culpabilidad basados en conductas no delictivas no pueden servir de base adecuada para condenar o sentenciar a las personas», afirma la petición.
Las cortes federales de apelación no se ponen de acuerdo sobre si una renuncia a apelar impide «a los acusados criminales interponer recursos directos para afirmar que no hay base legal para su condena», dice la petición.
«La división existente entre los circuitos sobre la cuestión que aquí se presenta garantiza la aplicación discriminatoria de las decisiones de esta Corte de un tribunal a otro».
Argumentos oficiales contra el Sr. Khadr
El 10 de abril, la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, presentó un escrito en el que instaba a la Corte Suprema a no admitir la apelación.
El Sr. Khadr admitió que voluntariamente «eligió conspirar y ponerse de acuerdo con varios miembros de al-Qaeda para entrenar y, en última instancia, llevar a cabo operaciones para matar a fuerzas de Estados Unidos y de la coalición», decía el escrito de la Sra. Prelogar.
En julio de 2002, el Sr. Khadr se unió a una célula en Afganistán formada por terroristas afiliados a al-Qaeda y al Grupo Islámico Combatiente Libio. Participó en la construcción y el despliegue por parte de la célula de artefactos explosivos improvisados, conocidos como IED, para matar a fuerzas estadounidenses y de la coalición. Reconoció que el objetivo era matar «a tantos [estadounidenses] como fuera posible».
Una de sus responsabilidades en la célula era espiar a las fuerzas estadounidenses para determinar cuál era el mejor lugar para colocar los artefactos explosivos improvisados con el fin de causar la máxima muerte y destrucción, según el sumario.
Tras el tiroteo de cuatro horas en un complejo entre los miembros de la célula y las fuerzas estadounidenses, los militares dieron al otro bando varias oportunidades para rendirse. Se permitió a mujeres y niños salir de las instalaciones y los militares los escoltaron hasta un lugar seguro.
Pero el Sr. Khadr y el resto de los miembros de la célula «pactaron que preferían morir luchando a ser capturados por las fuerzas estadounidenses», y tomaron una posición de combate dentro del complejo, tras lo cual el soldado estadounidense resultó muerto, según el informe.
Según la Sra. Prelogar, las cuestiones jurídicas son sencillas.
El Sr. Khadr firmó un acuerdo de culpabilidad en el que «renunciaba expresamente (…) a su derecho» a una revisión posterior por parte del Circuito del Distrito de Columbia y la Corte Suprema, y al día siguiente fue condenado a 40 años de reclusión.
«En la audiencia de sentencia, el juez militar revisó con [el Sr. Khadr] los términos de su renuncia a apelar y confirmó en un coloquio que la renuncia era tanto consciente como voluntaria», dice el escrito.
En consonancia con el acuerdo de culpabilidad, la autoridad convocante aprobó solo ocho de los 40 años de la sentencia dictada por la comisión militar.
La Corte Suprema no debería conceder la petición porque la decisión de la corte de circuito fue «correcta y no entra en conflicto con ninguna decisión de esta Corte o de otra corte de apelaciones», argumentó la Sra. Prelogar.
El caso es una forma inadecuada de revisión porque «el contexto de la comisión militar de este caso, que implica a un beligerante extranjero detenido fuera de Estados Unidos, es muy atípico», dijo procuradora general.
Además, la corte de circuito carece de jurisdicción estatutaria para conocer el caso, y el Sr. Khadr «esperó para solicitar la revisión hasta después de haber obtenido todos los beneficios de su acuerdo de culpabilidad y ahora se encuentra en Canadá más allá del poder de Estados Unidos para confinarlo por sus delitos», dice el escrito.
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