El 7 de octubre, la Corte Suprema rechazó una impugnación republicana de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que aumentaba la participación del gobierno en el proceso de registro y movilización de votantes.
Los jueces denegaron la petición en el caso Keefer contra Biden sin hacer comentarios. Ningún juez disintió.
Las elecciones presidenciales y al Congreso están previstas para el 5 de noviembre.
Los legisladores del estado de Pensilvania presentaron previamente una petición para apelar un fallo desfavorable de un tribunal federal de distrito que está pendiente ante la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Tercer Circuito.
La orden de Biden pide a todas las agencias federales, incluido el sistema penitenciario, que ayuden a aumentar el registro y la participación de los votantes y promuevan el voto por correo.
Los críticos republicanos dicen que es probable que los demócratas se beneficien más de lo que lo hará el Partido Republicano. La peticionaria principal es la representante estatal de Pensilvania Dawn Keefer, republicana.
En este caso, 27 legisladores estatales republicanos de Pensilvania impugnan la Orden Ejecutiva 14019 de Biden del 7 de marzo de 2021, que exige a todas las agencias federales que ayuden a aumentar el registro y la participación de los votantes.
Todas las agencias federales debían presentar un plan de registro y participación de votantes a Susan Rice, asesora de política interior del presidente.
Los legisladores del Estado Keystone argumentaban que la orden era inconstitucional y que las campañas de inscripción de votantes no son una función legítima del gobierno. También impugnan una orden ejecutiva emitida por el exgobernador de Pensilvania, el demócrata Tom Wolf, relativa al registro de votantes.
Los legisladores argumentaron en su demanda que las acciones ejecutivas violaban sus derechos en virtud de la Constitución de EE. UU. al usurpar su poder de prescribir el tiempo, lugar y forma de celebración de las elecciones.
La juez Jennifer Wilson, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Pensilvania, desestimó la demanda el 26 de marzo.
«Los legisladores no estaban legitimados para impugnar una acción que supuestamente perjudicaba a la asamblea legislativa en su conjunto», escribió la juez. Solo alegaron un perjuicio institucional derivado de ‘una pérdida general de poder legislativo'».
«Una alegación vaga y generalizada de que las elecciones, en general, se verán socavadas, no es el tipo de caso o controversia sobre el que esta corte pueda pronunciarse en virtud del Artículo III [de la Constitución de EE. UU.]».
Los legisladores dijeron a la Corte Suprema que querían una consideración acelerada de la cuestión de la legitimación, por lo que si prevalecen, «pueden obtener una orden judicial preliminar en la corte de distrito mucho antes de las elecciones de noviembre de 2024».
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