NUEVA YORK— La Corte Suprema del estado de Nueva York ha denegado la solicitud del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de una medida cautelar contra el traslado en autobús de inmigrantes ilegales de Texas a la ciudad.
Adams, que se enfrenta a los desafíos del contralor de la ciudad de Nueva York Brad Lander y otros en su intento de reelección el próximo año, presentó una demanda contra 17 empresas de autobuses chárter en enero.
Su objetivo era impedir que las empresas transportaran en autobús a inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, desde comunidades de Texas a Nueva York. El alcalde citó la Ley 149 de Servicios Sociales, que estipula que cualquier persona «que a sabiendas traiga o haga traer a este estado a una persona necesitada de fuera del estado con el propósito de convertirla en una carga pública» tiene la obligación de «trasladar a dicha persona fuera del estado o mantenerla a sus expensas».
Pero en su sentencia de nueve páginas del 29 de julio, la juez Mary V. Rosado consideró que la demanda era «inconstitucional».
La juez consideró que el asunto era similar a un caso del Tribunal Supremo de 1941, Edwards contra California, en el que el Tribunal Supremo determinó que una ley «esencialmente idéntica» de California era inconstitucional por violar la Cláusula de Comercio Interestatal.
Citó la sentencia, diciendo: «El Tribunal considera que no puede conceder la (…) solicitud de medidas cautelares, ya que los méritos de [la] reclamación son dudosos en el mejor de los casos, dada la miríada de preocupaciones constitucionales».
La sentencia del Tribunal Supremo del Estado supone un revés para la administración de Adams, cuyos movimientos legales habían conseguido que una compañía de autobuses, Roadrunner Charters Inc. llegara a un acuerdo para suspender el transporte de inmigrantes en autobús a la ciudad hasta que el tribunal tomara una decisión.
Ahora, Roadrunner Charters y otros servicios de autobuses pueden seguir transportando inmigrantes a Nueva York.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió rápidamente a la sentencia en X, antes Twitter, escribiendo: «¡Otro TRIUNFO! (…) Hasta que la Administración Biden-Harris asegure la frontera, Texas seguirá enviando migrantes a ciudades santuario».
La postura de Adams era que dejar caer a miles de personas en Nueva York sobrecargaba los servicios sociales y la cantidad de espacio disponible para refugios más allá del límite, con un coste de más de USD 700 millones. Con un espíritu similar al de la demanda sobre el transporte en autobús, el alcalde ha intentado imponer un límite de 60 días en el espacio de acogida para los solicitantes de asilo en la ciudad.
Sólo en los dos últimos años han llegado a la ciudad 205,000 inmigrantes, lo que ha puesto a prueba los servicios sociales existentes y ha llevado al gobierno de Adams a crear más de 200 centros de acogida de emergencia.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), que presentó un escrito en calidad de amicus curiae en el caso, argumentó que las personas tienen derecho a venir a Nueva York independientemente de su situación migratoria o de si son autosuficientes y que la orden judicial que solicitaba el alcalde Adams era inconstitucional.
«El tribunal ha rechazado con razón el cruel intento de la ciudad de limitar a los inmigrantes recién llegados la posibilidad de viajar a la ciudad de Nueva York y establecer su hogar en ella. Todo el mundo, sea o no ciudadano y con independencia de sus recursos, tiene derecho a viajar y residir en cualquier lugar de Estados Unidos, incluidos Texas y Nueva York», afirmó en un comunicado Beth Haroules, abogada de la NYCLU.
«Los neoyorquinos se merecen algo mejor que la xenofobia y la discriminación disfrazadas de política», continuó, añadiendo que la NYCLU espera que el tribunal desestime completamente el caso del alcalde.
Desafío
La postura del alcalde sobre la inmigración le ha enfrentado no sólo a la NYCLU, sino también a otras figuras del gobierno municipal, incluido Lander.
En los últimos meses, el rival del alcalde en las próximas elecciones primarias se ha esforzado por dar a conocer lo que el interventor considera políticas excesivamente duras hacia los inmigrantes.
El 9 de mayo, Lander dio a conocer los resultados de una investigación sobre el límite de 60 días de acogida impuesto por el alcalde a las familias solicitantes de asilo. La oficina del interventor criticó la aplicación «irregular» de este límite.
La investigación reveló que, hasta el 28 de abril, la administración Adams había emitido avisos de 60 días a un total de 10,229 familias con niños. En total, afectaba a 19,497 adultos y 18,149 niños.
La investigación descubrió que la ciudad no proporcionó directrices claras y coherentes ni avisos por escrito a las personas afectadas. En teoría, las familias con recién nacidos y las mujeres embarazadas en su último trimestre antes de dar a luz estaban exentas del límite, pero la oficina del interventor denunció que el personal y los contratistas nunca recibieron instrucciones por escrito en este sentido.
Además, según la investigación, el ayuntamiento «discriminaba específicamente» a las familias con hijos en edad escolar primaria a la hora de alojarlos. Añadió que, según la investigación, la ciudad sometió a 37,000 personas a exámenes repetitivos para buscar alternativas a los refugios.
Pero Adams, cuya administración ha luchado para encontrar alojamiento para la afluencia masiva, ha dicho que la ciudad se enfrenta a una grave crisis.
Durante una reunión al estilo de un ayuntamiento en Manhattan en septiembre de 2023, el alcalde describió una crisis que superaba todo lo que había visto en su carrera en el servicio público.
«Déjenme decirles algo, neoyorquinos, nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final: no le veo un final a esto», dijo el alcalde.
«Este asunto destruirá la ciudad de Nueva York», añadió.
Ni la oficina del alcalde ni la NYCLU respondieron al cierre de esta edición a una solicitud de comentarios.
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