Corte Suprema ordena a subsidiaria de CITGO cubrir los costos del derrame de petróleo

Por MATTHEW VADUM
31 de marzo de 2020 10:38 AM Actualizado: 31 de marzo de 2020 10:39 AM

Una empresa de refinería tendrá que cubrir los gastos de limpieza por un derrame de petróleo en el río Delaware en 2004, incurrido por un buque  subarrendado, dictaminó el Tribunal Supremo el 30 de marzo.

El fallo en el caso citado como CITGO Asphalt Refining Co. (CARCO) contra Frescati Shipping Co. Ltd., establece la responsabilidad por los derrames y otros accidentes marítimos en el futuro, definiendo un desacuerdo sobre el contrato tipo boilerplate.

Se suponía que CARCO debía garantizar una recepción segura de un buque cisterna que había fletado para entregar petróleo crudo transportado desde Venezuela a la refinería de la compañía cerca de Filadelfia, determinó el tribunal. Debido a que CARCO no hizo lo que se le exigía, debe cubrir los gastos de limpieza del Frescati Shipping Co., el propietario del buque que chocó contra un obstáculo cerca de la refinería y arrojó el crudo al río.

La jueza Sonia Sotomayor escribió su argumento para el tribunal con votación mayoritaria de 7-2, y el juez Clarence Thomas escribió un argumento disidente, al que se unió el juez Samuel Alito.

CARCO subarrendó el petrolero del operador Star Tankers, quien a su vez arrendó el buque al demandado Frescati Shipping Co., según un resumen proporcionado por el tribunal. Se firmó un contrato de un formulario estándar de la industria que utiliza el lenguaje de una plantilla que se dio a conocer como el formulario ASBATANKVOY, denominado así después que lo publicó Association of Ship Brokers and Agents (USA) Inc., la asociación comercial encargada.

En la última etapa del viaje del petrolero desde Venezuela a Nueva Jersey, un ancla abandonada por otro buque perforó el casco de 748 pies de largo del petrolero Athos I, lo que causó que 264,000 galones de crudo pesado se derramaran en el río Delaware.

La Ley Federal de Contaminación por Hidrocarburos exigió que el propietario del buque, Frescati, cubriera en primer lugar los gastos de limpieza. La ley limitó la responsabilidad de Frescati a 45 millones de dólares y el Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrame de Petróleo reembolsó a Frescati un extra de 88 millones de dólares por los costos de limpieza. El fondo es administrado por el gobierno federal, que es uno de los participantes en el litigio.

Frescati y Estados Unidos demandaron a CARCO para recuperar lo que gastaron en la limpieza. Ambos alegaron que CARCO era culpable porque la compañía había violado una «cláusula de seguridad» contractual en el acuerdo de subfacturación entre CARCO y Star Tankers. Esa cláusula obligaba a CARCO a elegir un atracadero «seguro» que permitiera al buque cisterna ir y venir «siempre a salvo a flote», lo que equivalía a una garantía sobre la seguridad del atracadero elegido.

«La cuestión que tenemos ante nosotros es si la cláusula de un atracadero seguro es una garantía de seguridad, imponiendo la responsabilidad de un atracadero inseguro independientemente de la diligencia del CARCO en la selección del atracadero», escribió Sotomayor. «Sostenemos que lo es».

Los litigantes estaban en desacuerdo sobre una parte del contrato que exigía a la CARCO «designar y procurar» un lugar seguro para atracar el barco. El desacuerdo se centró en si esa redacción constituía una garantía de seguridad o era simplemente una promesa de diligencia debida. Los abogados de la CARCO habían dicho durante los argumentos orales del pasado noviembre que «cualquier norma que exponga a un acusado a una responsabilidad ilimitada» interferiría con el comercio marítimo.

El Tribunal de Apelación del 3er. Circuito falló a favor de Frescati, encontrando que el lenguaje debía ser visto como una garantía de seguridad.

«Dado el lenguaje no calificado de la cláusula de seguridad, es igualmente claro que este deber de reconocimiento es absoluto», escribió Sotomayor, coincidiendo con el 3er Circuito.

Thomas escribió en su desacuerdo que la interpretación de la mayoría de la corte sobre el lenguaje contractual en disputa es «errónea» y «encuentra que no hay bases en el texto simple del contrato».

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