El 25 de noviembre, la Corte Suprema de EE. UU. se negó a aceptar la apelación de una mujer de Texas cuya casa fue dañada durante una redada SWAT.
La decisión llegó en forma de una orden sin firma en el caso Baker vs McKinney, Texas. La Corte no explicó el razonamiento en el que se basa la orden.
Los jueces Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch coincidieron en desestimar la petición, pero expresaron simpatía por el argumento del propietario de la casa de que no se debe permitir que los gobiernos «destruyan la propiedad privada sin pagar una compensación justa».
El caso se remonta al año 2020, cuando la casa de Vicki Baker fue allanada por la policía cuando perseguía a Wesley Little, un fugitivo que había secuestrado a una niña de 15 años. Little evitó a la policía durante una persecución a alta velocidad y llegó a casa de Baker con su rehén. Baker estaba preparando la casa para venderla, según un resumen del caso que figura en la orden.
La policía encontró a Little y éste acabó liberando a la niña, quien le dijo a la policía que Little estaba armado, escondido en el ático e intoxicado con metanfetamina. Se produjo un tiroteo con Little y la policía disparó granadas de gas lacrimógeno contra la casa. Little no se rindió, por lo que la policía utilizó explosivos para derribar la puerta principal y la del garaje y empleó un vehículo tipo tanque para derribar la valla del patio trasero. Al entrar, la policía descubrió que Little se había suicidado.
Baker presentó una demanda y un tribunal federal de distrito dictaminó en 2022 que los daños ascendían a unos 50,000 dólares. Su perro también quedó permanentemente ciego y sordo.
La compañía de seguros de Baker se negó a cubrir los daños, y la ciudad denegó su solicitud de indemnización. La corte de distrito determinó que los daños causados por la ciudad se consideraban una expropiación en virtud de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y un jurado le concedió casi 60,000 dólares en concepto de daños y perjuicios.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito revocó ese fallo en octubre de 2023.
La corte de circuito rechazó la alegación de la ciudad de que «la Cláusula de Expropiación Forzosa nunca exige una indemnización cuando un organismo gubernamental destruye una propiedad en virtud de su poder policial». Sin embargo, el tribunal sostuvo que la cláusula de expropiación no exige indemnización por daños a la propiedad cuando era «objetivamente necesario» que los agentes causaran los daños en una situación de emergencia para evitar un «daño inminente» a las personas, según el resumen.
Baker estaba representada por el Instituto de Justicia (IJ), un bufete de abogados de interés público.
A principios de este año, el abogado principal del IJ, Jeffrey Redfern, comentó el caso.
«Sacar a los delincuentes peligrosos de las calles es una función legítima del gobierno, pero cuando la policía destruye la propiedad de personas inocentes en el proceso, el gobierno debe pagar una indemnización justa», dijo en un comunicado.
«La Corte Suprema tiene la oportunidad de dejar claro que la Cláusula de Expropiación de la 5.° Enmienda se aplica a los poderes policiales, al igual que a cualquier otra acción gubernamental que destruya la propiedad de personas inocentes».
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